Desde abril de 2018, la iglesia católica -al igual que el gremio estudiantil, empresarial, sociedad civil, periodistas, entre otros sectores nicaragüenses- es blanco fijo de la persecución política desmedida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sin embargo, este año está marcado por sucesos inimaginables, que retratan cómo la ira de la pareja dictatorial y su sistema, se abalanzó sobre el catolicismo en Nicaragua, llegando a encarcelar a 11 religiosos -en su mayoría sacerdotes- en menos de tres meses.
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Además del arresto de sacerdotes, en el 2022 varias organizaciones religiosas han sido canceladas y confiscadas; el nuncio Waldemar Stalislaw Sommertag fue expulsado del país, al igual que dos grupos de misioneras y varios sacerdotes; muchos templos son asediados y ocho emisoras católicas y el canal de la Conferencia Episcopal han sido canceladas. Igualmente, los santos en algunos municipios, ahora tienen prohibido salir a las calle durante sus festividades.
Capturados entre el 01 de junio y el 19 de agosto, los sacerdotes, seminaristas y laicos, ya son parte de la lista de presas y presos políticos en Nicaragua, acusados y sentenciados por delitos comunes, o investigados sin procesos judiciales transparentes ni formulación de cargos concretos.
La oposición política denuncia sus detenciones arbitrarias y las organizaciones de derechos humanos apelan por su liberación inmediata, aunque el régimen los acusan de «agredir la paz» y querer “orquestar” una «desestabilización» en el país.
Estos son los perfiles de los 11 religiosos católicos que hoy guardan prisión en Nicaragua.
Manuel Salvador García
Manuel Salvador García tiene 57 años de edad, padece de una neuropatía y de diabetes, fue el primer religioso católico detenido por el régimen nicaragüense. Es sacerdote de la iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime, una localidad perteneciente al departamento de Granada, a unos 60 kilómetros de Managua. Según sus familiares, fue capturado el 01 de junio de este año, acusado de dos delitos: amenazar con arma blanca a cinco personas; y agredir a una ciudadana que interpuso una denuncia pública en la Policía Nacional, de la cual terminó retractándose.
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Primero, el pasado 22 de junio, fue condenado a dos años de prisión. Luego de ésto, en un segundo proceso con más supuestas pruebas de la Fiscalía, entre ellas vídeos de medios oficialistas en donde se observa al religioso con un machete en la mano, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión, a pesar de que Martha Candelaria Rivas de 44 años, la principal acusante y víctima, intentó retirar la denuncia y cambió su versión de los hechos.
La juez oficialista Ana Xóchilt Fonseca del Juzgado de Distrito Especializado en Violencia de Granada fue la encargada de sentenciar al religioso por segunda vez, el 06 de julio de 2022.
Al respecto de este caso, el exdiputado y analista político Eliseo Núñez asegura que las acusaciones son falsas debido a que el delito del que se le acusa «ni siquiera es el que ellos (régimen Ortega-Murillo) presentan con el montaje, porque lesiones graves deben tener cicatrices permanentes o una discapacidad por la agresión. Todo indica que es un montaje».
El religioso es conocido entre la feligresía de su zona por sus posturas en contra de la represión estatal y la persecución orteguista. Hasta la fecha se desconoce su estado de salud y el avance de su caso judicial.
José Leonardo Urbina
Monseñor José Leonardo Urbina tiene 51 años de edad, es sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro y vicario episcopal de Boaco, una ciudad a 90 kilómetros de la capital nicaragüense. Fue detenido el 13 de julio, luego de haber acudido a una delegación local tras conocerse una denuncia de supuesta violación en su contra de una menor.
La jueza Yolanda Fletes Cano, decretó su prisión preventiva y la Fiscalía, sin la debida protección de la identidad de las víctimas, sus familiares y testigos, lo acusó de violación sexual a una menor.
«Los más raro es que en los procesos de violencia lo más importante es proteger a la víctima, su identidad e integridad, y con más razón, cuando se trata de una niña, por eso nunca se había visto darle tanta publicidad a este tipo de procesos», cuestionó al respecto el abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán.
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El 01 de septiembre, Urbina fue sentenciado a 30 años de cárcel. Según el Ministerio Público, los supuestos hechos ocurrieron en distintas fechas y lugares de la ciudad de Boaco.
