Denuncian estrategia «perversa» del régimen de Ortega contra presos políticos

Los familiares de los presos políticos indicaron estar dispuestos a llevarles diariamente alimentos para que puedan recuperar su nivel de nutrición.

Los presos políticos se encuentran en «estado de desnutrición» como consecuencia de la reducción de alimentos que ha impuesto el régimen Ortega Murillo.

Los familiares de los presos mostraron su preocupación por «la reducción drástica de las raciones alimenticias después de la última visita», lo cual, aseguran, llega «a extremos incompatibles con la vida».

Además, demandaron «de manera urgente el incremento de las raciones, así como el mejoramiento del valor nutricional en la alimentación».

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En un comunicado de prensa proporcionado a los medios de comunicación, los familiares de los reos políticos mostraron «voluntad» de proporcionar los alimentos adecuados y demandaron «la entrega de paquetería semanalmente y que puedan manejar de manera autónoma en sus celdas, no como ahora que son administradas de manera discrecional y en pequeñas cantidades».

Cesar Dubois, esposo de la dirigente de UNAMOS y presa política Suyen Barahona, expresó que «están recibiendo arroz y frijoles, pero en proporciones tan pequeñas que si se pudieran contar los granitos de frijoles y de arroz lo pueden contar treinta granos de frijoles y un poquito de arroz”.

Ortega implementa una «política de tortura»

Para Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, la reducción de alimentos a los reos políticos es una «política de tortura» porque con esta acción del régimen, lo que buscan es provocar «daños a la persona».

«Aquí lo que están haciendo es controlar cuerpos, controlar la salud. Controlando lo que come, lo que no comen. Lo que se entrega, lo que no se entrega», indicó en conferencia de prensa.

Berta Valle, esposa del reo político Félix Maradiaga, coincidió con ello.

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«Definitivamente lo que estamos viendo son mecanismos de tortura (…) a nosotros también se nos está torturando con el hecho, por ejemplo, de que a las personas que estamos fuera del país no hayamos tenido por más de 14 meses, de tener una llamada telefónica o una carta o incluso dibujos de nuestros hijos menores de edad para nuestros familiares que están presos políticos, eso también es tortura», indicó Valle, quien se encuentra en el exilio.

A su vez, los familiares de los presos políticos indicaron que «esto viola no solo los derechos de las personas presas políticas, sino también los derechos de sus hijos e hijas, mismos que están protegidos por leyes nacionales e internacionales y por el Código de la Niñez y la Adolescencia que fue firmado por el Estado de Nicaragua».

En el caso de la presa política Violeta Granera, Valle indicó que su salud se ha deteriorado e incluso ha perdido piezas dentales dentro del sistema carcelario.

«(Violeta Granera) siempre delgada, sin las muelas porque nunca se las repararon, así que come muy lento para no perder los dientes frontales», indicó Valle.

Una “estrategia perversa”

La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo que las medidas del régimen Ortega restponden una «estrategia» planificada contra los presos.

«Si uno se detiene a analizar los vaivenes que aparentemente se dan de una visita otra, vemos que no son hechos aislados, que no son situaciones que se les ocurre de pronto. Estas no son cosas casuales, esto obedece a una estrategia perversa de debilitar sus fuerzas y llevarlos a que sus organismos no puedan resistir», dijo la defensora de derechos humanos.

En un comunicado, los familiares de los reos Pedro Vásquez, Miguel Mendoza, Freddy Navas, Marcos Fletes, Irving Larios, Violeta Granera y Juan Lorenzo Holmann, también expresaron su preocupación por la «fragilidad y el debilitamiento causado por la política de imponer el hambre», por lo que denuncian el incremento «de la presencia de enfermedades como infecciones de garganta y estómago».

Además, exigieron «la regularización de las visitas, con presencia y participación de hijas e hijos menores y/o con necesidades especiales; y el acceso y regularización a llamadas telefónicas/videollamadas y correspondencia como fotografías, dibujos y cartas, que incluyan a familiares en el exilio».

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