Cientos de periodistas nicaragüenses en el exilio enfrentan amenazas vinculadas a la «represión» en su país, así como trabas legales para ejercer su labor, denunció este miércoles en Costa Rica una oenegé defensora de la libertad de expresión.
Al menos 310 periodistas nicaragüenses viven exiliados, la mayoría desde 2018, cuando protestas ciudadanas desataron una fuerte represión del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que causó unos 300 muertos.
«El exilio deja de ser un refugio seguro: periodistas nicaragüenses enfrentan amenazas transnacionales y desprotección», advirtió la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) en un informe de monitoreo durante el segundo trimestre de este año.
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Además, la Fundación dijo que recibió reportes de «nuevas formas de represión» contra periodistas dentro de Nicaragua y familiares de exiliados que denuncian «interrogatorios» ante sospechas de que envían información a medios editados fuera del país.
La FLED señaló que en el segundo trimestre del año varios periodistas exiliados en Costa Rica fueron alertados por autoridades locales sobre «riesgos graves contra su vida e integridad».
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La organización, que se refiere a esos hechos como «represión transnacional», urgió al gobierno de San José a adoptar «medidas específicas y efectivas» de protección.
En junio de 2025, Roberto Samcam, un exmilitar nicaragüense exiliado en San José, fue asesinado por sicarios.
La FLED agregó que fue informada de «casos de vigilancia» en territorio costarricense y de que uno de ellos «derivó en la salida de emergencia» de una periodista «luego de recibir advertencias sobre el peligro que enfrentaba si permanecía en el país».
Según la oenegé, recordó que entre abril y junio pasados dos periodistas nicaragüenses fueron deportados por Estados Unidos a Costa Rica, lo que los dejó en una mayor «indefensión».
Asimismo, denunció que el gobierno de Ortega y Murillo «impone trabas a familiares» que realizan gestiones para periodistas en el exilio, como la convalidación de títulos académicos y la autentificación de documentos administrativos.
AFP
