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Cómo Bukele parece reproducir las medidas autoritarias de Daniel Ortega. Esto debes saber.

Nayib Bukele ha hecho de la confrontación un eje fundamental de su gobierno. Entre los sectores a los que continuamente ataca están los periodistas.

Nayib Bukele. Archivos/NI

Más de 80 asesinatos en un fin de semana fue la excusa esgrimida por el presidente Nayib Bukele para imponer desde el 27 de marzo el «estado de excepción» en El Salvador. La medida que ha permitido arrestar a no menos de 6 mil supuestos pandilleros no ha estado exenta de polémica, tanto por el discurso belicoso y ofensivo del mandatario, como por ir acompañada por una serie de medidas legales que amenazan con coartar la libertad de prensa y los derechos constitucionales.

Pero hay que aclarar que esto no es más que un capítulo de toda una serie de acciones de Bukele calificadas de «autoritarias» tanto por opositores, organismos de derechos humanos, periodistas y organismos internacionales.

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«La democracia en El Salvador comenzó a venir a pique, hacia abajo, desde que entró en la Asamblea Legislativa rodeado de militares el 9 de febrero de 2020, cuando apenas tenía algunos meses en el poder. Desde ese momento comenzamos a ver que tenía una tendencia autoritaria y que no respetaba los poderes del Estado ni su independencia y que iba a utilizar la fuerza armada para sus propósitos», explica a Nicaragua Investiga, Ezequiel Barrera, editor y cofundador del medio de comunicación Gato Encerrado.

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Gran parte de los ataques verbales de Bukele van dirigidos a los periodistas y medios de comunicación independientes y no tiene reparo alguno en acusarlos de «mentirosos».

«No son más que panfletos financiados por personajes oscuros con agendas definidas. Declarados opositores del gobierno», aseguró en diciembre del 2020 en su cuenta de Twitter.

La mordaza

Con este tipo de comentarios los periodistas se sientan amenazados, ya que poco a poco se han ido traduciendo en acciones concretas en contra el ejercicio de su labor, como por ejemplo la reforma al Código Penal aprobada el martes 5 de abril, que permitiría sancionar a los medios de comunicación por difundir mensajes de las pandillas.

«Consideramos que hay peligro para la libertad de expresión y específicamente también peligro para los periodistas que le resultan a él críticos o incómodos», asegura el editor de Gato Encerrado.

«Pero ya pasó de los ataques verbales y en redes sociales a una persecución e incluso que podría ser penal con esta nueva reforma de el martes pasado en la Asamblea Legislativa cuando imponen hasta 15 años de prisión a quienes difundan contenidos o reportes relacionados a pandillas. Es decir, la situación de violencia que está ocurriendo en El Salvador quiere censurarla callando a los periodistas», explica Barrera.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) catalogó la reforma como una «mordaza».

Como en Nicaragua

En la región centroamericana medidas de ese tipo solo pueden encontrarse en la Nicaragua de Daniel Ortega, donde se lanzan ataques verbales se confisca a medios de comunicación, se encarcela periodistas o se los obliga a exiliarse o a callarse.

«Nosotros sí vemos con preocupación que cada vez El Salvador se acerca a la experiencia de Nicaragua, con algunas diferencias, claro, pero sí se acerca a la experiencia de Nicaragua, la persecución a medios, los allanamientos que se hicieron en Nicaragua a medios, la persecución a periodistas o gente que representa a medios también, vemos que (eso) se está casi que calcando en El Salvador», subraya.

Mientras en Nicaragua se abrió un juicio y se condenó a largas penas de cárcel a la Cristiana Chamorro, presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y a algunos de sus trabajadores, acusándolos de lavado de dinero, en El Salvador parece repetirse una historia similar. Barrera señala que al medio de comunicación El Faro se le abrió una auditoria y «los quieren acusar de lavado de dinero por recibir financiamiento de fundaciones internacionales».

En El Salvador el presidente Bukele también mantiene en «pausa» una Ley de Agentes Extranjeros «que no solo va a bloquear el financiamiento de fundaciones internacionales a organizaciones de sociedad civil sino que también afectaría el financiamiento con el que operan medios independientes».

En Nicaragua también se han aprobado desde el Parlamento leyes que censuran a los periodistas. Archivo NI

General Avilés tacha de «mercenarios de la información» a periodistas

Ezequiel Barrera admite que Bukele tienen un gran apoyo popular, lo cual se refleja en las encuestas. Explica que eso de debe en gran medida al discurso con el que le llega a la población. «Las masas están hartas dela vieja política del FMLN, de ARENA, de derechas e izquierdas porque a ambos partidos de derecha y de izquierda fue comprobada su corrupción, su pacto con pandillas, su forma tan descarada de robar el dinero público, la gente estaba harta de esa situación y Bukele se presentó como una especie de mesías», subraya.

A ello también hay que sumar la asistencia a algunos sectores, como por ejemplo con la entrega de «canastas solidarias» o el bono de 300 dólares entregados durante la pandemia. «Ese tipo de acciones, aunque son pequeñas y no logran resolver los problemas estructurales, hacen que las masas que lo escuchan y que lo siguen, se sientan bien».

Incómodo con la CIDH

El mandatario no parece dispuesto a ceder y eso lo ha dejado bien claro cuando ataca a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Queda claro de qué lado están. Los países deberíamos de evaluar retirarnos de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo», escribió el 27 de marzo del 2022 en Twitter, en respuesta a las críticas emitidas por el organismo regional tras la declaratoria de estado de excepción.

Bukele se muestra desafiante ante cualquiera que lo critique. “A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: Tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria’. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos ‘violando sus derechos’”, aseguró el 29 de marzo.

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