Las graves consecuencias de que Nicaragua entre a la lista negra del GAFI

Con la reforma a la Ley 842, los bancos y entidades financieras podrían ser obligadas a ofrecer sus servicios a funcionarios sancionados por Estados Unidos

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua envió recientemente una carta a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional en donde advierte, entre otras cosas, que el país podría entrar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si se da pie a la reforma de la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.

Los efectos de entrar a la lista negra del GAFI podrían ser devastadores para la economía nacional. «Desde hace tres años tenemos un sistema económico que perdió casi por completo la confianza» de la comunidad internacional, y esta medida dejaría al sistema financiero del país con bajos o nulos niveles de confianza, explica el economista Luis Murillo.

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Los banqueros señalan en su carta que esta reforma excluiría a Nicaragua del Sistema Financiero Global, además de que generaría el cierre de las corresponsalías bancarias internacionales y afectaría las importaciones y exportaciones, las cuales se han visto en crecimiento en los últimos años debido a los altos precios del mercado internacional, y no gracias a las políticas gubernamentales.

Murillo señala que «Nicaragua desde el 2018 ha venido siendo casi excluida del Sistema Financiero» Global, y los recursos que ha captado el gobierno de Daniel Ortega en los últimos años han sido de carácter humanitario, que no tienen que ver con el sistema financiero, y además «los organismos multilaterales limitaron bastante los flujos, la banca internacional no le da crédito» al país.

Las remesas son otro rubro que estarían en riesgo, las cuales en los últimos tres años se han disparado hasta en un 9%. «Eso es a través de un servicio financiero y hasta que los bancos no vean sanciones de país en el caso de Nicaragua van a seguir utilizando ese mecanismo y obteniendo ganancias» señala Murillo.

El país está bajo riesgo de sanciones y los negociantes demás organismos financieros de la comunidad internacional «lo están viendo con reservas», comenta el economista. Esta calificación negra del GAFI también afectaría las líneas de crédito internacional, además que algunas marcas de tarjetas de crédito exigen la aplicación de políticas de prevención de lavado de dinero, detalla ASOBANP en su misiva.

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Desde antes de 2018, Nicaragua integraba una lista de países con ingresos medios pero esto se agudizó con el estallido de la crisis política, además de la pandemia del COVID19. Ahora los consumidores están indefensos ante las medidas impulsadas por el gobierno, con leyes que socavan la frágil confianza que hay en el sistema económico y para el próximo 2022, «el gobierno que quede tendrá que hacer reformas estructurales» en la política económica del país, prevé el economista Murillo.

Bancos pueden ser obligados a ofrecer servicios a sancionados

Por su parte, la diputada liberal y miembro de la Comisión de la Asamblea que recibió la carta de los banqueros, Azucena Castillo, considera que la reforma que está impulsando el gobierno «podría rozar más allá del GAFI» e incluso afectan las políticas internas que la banca privada tiene para mantener sus relaciones con sus corresponsalías en el extranjero

Además de eso, Castillo considera que con esta reforma se busca que «las instituciones del Estado sean aceptadas también como consumidoras y luego que no se les pueda negar un servicio o un producto o se les cancelen sus contratos existentes».

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente creado en Francia por el G-7 en 1989 y su misión es fijar estándares y promover medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo u otras amenazas al Sistema Financiero Internacional.

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En Nicaragua, hay 28 funcionarios de gobierno, una institución y cuatro empresas estatales sancionadas por estar vinculadas a actos de lavado de dinero, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Cualquier banco o institución financiera tiene prohibido establecer algún tipo de relación con los sancionados, pero la reforma a esta Ley podría obligar a la banca privada a entablar dicha relación.

Nicaragua pertenece al GAFILAT, que es la sección de este organismo para América Latina y tiene 40 recomendaciones que son aplicables como mandatos que deben ser integrados a las Leyes, normativas, reglamentos y otros sistemas de regulación a lo interno del país.

Según ASOBANP, «las entidades financieras deben tener la facultad de dar por cancelada una relación comercial o negarse a prestar un servicio sin que ello se limite a una justificación contenida en una Ley, desconociendo esta iniciativa de Ley las políticas internas de las instituciones financieras sobre prevención de lavado de dinero», lo cual atiende la recomendación número 10 del GAFI.

«Cualquier país que incumpla con las normativas del GAFI se pone en mal predicado en el ámbito financiero internacional» advierte la diputada Castillo y considera que esta reforma busca incidir en «el clima de temor y presión justo antes de las elecciones».

Pero también los banqueros le temen a la discrecionalidad con que la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y otros entes reguladores podrán imponer sanciones y multas sin necesidad de ningún parámetro en la Ley que esté fundamentado en los principios de proporcionalidad y gradualidad.

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