Diputados del Parlamento Europeo propusieron ampliar y endurecer los castigos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como sus aliados, a través de un seminario digital organizado por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) y su filial en Europa, en el que también participaron activistas nacionales.
Los diputados Javier Nart, Alicia Holm y Soraya Rodríguez ofrecieron diferentes perspectivas, todas encaminadas al mismo objetivo del Parlamento Europeo: «trabajar conjuntamente con la sociedad nicaragüense… un acompañamiento constante para aislar a esta dictadura», en palabras de Rodríguez.
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Rodríguez pertenece a la delegación del partido español Ciudadanos en el Parlamento Europeo, también es parte de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat) y de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
En el seminario, Rodríguez recomendó ampliar sanciones contra «todos los jueces, que se han convertido en un instrumento, en un brazo ejecutor de las medidas represivas del régimen de Ortega».
Por su parte, el diputado Nart del movimiento Renovar Europa, vicepresidente de la delegación para las relaciones con América Central y parte de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, aseguró que las sanciones también van en contra «de la magistratura repulsiva que es incapaz de impartir justicia y los empresarios que se benefician del régimen», estos últimos debiendo ser ‘purgados’ en su opinión.
Holm, diputada socialdemócrata en el Parlamento Europeo y colega de Nart en la delegación para las relaciones con América Central, resaltó la necesidad de la presión internacional. Holm pronostica que llegará a un punto en el que Ortega y Murillo «se van a sentir tan atrapados y van a tener que abrirse a negociar, hablar y buscar una vía de salida a esta crisis».
Activistas nacionales se pronuncian
En el seminario también participaron activistas nacionales y Ramón Muñoz Castro, director de la RIDH. Denunciaron las faltas al Estado de derecho en Nicaragua, así como violaciones a los derechos humanos de parte del gobierno de Nicaragua.
Haydeé Castillo, licenciada en ciencias sociales, denunció asedio y represión en el territorio nicaragüense a raíz del cuarto aniversario de las protestas de abril de 2018.
«El pueblo de Nicaragua no espera que se le resuelvan los problemas desde afuera, pues sigue luchando desde adentro y también desde el exilio», expresó Castillo, pidiendo a la comunidad internacional asumir su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos.
Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, lamentó las cancelaciones de más de 170 organizaciones por parte del régimen Ortega-Murillo. «El régimen ha puesto de flanco de ataque a las organizaciones de sociedad civil porque son las que han hecho la resistencia activa del pueblo de Nicaragua y la han acompañado» resaltó Ruiz.
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