«Tal como me lo habían filtrado anteriormente, y que ahora leo en la sentencia, al juicio no comparecieron las dos pruebas más importantes después de la declaración de la víctima, como son la médico legal Carolina Aguinaga, y la psicóloga forense Olga Granados Pravia. Sin referirme a que si los hechos acusados son reales o no, lo que acá vemos de nuevo es un proceso anulable por estar plagado de muchas irregularidades, pese a que ellos tenían y tienen a todo el aparato estatal para hacer cualquier cosa que al menos aparente algo de legalidad», explicó Morazán al respecto.
Se conoce que el religioso guarda prisión en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de la ciudad de Tipitapa, y hasta la fecha los feligreses de su congregación siguen aduciendo su inocencia; incluso desafiaron las prohibiciones de protestas que impuso Ortega desde septiembre de 2018, y realizaron una pequeña manifestación en el templo de Boaco.
Oscar Benavides Dávila
Oscar Benavides Dávila tiene 49 años y es párroco de la iglesia Espíritu Santo, ubicada en Mulukukú, un municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte en Nicaragua. Según líderes locales, fue detenido el domingo 14 de agosto tras oficiar una misa, aunque la Diócesis de Siuna dijo desconocer las causas o el motivo exacto de su detención.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) informó que el religioso «fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla con rumbo desconocido», aunque extraoficialmente horas después se conoció que fue remitido a la Dirección de Auxilio Judicial (conocido como El Chipote) en Managua, a más de 240 KM de su parroquia.
Tras varios días sin brindar declaraciones o información al respecto, la Fiscalía solicitó el pasado 18 de agosto 90 días de detención preventiva para Benavidez con el fin de «ampliar la investigación» en su contra, a pesar de que el expediente judicial no especifica el presunto delito que se le imputa.
Rolando Álvarez Lagos
Monseñor Rolando Álvarez tiene 55 años de edad, es obispo de la Diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la Diócesis de Estelí y férreo crítico del régimen Ortega-Murillo. Luego de varios meses de asedio y su desplazamiento forzado por varias parroquias del país, fue cercado por la Policía Nacional en la Curia Episcopal matagalpina, en donde vivió junto a otros religiosos 16 días de incertidumbre, desvelo, hambre y plegarias, bajo la prohibición de salidas y entradas en el edificio religioso.
Fue trasladado a su vivienda familiar en Managua la madrugada del 19 de agosto tras un operativo policial, y desde entonces guarda prisión bajo el régimen de casa por cárcel, mientras es investigado por razones judiciales que aún se desconocen. La Policía aseguró, luego de la extracción y traslado que «durante varios días esperó con mucha paciencia, prudencia y sentido de responsabilidad una comunicación positiva del Obispado de Matagalpa».
El arzobispo y cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes lo ha visitado al menos en tres ocasiones hasta la fecha, sin embargo, se desconoce el estado de salud de Álvarez y la situación de los familiares que ahora también guardan prisión junto a él.
Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez
Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez tiene 50 años de edad, es sacerdote encargado de la parroquia San Juan Bautista y rector de la Universidad Juan Pablo II. Con 20 años de sacerdocio, sufre de hipertensión y diabetes, y fue uno de los primeros religiosos que mostró apoyo incondicional a monseñor Álvarez ante el asedio que vivía desde hace varios meses.
Ahora su papá, Ramiro Tijerino Haslam, denuncia su detención ilegal, y recuerda como el religioso matagalpino sirvió de mediador durante los momentos más difíciles de la represión estatal iniciada en abril de 2018, cuando el pío denunciaba las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía e intercedía por los rehenes políticos.
Según información revelada por Morazán, especialista en administración de justicia y derechos humanos con enfoque de género, Tijerino y los siguientes religiosos expuestos en este texto -detenidos en agosto junto a monseñor Álvarez en Matagalpa- tuvieron una audiencia preliminar el 22 de septiembre, la cual fue celebrada por la jueza orteguista Nadia Úbeda Obando.
Todos fueron acusados por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas», en un proceso complejo y plagado de irregularidades, pero que apenas inicia.
