La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este 25 de noviembre de 2024 la Resolución 90/2024, otorgando medidas cautelares a favor de Reinaldo Picado Miranda, un ciudadano nicaragüense detenido en Costa Rica que enfrenta una inminente extradición a su país natal.
La Comisión determinó que Picado se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, con un riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal, particularmente debido al contexto de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Costa Rica podría extraditar a otro nicaragüense a petición del régimen Ortega
De acuerdo con la resolución, Picado enfrenta un potencial riesgo de tortura y otros tratos crueles si es deportado a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha sido ampliamente señalado por la comunidad internacional por su represión sistemática contra opositores y voces críticas.
En este contexto, la CIDH enfatizó la necesidad de que Costa Rica respete el principio de non-refoulement, el cual prohíbe la devolución de personas a territorios donde puedan enfrentar persecución o riesgo para su vida e integridad.
Proceso judicial y acusaciones
Picado Miranda, opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue detenido en Costa Rica en octubre de 2022 y se encuentra recluido en el Centro Gerardo Rodríguez (Cárcel del Virilla).
Las autoridades nicaragüenses lo acusan de participar en un asalto armado ocurrido en octubre de ese año en Río San Juan, que resultó en el asesinato de dos personas, incluida una oficial de policía. La Fiscalía también lo vincula con delitos graves como robo agravado y asesinato.
A pesar de estos señalamientos, Picado ha solicitado refugio político en Costa Rica, argumentando que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político y que, al igual que otros opositores, corre el riesgo de ser sometido a torturas y juicios manipulados si es extraditado.
El caso de Picado recuerda el del excontra Douglas Gamaliel Pérez Centeno, un nicaragüense extraditado a su país desde Costa Rica en febrero de 2024, ya que las autoridades ticas le negaron el refugio político y quien actualmente se encuentra en desaparición forzada como parte de los métodos de tortura del régimen.
Pérez Centeno fue acusado por la dictadura de crímenes similares al de Picado Miranda, una práctica habitual del gobierno de Ortega para desacreditar a sus opositores y justificar sus actos represivos.
Llamado de la CIDH a Costa Rica
Si bien la CIDH no tiene la facultad de ordenar a Costa Rica que conceda asilo o protección internacional, destaca la obligación del Estado costarricense de evaluar de manera exhaustiva y conforme a los estándares internacionales los riesgos que enfrentaría Picado en Nicaragua.
«Se solicita a Costa Rica que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal del señor Picado Miranda. En particular, absteniéndose de deportar, expulsar o extraditar a la persona beneficiaria hacia Nicaragua», indica la organización en el comunicado de prensa.
Además señaló que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
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