La nueva Constitución Política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobada el pasado 22 de noviembre de 2024, consolida la centralización del poder y desmantela los principios de autonomía regional y comunitaria que habían sido pilares para los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.
Así lo advierte una activista por los derechos indígenas y afrodescendientes, quien señala que la nueva Carta Magna oficialista incluye modificaciones a los artículos 132, 181 y 184 que eliminan la división de poderes y acaban con la autonomía de los Gobiernos y Consejos Regionales de la Costa Caribe.
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«El Estado organizará por medio de una ley de carácter constitucional, el Régimen de Autonomía para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Étnicas de la Costa Caribe, la que deberá contener, entre otras normas, las atribuciones de sus órganos de gobiernos comunales y territoriales, así como su relación con el Gobierno Central y los gobiernos municipales en el ejercicio de sus derechos», refiere el artículo 181.
Esta nueva disposición introduce cambios que despojan a las comunidades indígenas y afrodescendientes de su derecho a la autodeterminación. La activista, que prefiere ser citada bajo anonimato, indicó que la nueva ley despojaría a las comunidades y territorios indígenas de la autonomía y autodeterminación de la que la Ley No. 445 y la anterior Constitución establecen.
«Sería el Estado por medio de la nueva Ley la que regulará los órganos de gobiernos comunales y territoriales, sustituyendo a las comunidades y a los territorios indígenas y afrodescendientes, que actualmente lo realizan por medio de los estatutos y reglamentos internos que ellas mismas crean”, expresó.
También refirió que al otorgar a la nueva Ley la regulación de los órganos de gobiernos comunales y territoriales así como su relación con el Gobierno Central y los gobiernos municipales en el ejercicio de sus derechos, la reforma abre la puerta para vaciar de toda competencia o poder a las comunidades y a los territorios indígenas y afrodescendientes ante las municipalidades y el mismo Gobierno Central.
Por otro lado, el artículo 132 establece que la pareja dictatorial coordinará a los órganos regionales, eliminando cualquier vestigio de autonomía regional en la Costa Caribe.
“La Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del Pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”, indica el artículo.
En el mismo artículo la dictadura advierte que “la Presidencia de la República es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior”.
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Un nuevo estatuto sin autonomía
Mientras tanto, el artículo 184 prevé la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía para las regiones de la Costa Caribe, que tendría rango constitucional, pero bajo las directrices centralistas del régimen.
«Son leyes constitucionales: la Ley Electoral, la Ley de Emergencia, la Ley de Justicia Constitucional y el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, que se dicten bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua», establece el artículo en mención.
Esta disposición evidencia que cualquier mención a la autonomía será simbólica, sin efectos reales en la gestión territorial o política de las regiones.
La activista de temas indígenas y afrodescendientes señaló que los nuevos artículos representan un golpe directo a los derechos de autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios, afectando áreas fundamentales como la capacidad de definir su desarrollo conforme a sus cosmovisiones y tradiciones.
También restringe el libre ejercicio de sus actividades culturales, espirituales y económicas y la seguridad alimentaria, al debilitar sus derechos sobre recursos naturales y tierras.
La fuente criticó que estas reformas no fueron consultadas con las comunidades indígenas y afrodescendientes, violando los principios internacionales de consentimiento libre, previo e informado.
“En las Regiones Autónomas la reforma acaba con la autonomía comunitaria depositada actualmente en las autoridades comunales y territoriales; y con la autonomía regional depositada actualmente en los Gobiernos y Consejos Regionales”, recalcó.
Con estas modificaciones, el régimen de Ortega y Murillo profundiza su control autoritario al centralizar el poder en la Presidencia al mando de ellos y elimina los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
La defensora de los derechos indígenas que prefirió no ser citada por miedo a represalias del régimen, destacó que la pérdida de autonomía comunitaria y regional refleja un retroceso en los avances logrados desde la Constitución de 1987, poniendo en peligro la diversidad cultural y los derechos colectivos en Nicaragua.
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