La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona López, quien fue ejecutado por agentes del régimen como parte de la represión de las protestas de abril de 2018.
La CIDH informó el 1 de octubre, que el caso bajo el número 14.746, fue presentado el pasado 4 de julio de 2024, ante la Corte IDH por la “ejecución extrajudicial por parte de agentes estatales y la situación de impunidad en la que permanecen los hechos».
En la denuncia, la CIDH relata que con respecto a la investigación sobre la muerte de la víctima y el posterior juicio y sanción de los supuestos responsables; la Comisión consideró que ésta no fue compatible con los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial.
En particular, la Comisión señaló que los peritajes del caso no fueron realizados con la debida diligencia y que el Estado no agotó las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico, las cuales involucraban a agentes estatales como autores materiales de la muerte de Ángel Gahona.
Los hechos del asesinato
El crimen de Gahona ocurrió el 21 de abril de 2018, tres días después que iniciaran las protestas civiles en contra de unas reformas arbitrarias de la Ley de Seguro Social, promovidas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Durante una manifestación en Bluefields, el periodista Ángel Gahona cubría los enfrentamientos entre manifestantes y la policía cuando fue impactado por un disparo durante una transmisión en vivo que realizaba.
“Aunque fue auxiliado por civiles, testigos aseguran que la Policía Nacional no le brindó asistencia, y Gahona falleció poco después en el hospital. Dos jóvenes, Brandon Lovo y Glen Slate, fueron condenados por su asesinato, sin embargo, fueron liberados en 2019 bajo una ley de amnistía”, detalla la denuncia.
La Comisión señaló que las pruebas indican que el disparo que causó la muerte del periodista provino de un agente estatal, y que este hecho estuvo vinculado a su labor periodística, ya que en el momento de su muerte estaba cubriendo las protestas contra la dictadura.
También destacó que Gahona había recibido amenazas previas relacionadas con los temas de alta relevancia pública que investigaba.
“La CIDH observó que el Estado no presentó pruebas sobre el cumplimiento de los requisitos de finalidad legítima, necesidad absoluta y proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de agentes policiales”, informó esta Comisión.
Un mes después del asesinato, la policía en Bluefields detuvo a los costeños Brandon Lovo y Glen Slate, quienes fueron procesados y condenados por el crimen contra Gahona, no obstante poco tiempo después fueron dejados en libertad bajo una Ley de Amnistía.
Sin embargo, la Comisión consideró que, al dictar la Ley 966, Ley de Amnistía, “cuyo propósito era impedir la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas”, el régimen vulneró los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial.
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“Con base en las determinaciones de hecho y de derecho, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y a la protección judicial”, refiere la denuncia.
Ante estos hechos, la CIDH recomendó algunas medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos, tales como iniciar una investigación con el objeto de esclarecer los hechos.
La Comisión destaca que el Estado no podrá oponer la garantía de ne bis in ídem, cosa juzgada, prescripción o amnistía para justificar el incumplimiento de esta recomendación por tratarse de una grave violación de derechos humanos.
Dictadura en contra de periodistas
La ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en Costa Rica, denunció el pasado 27 de agosto que la dictadura de Ortega y Murillo ha desatado una feroz represión contra opositores y disidentes desde abril de 2018, en la que se registran como víctimas a periodistas y comunicadores, que incluye el asesinato impune de Ángel Gahona.
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