José Luis Díaz Cruz
José Luis Díaz Cruz tiene 33 años de edad, es sacerdote, primer vicario de la Catedral San Pedro de Matagalpa -desde el 07 de junio de este año- y responsable del Santuario del Divino Niño. Es originario de Ocote Sur, una comunidad en el norte de Nicaragua, y sus homilías se distinguían por ser reflexivas y contundentes. Según medios de comunicación independientes, también es el responsable de los medios de comunicación propiedad de la Diócesis de Matagalpa.
Sadiel Antonio Eugarrios Cano
Sadiel Eugarrios Cano tiene 35 años de edad, es sacerdote y segundo vicario de la Catedral San Pedro de Matagalpa. Originario de Matiguás, es un religioso católico crítico del régimen Ortega-Murillo. Fue señalado como «un profeta en formación», según monseñor Álvarez. Durante las protestas iniciadas en abril de 2018 se sumó a otros sacerdotes para demandar el cese de la represión estatal y desde entonces aseguraba vivir constantes amenazas contra él y su familia.
Raul Antonio Vega González
Raul Antonio Vega González, con solamente 27 años de edad, fue nombrado por monseñor Álvarez como diácono en la iglesia diocesana de Matagalpa.
«La salvación es un despojo de nuestro yo. Es un despojo de nuestras condiciones; y nos invita a todos, no sólo al sacerdote, a la religiosa o al que es consagrado, a despojarse. Es un llamado para todos. Hay que aprender a autodomarse; abandonar todo aquello que no me permite alcanzar la Salvación», dijo durante un servicio religioso el domingo 03 de julio en Matagalpa.
Darvin Esteylin Leiva Mendoza
Darvin Esteylin Leiva Mendoza tiene 19 años de edad, es seminarista y originario de Sébaco, Matagalpa. «La vida es simple, el miedo la complica, sin él la plenitud llega naturalmente…», recordaba el más joven de los religiosos detenidos en su cuenta de Facebook.
Melkin Antonio Centeno Sequeira
Melkin Antonio Centeno Sequeira tiene 23 años de edad, es seminarista y originario de Matiguás, un municipio del departamento de Matagalpa. Estudió en el Colegio Diocesano San Francisco de Asís y es fanático del equipo español Real Madrid.
Sergio José Cárdenas Flores
Sergio José Cárdenas Flores tiene 32 años de edad, es camarógrafo y webmaster de la Diócesis de Matagalpa y de sus medios de comunicación. Su nombre aún aparece como autor de las notas informativas y religiosas publicadas en el sitio web del obispado.
Según información corroborada por este medio de comunicación, el Tribunal de Apelaciones de Managua aún no responde los recursos de exhibición solicitados para varios de los religiosos detenidos.
El padre Edwin Román, exiliado en Estados Unidos tras vivir la persecución de los Ortega-Murillo desde 2018, denunció que la arremetida del régimen responde a su mensaje religioso en medio de la crisis múltiple que vive Nicaragua. «Nos persiguen por ser fieles a nuestro ministerio sacerdotal, por no arrodillarnos ante el opresor y por dar la cara en defensa del pueblo de Dios», aseguró Román.
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A pesar de que el máximo líder del Vaticano, el Papa Francisco, aseguró que actualmente existe un diálogo con la administración de Ortega, se desconoce el avance de dichas negociaciones. «Hay diálogo. Esto no significa que apruebe todo lo que hace el gobierno o que lo desapruebe todo. No. Hay diálogo y hay que resolver los problemas. Ahora mismo hay problemas», expresó el pontífice.
«La escalera de oro la perdió Ortega Murillo en el primer diálogo. Tuvieron esa oportunidad y se le hubiera evitado al pueblo nicaragüense más derramamiento de sangre, encarcelamientos injustos, exilio. Inclusive que ellos, su familia y sus allegados pudieran hoy en día dormir tranquilos. Con el diablo no se dialoga nunca», expresó Román sobre conversaciones y acuerdos con la dictadura de Ortega y Murillo.
El grupo de siete religiosos, que aún no han sido condenados -exceptuando monseñor Álvarez-, tiene programado un juicio masivo el viernes 07 de octubre, a cargo del fiscal auxiliar Manuel de Jesús Rugama Peña, tras realizar la acusación formal el 21 de septiembre, luego de 33 días bajo detención en las celdas de El Chipote.
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