Recientemente el papa Francisco instó al régimen de Daniel Ortega a entablar un «diálogo» para encontrar una solución a la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua y la persecución en contra de la Iglesia católica.
«Sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica», dijo el Sumo Pontífice.
Las palabras del máximo líder de la Iglesia católica provocaron todo tipo de opiniones, muchas en rechazo a dialogar con el régimen sandinista, recordando expresiones como que «con el diablo no se dialoga» o bien recordando que Daniel Ortega se ha caracterizado históricamente por incumplir sus compromisos.
Papa Francisco insta a Ortega a un diálogo abierto y sincero
Al papa le recuerdan que muchos de los que estuvieron en el primer diálogo nacional en el 2018 y en el segundo diálogo nacional en el 2019, hoy están encarcelados.
Efectivamente, en mayo del 2018 hubo un primer diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, donde la Conferencia Episcopal fue garante y mediadora para que las conversaciones dieran resultados, sin embargo, el recrudecimiento de la represión ocasionó que ese encuentro resultara fallido.
A continuación se presenta la lista de esas personas que quisieron dialogar con Ortega sin pensar que años después estarían en una celda de máxima seguridad.
1. Medardo Mairena
Mairena fue coordinador el Movimiento Campesino y, en la primera sesión del diálogo nacional, (la única donde participó Daniel Ortega y Rosario Murillo), reprochó al gobierno de Nicaragua «no querer escuchar al pueblo”.
El 13 de julio del 2018 se registró la primera detención de Mairena cuando se disponía salir de Nicaragua por el aeropuerto de Managua. La Policía Nacional acusó al al líder campesino de «terrorismo» y por supuestamente ser el responsable directo de la masacre y asesinatos de cuatro policías y un maestro de primaria.
Fue puesto en libertad en julio del 2019, bajo la Ley de Amnistía.
El 07 de abril del 2021, mostró su interés por aspirar a la presidencia de Nicaragua en las votaciones de noviembre, pero fue detenido el 06 de julio de ese mismo año.
Mairena fue acusado de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización» y, actualmente cumple una condena de 13 años de cárcel.
El 25 de julio falleció su hermano Roberto Ezequiel Mairena producto de un accidente de tránsito en San Pedro del Lóvago en Chontales. Las autoridades de «El Chipote» no le permitieron asistir a la vela ni al entierro de su hermano.
2. Pedro Mena
Pedro Mena participó junto al Movimiento Campesino en las mesas del diálogo nacional entre el gobierno y los sectores opositores de Nicaragua.
Su primera detención se dio el 18 de julio del 2018 en medio de las manifestaciones en rechazo a la represión gubernamental de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 11 de julio del 2019 fue puesto en libertad bajo la “Ley de Amnistía”.
Se incorporó a la Coalición Nacional y su segundo arresto se registró en junio del 2021 bajo los delitos de la Ley 1055, conocida como Ley Soberanía.
Actualmente cumple condena de 10 años de cárcel en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como «El Chipote».
3. Lesther Alemán
El joven líder universitario y estudiante de Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA), encaró a Daniel Ortega y a Rosario Murillo en el primer día del diálogo nacional instalado en mayo del 2018. En transmisión en vivo a través de los medios oficiales e independientes, Alemán exigió la renuncia de todo el gabinete de gobierno de Nicaragua.
«Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida», dijo en su momento el líder estudiantil.
En medio de la redada policial contra opositores, Alemán tuvo que exiliarse en el 2018, pero en octubre del 2019 retornó a Nicaragua “en medio de la inseguridad”. Tras su retorno, se incorporó a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Alemán participó de las conversaciones entre la agrupación política a la que pertenecía y al extinto partido político Ciudadanos por la Libertad para que se concretara un candidato que corriera en las votaciones de noviembre del 2021.
Fue arrestado el pasado 06 de julio del 2021 y fue acusado de ser «cabecillas de tomas y destrucción» de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
El régimen sandinista fabricó, además, los delitos de «robo con intimidación, secuestros, lesiones graves, violaciones, extorsiones, destrucción y daños múltiples, durante el fallido intento de golpe de Estado». Actualmente cumple una condena de 13 años de prisión en las celas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocido como «El Chipote».
4. Max Jeréz
Junto a Lesther Alemán, Max Jeréz fue una de las figuras representativas del sector estudiantil en Nicaragua. En el 2018 participó en las manifestaciones antigubernamentales ante la inacción de las autoridades por el incendio en la reserva de Indio Maíz, en la Costa Caribe nicaragüense.
