«El avance de la minería ilegal ha sido posible debido al fomento de la minería industrial en los marcos de ley nicaragüenses», denunció Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ruiz explicó que la minería ilegal se sostiene por concesiones a la minería industrial, muchas de ellas de capital canadiense y colombiano, debido a la «permisividad en el país».
«La minería ilegal representa un estimado del 30 por ciento de la exportación del oro del país y está ligada con la minería industrial en sus canales de procesamiento y exportación», explicó en la audiencia denominada «Minería ilegal y su impacto en los derechos humanos», realizada el miércoles, ocho de noviembre.
Régimen controla explotación minera
Desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007 la situación ha empeorado. El régimen sandinista ha otorgado al menos 114 concesiones mineras, convirtiendo el oro como su principal producto de exportación, cuyo negocio fue sancionado el año pasado por Estados Unidos.
Incluso, el régimen reformó con carácter de urgencia la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, Ley 387, «para asegurar el control de toda actividad a favor del gobierno, incluida la minería ilegal», denunció Ruiz.
Más del 23 por ciento del país está ocupado por concesiones mineras, advirtió, incluidas áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, pese a estar prohibido.
Fundación del Río ha documentado más de cien molinos de extracción minera en la zona de amortiguamiento de la Reserva biológica Indio Maíz y al menos tres sectores ilegales dentro de la zona núcleo.
En la Reserva de Biósfera de Bosawás «han aumentado exponencialmente las concesiones de minería industrial y la extracción ilegal de oro» desde 2007. Al menos 79 concesiones mineras industriales se encuentran en Bosawás.
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En el caso del territorio Mayagna Sauni As en Bosawás, el 41 por ciento está concesionado para la minería «lo que ha aumentado el nivel de conflictividad territorial y asesinatos» en el territorio.
La situación ha generado afectaciones en 21 territorios indígenas.
Minería ilegal se abastece de tráfico de mercurio
Sumado a ello, la región se ha convertido en un corredor de tráfico ilícito de mercurio, según el ambientalista.
La fundación ha documentado que en la zona transfronteriza de Río San Juan existe tráfico de mercurio para abastecer la minería ilegal. Se calcula que la comercialización ilícita asciende a 36 toneladas anuales de mercurio.
Hay «blanqueo de capital, trata de personas y comercialización de droga dentro de la zona de explotación ilegal de minería», sostuvo.
«Esta actividad extractiva ilegal genera graves impactos socio ambientales. No existen medidas de seguridad ni condiciones laborales; las áreas de extracción son inestables e inseguras; existe trabajo infantil y problemas de salud asociados al manejo de mercurio; además genera deforestación y degradación de los ecosistemas naturales», declaró.
En los últimos tres años, 55 personas han muerto por esta actividad.
«No conozco ningún territorio minero en Nicaragua que haya salido de la pobreza, más bien lo que nos dejan son los residuos de los impactos ambientales y sociales, muchas veces solo nos saquean», añadió Ruiz.
Demandan regular la minería
El también defensor de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua demandó que se fortalezcan los marcos regulatorios «que siguen siendo débiles» y les permite a estas empresas «extractivas» instalarse y seguir comprando oro que viene de procesos ilegales, de áreas protegidas y de territorios indígenas.
Fundación del Río y Centro Humboldt estiman que más de 40 mil personas se dedican a la actividad ilegal en al menos 38 municipios del país.
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