Envían a arresto domiciliario a José Adán Aguerri, expresidente del COSEP

Aguerri fue detenido el 8 de junio del 2021, en medio de una ola de arresto del régimen contra aspirantes presidenciales, empresarios y activistas opositores.

El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, actualmente reo político del régimen sandinista, fue enviado a arresto domiciliar tras complicaciones de salud y pérdida de visión.

Según la oficialista Radio La Primerísima. la decisión del juzgado de cambiar la medida de arresto responde a la solicitud realizada por los abogados de Aguerri porque “sufre algunos problemas de salud que requieren un cuido cercano y permanente”.

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Aguerri fue detenido el 8 de junio del 2021, en medio de una ola de arresto del régimen contra aspirantes presidenciales, empresarios y activistas opositores.

Aguirre formó parte de las negociaciones entre la oposición y la administración Ortega-Murillo en el contexto de las manifestaciones de abril del 2018. Posteriormente, tras retirarse de la junta directiva del COSEP, se incorporó al bloque opositor de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Aguerri fue acusado de “realizar actos que atentan contra la independencia, soberanía y autodeterminación, incitar a injerencias extranjeras en los asuntos internos, solicitar intervenciones militares, organizar con financiamiento de potencias extranjeras para llevar a cabo actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y financieros de operaciones contra el país y sus instituciones, exigir, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación», según el comunicado emitido por el Ministerio Público.

El 11 de octubre del 2021, falleció Hilda Chamorro, mamá de Aguerri. En esa ocasión el régimen Ortega Murillo le negó permiso para que asistiera a los funerales.

En marzo del 2022, tras un juicio a puertas cerradas en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, fue condenado a 13 años de prisión.

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