Medir los índices de corrupción en Nicaragua no es tarea fácil, la falta de información en las entidades públicas dificulta el trabajo de los expertos que analizan este tipo de datos, pese a que en el país existe la Ley de Acceso a la Información Pública.
Aún con todas las dificultades el organismo Urnas Abiertas realizó dos estudios que permiten medir los niveles de corrupción, gestión de servicios, participación ciudadana y desarrollo local, en los distintos municipios del país. Con estos datos, que comprenden el período del 2015 al 2020, extraídos de instituciones como la Contraloría General de la República (CGR) y las mismas alcaldías, se puede visualizar cuáles son las municipalidades con mayores índices de corrupción.
“La alcaldía en la que se encontró mayor perjuicio económico en las auditorías de la CGR fue Santo Tomás del Norte con C$5.19 millones de córdobas, que se emitieron en responsabilidades civiles en el año 2018. En segundo lugar, Siuna con C$4.47 millones, a través de responsabilidades civiles y presunción penal”, señala el informe de transparencia de Urnas Abiertas.
Sin embargo, el informe expone toda una serie de irregularidades en otros municipios, lo que deja en evidencia el grave problema de transparencia. A las anteriores alcaldías, le siguen las siguientes:
Granada
En 2018 la Contraloría General de la República presentó el resultado de la auditoría realizada en el período 2010-2012, en el que se encontró un perjuicio económico de C$4.24 millones por la no ejecución de proyectos, salidas de dinero para gastos que no fueron justificados, así como pagos a proveedores por cantidades menores a las erogadas.
La Contraloría responsabilizó al ahora exalcalde Eulogio Mejía Marenco, al encargado de finanzas y su asesor. Ninguno, como en la mayoría de los casos, enfrentaron cargos penales, pese a que sus acciones lo requerían.
San Juan de Oriente
En dos ocasiones (2014 y 2018) se encontraron anomalías en las cuentas de esta alcaldía. En total sumaron C$4.09 millones producto de contrataciones de un ingeniero sin justificarlo ni cumplir los procedimientos, realización de desembolsos sin autorización del Concejo Municipal, así como altos pagos de las obras ejecutadas.
Los responsabilizados por estas acciones fueron los exalcaldes Miguel Ángel Calero Gutierrez en 2014 y Brenda del Carmen Jiménez Urbina en 2018; además de sus vicealcaldes, responsables de proyectos y personal administrativo.
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En el caso de las alcaldías de Santa Teresa, en Carazo, y Comalapa, en Chontales, ambas mostraron cifras de C$1.91 millones que no cuadraron durante las auditorías.
Santa Teresa
El período auditado por la Procuraduría General de la República fue entre 2013 y 2014, los resultados revelados en 2018, responsabilizaron al entonces alcalde Iván Antonio Dinarte Solís, así como a los directores de finanza y proyectos, por pagos de obras y servicios que no fueron efectuados, además de otros desembolsos sin justificación.
Comalapa
En este municipio el exalcalde Germán Isabel Otero Arróliga y la exresponsable de administración de fianzas fueron señalados de usar fondos para fines no justificados en el presupuesto, además de utilizar dinero para actividades recreativas sin justificación. Los datos fueron dados a conocer en 2017 y eran el resultado del período auditado 2008-2012.
El Ayote
Durante el período de 2005-2009, C$1.63 millones faltaron en dicha municipalidad. En el informe de la CGR se responsabilizó al exalcalde Ramón Álvarez Pérez y a parte del personal administrativo, por no enterar cuotas obreropatronal, alterar facturas y no depositar las recaudaciones monetarias por el servicio de agua potable.
Moyogalpa
En el informe presentado en 2017, cuyo período en estudio fue 2009-2012, los datos de la Contraloría demuestran que el exalcalde Carlos Javier Guzmán Díaz y parte del personal administrativo, son responsables de efectuar egresos sin evidencia que los amparara por un monto de 1.60 millones de córdobas.
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Alcaldes sandinistas y liberales son los más corruptos
En el informe de Transparencia Municipal, el organismo identifica 10 casos con cifras millonarias en perjuicio económico, en los que se les responsabilizó a todos los alcaldes en función, de las cuales 7 eran del Frente Sandinista y 3 del PLC.
Pese a que los funcionarios implicados debieron enfrentar cargos penales no se conoce de ningún proceso llevado a cabo de parte del Ministerio Público o de la Contraloría General de la República, según explica el economista Leonardo Labarca, quien fue parte del equipo de estudio de Urnas Abiertas.
“Básicamente se desestiman los casos y no se encuentra evidencia que se haya castigado penalmente a cada uno de los implicados”, expone el experto, y agrega que la información que se produce a nivel estatal es muy limitada, por lo que en el análisis que ellos realizaron la califican con 28 puntos en un rango de 1 a 100.
«Las alcaldías publican escasa información sobre el uso de sus recursos, desde mediados 2018 han dejado de publicar los presupuestos municipales ”, explica Labarca.
2017 fue el año más corrupto
El informe detalla que entre 2015-2020 se encontraron responsabilidades civiles con sumas considerables en las alcaldías de Siuna, con C$1.6 millones en 2017; Prinzapolka, con más de 927 mil córdobas en dos períodos (2015 y 2017); y Waspam, Boaco y El Ayote, con cifras que van desde los 742 mil córdobas hasta muy por encima de los C$800 mil.
En el caso de perjuicios económicos con presunciones penales en los que los funcionarios públicos deberían de enfrentar cargos, se encuentran principalmente las alcaldías de San Juan de Oriente, Siuna, Comalapa, Rosita y El Ayote.
Según los datos, 2017 fue el año en el que se registraron más altos índices de corrupción en cuanto a cantidades de dinero. La cifra superó los C$10 millones, casi el 50% del total del período analizado (2015-2020), cuya suma fue de más de 22 millones de córdobas.
Nicaragua Investiga
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