Tras la instalación de la mesa del diálogo nacional en el 2018, Jeréz fue uno de los representantes del sector estudiantil y una de las principales demandas fue el adelanto de las elecciones en Nicaragua como una forma de encontrar la salida a la crisis del país.
Jeréz participante en el primera mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición en el 2018 y, posteriormente formó parte del diálogo entre diferentes sectores y el régimen en el año 2019. En el 2021 fue uno de los negociadores entre Ciudadanos por la Libertad y Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para el uso de la casilla en las elecciones presidenciales de ese año.
Al igual que Alemán, Jerez fue acusado de terrorismo y enfrenta 13 años de cárcel. En septiembre del 2021, tras el fallecimiento de su mamá Heydi Meza, de 66 años de edad, el régimen sandinista le negó poder asistir a la vela y funerales de su progenitora.
5. Juan Sebastián Chamorro
El empresario Juan Sebastián Chamorro, miembro del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Durante su trayectoria fue director general de la Cuenta Reto del Milenio de Nicaragua; viceministro de Hacienda y Crédito Público; secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador del Sistema Nacional de Inversión Pública en el periodo del presidente Enrique Bolaños. Tras el estallido del 2018, fue representante en la mesa del diálogo por el sector empresarial.
En reiteradas ocasiones denunció la falta de voluntad política por parte del régimen nicaragüense para cumplir los puntos acordados en las mesas de negociaciones. Chamorro también participó en las reanudaciones del diálogo nacional en 2019.
Juan Sebastián Chamorro, fue director de la Alianza por la Justicia y la Democracia, cargo al que renunció posteriormente en el 2021. El 27 de febrero oficializó sus intenciones de aspirar a la presidencia de Nicaragua.
El 08 de junio del 2021 fue capturado en Managua bajo cargos de la Ley 1055 o la Ley de Soberanía.
El juez Quinto de Distrito Penal de Juicio en Managua, Félix Salmerón, lo condenó a 13 años de cárcel por el supuesto delito de «traición a la patria». Actualmente se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua.
6. José Adám Aguerri
Aguerri Chamorro fue presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), desde el 2010 hasta el 2020. Fue criticado en su momento tras la Alianza de Diálogo y Consenso que mantuvo con Daniel Ortega desde el segundo ascenso del sandinismo al poder en el 2007 hasta el estallido social de abril del 2018 donde la empresa privada toma un papel de crítica al régimen sandinista.
El 16 de mayo del 2018, Aguerri se incorporó en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y representó, junto a otros empresarios, a la empresa privada de Nicaragua en el diálogo nacional de mayo del 2018. En septiembre del 2019, aún siendo presidente del COSEP, sufrió un atentado por estructuras del FSLN cuando circulaba en León.
Envían a arresto domiciliario a José Adán Aguerri, expresidente del COSEP
Aguerri partició en feberero del 2019 en el segundo intento de negociación de los sectores con el régimen Ortega Murillo, impulsado por el gran capital de Nicaragua.
Aguerri fue detenido por la Policía Nacional el 08 de julio del 2021, en la arremetida del régimen sandinista en contra de los líderes opositores y fue acusado bajo la Ley 1055 por los supuestos delitos de «actos que atentan contra la independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos e incitan a la injerencia extranjera».
El 11 de octubre falleció su mamá Hilda Chamorro Hurtado, las autoridades de «El Chipote» no le perimitieron asistir a la vela y los funerales de su mamá.
El 24 de junio de ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado de Nicaragua para que pusiera en libertad a Aguerri, por el grave deterioro de su salud mientras permanecía en la cárcel. Fue el 18 de agosto que, el régimen de Daniel Ortega finalmente cambió de régimen carcelario a régimen domiciliar al empresario.
7. Michael Healy
El empresario del rubro agropecuario, expresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC), Michael Healy fue uno de los representantes del sector empresarial en las dos ocasiones (las negociaciones de mayo del 2018 y la mesa del diálogo en febrero del 2019) en las que el régimen sandinista se sentó a dialogar con la oposición en Nicaragua.
En la primera sesión del diálogo nacional, Healy dijo que «Solo hay un tranque y ese tranque está en El Carmen», refiriéndose a la casa de Daniel Ortega y Rosario Murillo ubicada en Managua.
En septiembre del 2021 fue elegido para ser presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), pero no culminó su periodo debido a su arresto en octubre de ese mismo año y fue investigado por el supuesto delito de «lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense» y de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación».
