Ser niña en Nicaragua: entre el abuso sexual y el embarazo forzado

  • Violencia sexual está siendo naturalizada, advierten expertos

Nicaragua no es un buen país para ser niña. El anuario 2018 del Instituto de Medicina Legal, refleja que 1,679 niñas de entre 0 a 12 años fueron abusadas sexualmente en el año anterior, al igual que 1,643 adolescentes de entre 13 a 17 años.

La alarma aumenta cuando buscamos a los agresores y nos damos cuenta que no hay que ir muy lejos. El 46% de los abusos sexuales se dan el el hogar de la víctima y el 53% de los abusadores son cercanos  o miembros de la familia.

Conociendo estos datos, parece más fácil comprender otra estadística impactante; cada día dan a luz cinco niñas en edades de entre 10 y 14 años. Las adolescentes también forman parte de los preocupantes números; Nicaragua ocupa el segundo lugar en toda Latinoamérica en embarazos entre los 15 y 18 años.

María Teresa Blandón, socióloga y experta en temas de género. Foto: NI

 

La socióloga y experta en temas de género María Teresa Blandón, explica que toda niña embarazada debe considerarse víctima de abuso sexual, porque el código penal nicaragüense tipifica como delito de violación sostener relaciones sexuales con menores de 14 años.

Agrega que es un «contrasentido» hablar de niñas que son madres, pues «la maternidad es una función social compleja que no puede ser desarrollada por una niña que está empezando la vida y que requiere la protección de su familia».

El Documental «Vidas Robadas», producido por la organización Axayacalt recoge testimonios de niñas víctimas de violación sexual que quedaron embarazadas en Nicaragua.

El caso de «Susana», una niña del campo que fue abusada por su abuelo desde los 7 años de edad, muestra los temores y dilemas a los que se enfrentan las víctimas ante un escenario como ese.

«Yo me iba a beber un gramoxone (herbicida) porque yo a mi hijo no lo quería tener, yo nunca deseé un niño», relató entre lágrimas «Susana».

El embarazo infantil forzado fue denunciado en 2016 como una de las peores formas de tortura por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de las Mujeres (Cladem).

El informe de este organismo define el embarazo infantil forzoso como «la situación en que una niña de 14 años o menos queda embarazada contra su voluntad y es obligada a continuar el embarazo debido a legislaciones restrictivas, presiones familiares, sociales o estatales».

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Cladem, señala que la mayoría de estos embarazos tienen su origen en una violación y hace énfasis en los riesgos para la salud de la niña y para su desarrollo psicosocial, pues un embarazo significa un alto nivel de estrés y un intolerable dolor físico para una menor.

«En el caso de una niña, no está preparada físicamente, hay más posibilidades de malformaciones congénitas, puede ser que se le suba la presión, le de un infarto, o un derrame, a como se conoce popularmente y se puede morir», dijo el doctor Leonel Argüello, en el documental «Vidas Robadas». 

Estadísticas oficiales Instituto de Medicina Legal, 2018. Infografía: Nicaragua Investiga 

 

En el caso de las adolescentes, se puede presentar el caso de violación sexual, o el de estupro. Este último delito se refiere a los casos en que un adulto, sostiene relaciones sexuales con personas mayores de 14 años y menores de 16, sin necesidad de recurrir a la violencia e intimidación, pero entendiendo que como menor de edad, aún no puede ofrecer su consentimiento para establecer este tipo de vínculos.

Este delito se castiga con penas de entre 2 y 4 años de prisión, de acuerdo al artículo 170 del Código Penal de Nicaragua.

Obligadas a convivir con sus abusadores

Jorge Mendoza
Jorge Mendoza, Vocero de CODENI. Foto: NI

 

Jorge Mendoza, vocero del Consejo de la Coordinadora de la Niñez (Codeni)   detalla que hay unas 1,700 o 2,000 niñas (por año) menores de 14 años que resultan embarazadas y el 80% de ellas se encuentra en una unión forzada, al ser obligadas al matrimonio o a la unión de hecho estable con sus victimarios,  por lo que asegura que se «naturaliza» el abuso.

Mendoza cuestiona el hecho que la ley contemple la posibilidad que los padres otorguen un consentimiento legal para que una menor pueda contraer matrimonio, lo cual dice, casi siempre es «consensuado con el victimario para justificar o escaparse de la sanción penal que pueda tener alguno de estos casos».

Asegura que es tarea y obligación del Estado garantizar que «estas niñas y adolescentes puedan acceder a la justicia y castigar a los culpables» y considera que «el marco jurídico no es eficiente por su implementación y por los vicios que el sistema de justicia tiene en nuestro país».

Es difícil conocer qué porcentaje de impunidad existe en el país hacia los agresores sexuales. No hay estadísticas oficiales que permitan conocer el número de condenados por estos delitos.

Urge educación integral desde las familias y el Estado

Blandón explica que estas niñas, están siendo «doble y triplemente revictimizadas» tanto por el Estado como por sus propias familias, debido a que no solamente son víctimas del abuso sexual, si no que también son obligadas a cargar con el embarazo producto de la violencia sexual.

«El Estado no solo no protege a estas niñas, si no que las ha dejado en un estado de indefensión» comenta la socióloga, y responsabiliza a las autoridades gubernamentales de violar los derechos de las menores porque «se han negado a brindar educación sexual integral en las escuelas».

Según Blandón, esta medida ayudaría a evitar la violencia sexual y que las menores denuncien actos de violencia sexual de los que sean víctimas en sus entornos , además, facilitaría detectar a tiempo los embarazos forzados producto de la violencia sexual.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS)  recomienda apoyar programas de prevención, uso de anticonceptivos y educación sexual para reducir el índice de embarazos en adolescentes en Nicaragua y Latinoamérica.

“La falta de información y el acceso restringido a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados tienen una relación directa con el embarazo en adolescente. Muchos de esos embarazos no son una elección deliberada, sino la causa, por ejemplo, de una relación de abuso”, declaró Esteban Caballero, director regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, según una nota de prensa publicada en el portal web de la OPS.

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