El zarpazo del gobierno de Daniel Ortega contra los medios de comunicación independientes, movimientos sociales y organizaciones políticas opositoras será en los próximos días. Según declaró el jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, las leyes serán aprobadas a más tardar el 13 de octubre.
El diputado sandinista admitió que la Ley de Agentes Extranjeros busca asfixiar a las organizaciones y evitar que los opositores accedan a fondos en las elecciones previstas para el año 2021.
“¿Te imaginás que alguien de cualquier gobierno con intereses en otro país le deposite plata a un candidato determinado? Eso no es posible en Nicaragua”, manifestó a un medio de comunicación oficialista.
“No se va a aceptar plata para incidir en nuestros asuntos internos. Ninguna potencia extranjera puede venir con su plata a decir lo que los otros nicaragüenses nos corresponde decidir”, subrayó Porras, sancionado por Estados Unidos en junio del 2018 por violaciones a los derechos humanos.
Ortega no quiere rivales
La ley estipula que todo aquella asociación o persona natural o jurídica que reciba fondos de un gobierno extranjero o agencia internacional es un “agente extranjero”. Los afectados no podrán ocupar un cargo público ni ser candidatos a un cargo de elección popular. Esto inhibirá por ley a muchos de los opositores en las elecciones del próximo año.
A pesar de las amenazas del oficialismo y de él mismo contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, Porras aseguró que no se está prohibiendo su existencia sino más bien «regulando».
“Vemos la necesidad que exista, porque vamos a regular los agentes extranjeros. No estamos prohibiendo, pero vamos a regular que una persona o asociación va a recibir dinero de otros gobiernos o asociaciones del extranjero, que va a utilizar en actividades para influenciar la realidad de nuestro país. Entonces como sujeto obligado te van a inscribir y vas a entregar estados de cuenta mensualmente, sobre la ejecución de la plata recibida”, aseguró.
El diputado defendió la iniciativa del gobierno argumentando que leyes como esa existen en Estados Unidos y países de Europa.
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