Este martes 25 de octubre fue presentada ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley con la que se pretende que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto con su cédula de identidad vencida, una medida que según el observatorio ciudadano Urnas Abiertas, es para “disimular el abstencionismo”.
“Esta medida demuestra la desesperación de las diputaciones sandinistas y colaboracionistas por disimular el abstencionismo que se prevé para las elecciones municipales del próximo 6 de noviembre”, expone Urnas Abiertas en una nota de prensa.
El número de personas que se abstienen de ejercer su derecho al sufragio ha venido en aumento durante las últimas elecciones en Nicaragua. En las votaciones presidenciales de 2021, Urnas Abiertas registró una participación de apenas el 18.5% y un elevado nivel de abstencionismo del 81.5%.
Régimen Ortega permitirá votar el seis de noviembre con cédulas vencidas
Cuarta reforma a la Ley 152 con nuevas variantes
De aprobarse la Ley Especial para la Vigencia de las Cédulas de Identidad Vencidas, no sería la primera vez que el régimen de Daniel Ortega prórroga la vigencia de este documento de identidad.
El 31 de diciembre de 2014 venció la primer prórroga, pero antes de que eso ocurriera, el 18 de diciembre, se publicó en La Gaceta, Diario Oficial, la segunda prórroga y reforma a los artículos 30 y 33 de la Ley 152, para extender la vigencia de los documentos de identidad vencidos hasta el 31 de enero de 2018.
En 2021 se volvió a presentar el mismo problema, miles de nicaragüenses continuaban con cédulas vencidas, por lo que el 26 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime la Ley Especial para la Vigencia de las Cédulas de Identidad Vencidas. En ese entonces, quienes tuvieran ese documento de identidad vencido, podían usarlas únicamente para votar el 7 de noviembre de ese año. Algo que será distinto con la nueva ley que se pretende aprobar este año.
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“Observamos una distinción en esta nueva prórroga; y es que el artículo 3 de la propuesta presentada para este 2022 extiende la vigencia y efectos de la ley para las elecciones regionales previstas para 2024”, señala Urnas Abiertas.
Medidas del CSE son “insuficientes”
El observatorio ciudadano expone que la iniciativa de ley también denota “que las medidas ejecutadas por el Poder Electoral son insuficientes para la ciudadanía”, pese a que este aseguró que entre el 3 de enero y 21 de octubre de 2022 549,712 personas han realizado trámites de cedulación.
Urnas Abiertas también denunció que “los ingresos que recibe el CSE por renovación o reposición de cédulas se maneja de forma discrecional y sin rendir cuentas” y que producto de ello, entre los años 2011 y 2017, el Consejo Supremo Electoral “debió percibir unos 673.77 millones de córdobas equivalentes a 26.31 millones de dólares”.
El artículo 33 de la Ley de Identificación Ciudadana (152), expresa que “el tiempo de validez de una cédula será de diez años, contados a partir de la fecha de expedición”.
Urnas Abiertas concluye que esta nueva reforma a la Ley 152, demuestra “una vez más que los términos expresados en el Calendario Electoral no se han cumplido, y que tanto la Asamblea Nacional como el CSE están a disposición del FSLN para prestarse a la farsa electoral a celebrarse el próximo 6 de noviembre”.
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