En la madrugada del domingo, la Asamblea Legislativa de El Salvador acató la solicitud del presidente Nayib Bukele y puso en marcha el régimen de excepción en el pequeño país centroamericano. La figura del régimen de excepción está reservada a situaciones que ponen en peligro la integridad de la nación, como lo son guerras, sublevaciones o desastres naturales.
En efecto, el régimen o estado de excepción implica la suspensión de varios derechos contemplados en la constitución. Se remonta a tiempos romanos con la figura del dictator que, en aquella época, era una oficina temporal con poder absoluto a la que un magistrado romano llegaba sólo en tiempos de crisis militar.
Asamblea Legislativa de El Salvador decreta régimen de excepción
Nicaragua no vive ninguna de tales crisis, sin embargo, desde hace al menos cuatro años se ha establecido sobre el país un régimen de excepción de facto, a como denunció la CIDH en junio de 2021. Basándose en la infundada narrativa del ‘golpe de Estado’, el gobierno de Daniel Ortega ha limitado las libertades de asociación, de expresión y en el caso de algunos ciudadanos, también la libertad de circulación.
Manifestaciones reguladas
Desde finales de 2018, la Ley 872 de la Policía Nacional ha servido como método represivo de cualquier manifestación pública. Dicha ley establece que toda movilización en cualquier parte del país sólo puede realizarse con el permiso correspondiente de las autoridades policiales.
La Ley viola los artículos 53 y 54 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. El primero reconoce «el derecho de reunión pacífica», aclarando que «el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo» y el segundo «reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley».
En un régimen de excepción, este derecho puede suspenderse por cuestiones de seguridad tanto del Estado como de la población civil, pero no se ha formalizado dicho régimen ni tampoco ha surgido una crisis que lo amerite.
La Policía ha denegado todas las solicitudes de manifestación de la oposición a la fecha y las manifestaciones que se han realizado en protesta sin el permiso fueron todas reprimidas.
Oswaldo Rivas / AFP.
Censura
El artículo 30 de la Constitución otorga a los nicaragüenses el derecho a «expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio». Una serie de leyes represivas violentan esta garantía constitucional y su máxima expresión han sido las confiscaciones en contra de los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias.
La Ley Especial de Ciberdelitos destaca porque castiga con dos a ocho años de cárcel a quienes el gobierno considere que propaguen «noticias falsas», difundan información confidencial y adquieren información no autorizada desde sitios web del gobierno. La Ley ya ha sido utilizada para castigar a críticos del gobierno e incluso personas sin acceso a internet han sido señaladas utilizando esta Ley.
Contra asociaciones
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros fue aprobada en octubre de 2020 por la Asamblea controlada por el sandinismo. La Ley obliga a organismos y personas naturales que reciben fondos del extranjero a registrarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación (Migob).
La Ley también impide que estos agentes realicen actividades que intervengan «en temas de política interna o externa». Las multas por faltar a esta Ley van desde los 300 dólares por faltas menores hasta medio millón de dólares por faltas graves, estas últimas también siendo motivo de suspensión temporal o permanente.
Ante esta Ley han sucumbido varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que se dedicaba a apoyar a los periodistas de Nicaragua. La Fundación prefirió cerrar antes que verse humillada por esta Ley, pero otras que creyeron poder convivir con la legislación han sido cerradas.
Gobernación ha decapitado por medio del Parlamento, más de 100 oenegés. AFP
Otro tipo de asociaciones han sido atacadas por el gobierno de Nicaragua. Los partidos políticos que no se alinearon con el sandinismo fueron aplacados por el gobierno, práctica represiva que inició con la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Conservador en 2008.
Más recientemente, en 2021, el partido Ciudadanos por la Libertad y nuevamente el Partido Conservador vieron sus personerías revocadas. Tanto en 2008 como en 2021, el Partido Liberal Constitucionalista abogó por las suspensiones de personería jurídica de ambos partidos.
A través de sus fuerzas policiales y con la complicidad del Ejército, Daniel Ortega ha implantado en Nicaragua todas las características del régimen de excepción sin declararlo oficialmente y sin situación de crisis existencial que lo justifique. Más bien, todo lo ha hecho al servicio de la centralización de su propio poder, dejando la legalidad a un lado.
No existen garantías constitucionales en Nicaragua y el país vive en el temor de un régimen que decide la excepción arbitrariamente, una dictadura sin horizonte legal o moral.
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