Perú cerró el sábado por tiempo indefinido el ingreso a la ciudadela inca Machu Picchu alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan ya 46 muertos.
«Se ha dispuesto el cierre a la red de caminos inca y a la llaqta (ciudadela) de Machu Picchu ante la coyuntura social y en salvaguarda de la integridad de los visitantes», informó el ministerio de Cultura y señaló que la medida regirá «hasta nuevo aviso».
El gobierno de Boluarte tomó esta decisión luego de que el servicio ferroviario desde la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu -el único medio disponible entre ambos puntos- se suspendiera por daños a la vía férrea presuntamente provocados por manifestantes. Al menos 400 turistas quedaron varados.
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El ferrocarril es el único medio de transporte a la ciudadela, ya que no existe vía de tránsito de vehículos que la conecte con Cusco, ubicada a 110 kilómetros.
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La Unión Europea (UE) alzó su voz sobre la crisis y lamentó «el gran número de víctimas mortales» y llamó al gobierno y a la oposición «a tomar medidas urgentes para restaurar la calma».
Este sábado falleció un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Ilave, en la sureña región de Puno, informó a la AFP Jacinto Ticona, Defensor del Pueblo de esa localidad, quien llamó a la policía hacer no hace un «uso desproporcional de la fuerza».
Imágenes viralizadas en las redes sociales muestran a policías que disparan al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, pequeña ciudad a 3.800 m de altitud cercana al lago Titicaca, en la frontera con Bolivia.
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La represión en Ilave, desató la ira de la población que incendió la comisaría al amanecer del sábado, de acuerdo con medios locales.
Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas del orden dejaron 10 heridos en esa ciudad, indicaron fuentes hospitalarias.
«Flagrancia»
En Lima, la policía ingresó a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos rompiendo una enorme reja con un vehículo antimotines y detuvo a decenas de manifestantes indígenas y estudiantes que ahí pernoctaban.
Estudiantes y organizaciones de derechos humanos acudieron a la sede universitaria a rechazar la intervención policial.
«Tengo familiares aquí dentro (…) no sabemos qué les puede pasar. No sé de que se les acusa», dijo a la AFP Luz María Ramirez, de 62 años, quien llegó desde Andahuaylas, epicentro de las movilizaciones en diciembre.
Abogados de la región Puno que llegaron al lugar, como Efraín Sullca, denunciaron que no se permitió la presencia de los defensores y se desconoce el número de detenidos, los cargos imputados y adónde se los llevará. Los manifestantes habían pernoctado ahí a pesar de la negativa de la institución.
La universidad dijo que la Policía actuó «de oficio» porque los ocupantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves.
El ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó en el Canal N de televisión que la intervención se dispuso «dentro de la flagrancia» tras reportes de autoridades universitarias de la comisión de delitos por algunos de los ocupantes.
Agregó que los detenidos enfrentan acusaciones de actos contra el patrimonio y de perturbación de la paz.
Un portavoz de la Fiscalía, Alfonso Barrenechea, dijo que los detenidos son unos 200 y que fueron llevados a la Prefectura de Lima.
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La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a «asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso» y recalcó que llevar a los detenidos «ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas».
La Defensoría del Pueblo denunció no se le permitió ingresar a la universidad durante la intervención. Lo mismo sucedió con parlamentarios de oposición.
Miles de personas llegadas del interior marcharon el jueves y el viernes en Lima en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso.
Las autoridades alegan que las marchas son promovidas por movimientos y grupos sociales radicales de izquierda que han movilizado a campesinos indígenas del sur.
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Las protestas iniciaron tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre después de que intentara disolver el Parlamento -controlado por la derecha-, que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
El izquierdista Castillo, un exmaestro rural de origen indígena, fue sustituido por su vicepresidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno impuso un estado de emergencia por las protestas en un tercio de las regiones del país y la capital.
La crisis también refleja la inmensa brecha social que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo y que vieron en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.
Nicaragua Investiga
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