La dictadura nicaragüense inició la devolución de las casas de lujo que había confiscado de forma ilegal a nueve jubilados estadounidenses en la playa Gavilán, en Tola (Rivas). Las viviendas, usurpadas a finales de agosto de 2026 junto con todos los muebles y enseres, fueron entregadas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El proceso comenzó apenas cuatro días después de que Confidencial documentara el despojo.
Una fuente del INSS informó a Confidencial que las “llaves de las casas” empezaron a entregarse el 15 de octubre de 2026, aunque no precisó si se devolverán todas las propiedades o solo algunas. “Por el momento solo te puedo decir que las están devolviendo”, señaló la fuente. Los estadounidenses afectados no confirmaron ni desmintieron la información; uno de ellos se limitó a indicar que “en los últimos días se ha negociado”.
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Hasta el momento no existe notificación oficial de la PGJ ni del INSS que explique las razones de la confiscación. Previamente, al contactar la sede central del INSS en Managua, un funcionario les ofreció alquilarles las mismas viviendas por unos 2.000 dólares mensuales. Los jubilados no residen de forma permanente en Nicaragua: utilizaban las casas para vacacionar, escapar del invierno estadounidense o prestarlas a familiares y amigos.
El día de la ocupación solo estaban los vigilantes, a quienes hombres que se identificaron como funcionarios del INSS ordenaron abandonar las propiedades porque habían “pasado a manos de la institución”. Desde entonces las casas quedaron bajo custodia de personas designadas por el Gobierno. La misma fuente del INSS indicó que a esas personas “ya se les ordenó irse de las casas”.
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Los afectados estiman las pérdidas totales en unos 15 millones de dólares, al sumar el valor de las construcciones (la más pequeña rondó los 500.000 dólares y la más grande entre 700.000 y 800.000), las mejoras realizadas durante 15 años y los enseres robados. Las viviendas, algunas con piscina y paneles solares, estaban completamente amuebladas. Llegaron a Nicaragua en la década de 2000 y terminaron las casas hacia 2010, bajo la Ley 690 de Zonas Costeras: eran dueños de las construcciones, pero la tierra pertenecía al Estado, por lo que pagaban anualmente 1.000 dólares de canon a la Alcaldía de Tola.
Este es el segundo caso en 2026 en que el régimen devuelve un bien confiscado a ciudadanos estadounidenses. En mayo se restituyó la minera BHMB a su dueño, el inversionista estadounidense-británico Baruch Rapoport, expropiada en septiembre de 2025. Un vocero del Departamento de Estado de EE.UU. calificó de “profundamente lamentable” que el Gobierno de Nicaragua irrespete reiteradamente los derechos de propiedad, y la Embajada estadounidense en Managua tiene conocimiento de numerosos casos de confiscaciones sin justificación. Desde 2018 el régimen ha confiscado centenares de bienes a nicaragüenses, empresas, medios, oenegés, universidades e iglesias, pero los estadounidenses son, hasta ahora, los únicos a quienes se les han devuelto propiedades.
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