Fue condenado a 9 años de cárcel y se encuentra detenido en las celas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua. Se convirtió en el primer estadounidense condenado en Nicaragua.
Fue reemplazado de su cargo como presidente del COSEP, que, actualmente lo ocupa César Zamora quien ha sido señalado por tener un supuesto acercamiento con Daniel Ortega y Rosario Murillo.
8. Álvaro Vargas
Vargas fue presidente de la Asociación Ganaderas de Nicaragua y formó parte del diálogo nacional de mayo del 2018 como representante del sector empresarial ganadero. Se incorporó a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tras el estallido social de abril del 2018.
En varias ocasiones indicó que, desde el sector opositor se estaba trabajando para la pronta liberación de los presos políticos de Nicaragua.
«Hay un grupo de abogados que está trabajando de manera decidida para ayudarle a estos presos políticos donde fueron acusados ilegalmente, y fueron detenidos ilegalmente. Aquí tenemos a Medardo, tenemos a Irlanda, nosotros estamos trabajando por su liberación», dijo Vargas en julio del 2018.
Después de suspendidas dichas negociaciones, Vargas junto a varios opositores impulsaron nuevamente las negociaciones con el gobierno de Nicaragua en febrero del 2019, sin que estas dieran resultado alguno.
Fue elegido como vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), en septiembre del 2021. Pero en octubre de ese mismo año, fue detenido por la Policía Nacional bajo la Ley 1055 o Ley de Soberanía Nacional.
El Ministerio Público pidió 9 años de prisión contra el exvicepresidente del gremio empresarial por «menoscabo a la integridad nacional».
Actualmente cumple condena en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como «El Chipote».
9. José Antonio Pallais
José Pallais, fue Viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua durante el gobierno de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-997) y formó parte de la Asamblea Nacional como diputado durante el periodo 2007-2012.
En el 2018 se incorporó a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para participar de las rondas de diálogo con el gobierno en el 2018, mismas que no dieron resultados por la falta de voluntad política por el régimen Ortega Murillo.
En el 2019, impulsó junto al empresariado una nueva ronda de negocaciones que resultaron fallidas.
Posteriormente, renunció en el 2020 a esta agrupación por «dudas del grupo en firmar los Estatutos de la Coalición Nacional, que él ayudó a redactar».
En ese mismo año se incorporó a la Coalición Nacional y su arresto se concretó el 09 junio del 2021 a manos del comisionado de la Policía Nacional de León, Fidel Dominguez, señalado de ser uno de los brazos represores del régimen en la zona de occidente.
Pallais fue acusado por el supuesto delito de «traición a la patria», «incitar la intervención extranjera en los asuntos internos», «pedir intervenciones militares». Fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
El régimen carcelario fue cambiado por régimen domiciliar el 18 de febrero del 2022 debido al deterioro de su salud. Pallais cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgadas el pasado 27 de agosto del 2021.
10. Monseñor Rolando Álvarez
Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de la Diócesis de Matagalpa, se incorporó a las mesas de diálogo nacional como parte de la comisión de «observadores y garantes» de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
«La democratización del país, la institucionalidad, es decir, donde los poderes del Estado realmente sean independientes, conformados con personas honorables y notables que le garanticen al pueblo vivir y trabajar en paz y libertad dignamente», explicó Monseñor Álvarez, antes de que fueran instaladas las mesas de diálogo entre el gobierno y los sectores opositores.
¿Por qué el arresto del obispo Rolando Álvarez es clave para gobierno de Ortega?
Tras anunciarse que el diálogo nacional fue no dio resultados, los obispos de Nicaragua decidieron retirarse y no participar más como garantes y mediadores.
Álvarez, el obispo de Matagalpa fue una de las voces más críticas contra la represión del régimen Ortega Murillo en contra de la población nicaragüense.
El 02 de agosto del 2022, fue asediado en la curia episcopal, desde esa fecha no se le permitió asistir ni oficiar misas. Días después, la Policía Nacional emitió un comunicado de prensa donde anunciaban que sería investigado por intentar «organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales».
Audiencia de religiosos que acompañaban a monseñor Álvarez fue en secreto
El 19 de agosto de ese mismo año, un grupo de oficiales de la policía leal al régimen ingresó a la curia episcopal donde se encontraba monseñor Álvarez para concretar el arresto. El gobierno justificó la detención como «medidas de protección a la población, para que estos hechos no se vuelvan a repetir».
Monseñor Álvarez fue trasladado a Managua ese mismo día y se encuentra bajo el régimen de casa por cárcel.
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