Ante los cambios en las reglamentaciones jurídicas, la Asamblea Nacional de Nicaragua creará una comisión especial que evaluará a aquellos organismos que tienen alguna función con fines de lucro y que están inscritos en el Ministerio de Gobernación y de estar forma pasarlos al ente rector correspondiente, que sería el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific) o bien otra instancia que regule la materia a la que se dedica el organismo en cuestión.
Así lo anunciaron este miércoles durante la cancelación de las personerías jurídicas de 25 ONG, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado sandinista Gustavo Porras, y el segundo secretario de esa institución, el también diputado sandinista Wilfredo Navarro.
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«Se va a estructurar toda una comisión para revisar en qué forma se puede hacer el traslado de esas organizaciones que están registradas en el Ministerio de Gobernación pero que tienen aristas de fines de lucro y que necesariamente no se le puede cancelar in promptu (de improviso) su personería, porque los dejaríamos en un limbo jurídico. Ese trabajo se va a hacer y eso se dice para que se eviten todos esos rumores que se podrían crear en torno al trabajo que esta haciendo la Asamblea Nacional con las ONG, que es de organizar y obligar al cumplimiento de la ley a las organizaciones sin fines de lucro», explicó Navarro.
Desde el 2018 la Asamblea ha ilegalizado más de 160 organismos, incluyendo organismos defensores de derechos humanos, universidades privadas y otras asociaciones cuyos miembros han denunciado los abusos que comete el régimen sandinista contra la oposición.
Organismos con función mercantil
La creación de esta nueva comisión surge debido a que algunas de las ONG canceladas también tenían una función mercantil o comercial. El diputado Porras puso el ejemplo de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la cual solo pierde su personería jurídica como ONG.
«Se cancela la personería jurídica como ONG y continúan su vida jurídica con su acción que le corresponde, su acción mercantil, comercial, en base a la ley de organismos empresariales y la ley del MIFIC», aseguró.
Porras también puso como ejemplo que «hay decenas» de casos, y que algunas son microfinacieras o financieras que tienen actividad lucrativa y que no son organismos sin fines de lucro. «Son organismos diseñados para competir en el mercado financiero» por eso algunas están inscritas en Superintendencia de Bancos y en la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami).
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Las están protegiendo, afirma Navarro
El diputado Navarro señaló que antes lo que existía era una ley de personas jurídicas sin fines de lucro que remitía todo al manejo y rectoría del Ministerio de gobernación. Al respecto, puso como ejemplo a las federaciones deportivas que con los cambios y ajustes que se hicieron en la legislación, ahora le correspondería su regulación al Instituto de Deportes.
«Igualmente sucede con las cámaras empresariales, que tenían la necesidad ir al Ministerio de gobernación para obtener su personería jurídica, pero desde que nace una ley especial que traslada al MIFIC la conducción y la rectoría de estas cámaras empresariales y que la misma ley obligó a las mismas cámaras a irse a inscribir al MIFIC y cumplir con los requisitos y requerimientos que establece en la ley, desde ese momento que la cámara empresarial se registra en el MIFIC deja de tener la dependencia con el Ministerio de Gobernación y eso es lo que sucede con la Asociación de Ingenieros», insistió.
Navarro considera que a cancelarles su personería jurídica en Gobernación, les esta evitando a estas organizaciones empresariales que estén «en ilegalidad en el Ministerio de Gobernación». «Lo que estamos tratando es de proteger a esas organizaciones para que no caigan en la ilegalidad», dijo.
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