«Oportunismo y manipulación»: Cuestionan discursos de aspirantes a la presidencia

El nombre de Dios juega un papel significativo en la política nicaragüense, país donde la tradición religiosa continúa manteniendo un peso considerable. Las iglesias, de distintas denominaciones, se han convertido desde hace varios años en instituciones donde se inspiran las costumbres y tradiciones que actualmente imperan en el país, lo que ha llevado a un proceso de interiorización de lo religioso que ha sido utilizado como una herramienta por la clase política nacional.

El falso catolicismo de Rosario Murillo

La Constitución Política de Nicaragua establece que no existe religión oficial en el país, es decir que oficialmente el Estado es reconocido como laico, sin embargo, en la práctica se percibe un panorama distinto. Durante los últimos 15 años, Nicaragua se ha visto cubierta bajo el lema de ser “cristiana, socialista y solidaria”.

De entrada, Daniel Ortega flechó tanto a católicos como a evangélicos con la prohibición del aborto en todas sus formas. Sin descanso, cada mediodía la vicepresidenta Rosario Murillo emite comunicados oficiales en los cuales evoca oraciones y agradecimientos a Dios. Además, el Estado destina de los fondos públicos para promover actividades religiosas —como los 8.58 millones de córdobas que presupuestó el año pasado para celebrar las purísimas en instituciones públicas—.

“En un verdadero estado laico y en una transparente separación de la Iglesia con el Estado, los gobernantes y sus funcionarios no promueven ni financian ningún tipo de religión” cuestionaba en un escrito para El Nuevo Diario de 2007 el escritor Jorge Eduardo Arellano. De igual forma, apuntaba cómo durante los 16 años que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) “gobernó desde abajo” criticó a los gobiernos de derecha por promover y sostener “el estado parroquial”, pero ahora que este “gobierna desde arriba, ese estado parroquial continúa vigente y, por lo visto, con más fuerza”.

Desventaja para derechos humanos

A través de beneficios, el FSLN ha logrado congraciarse con la población creyente, pero esto ha simbolizado un retroceso en materia de derechos humanos. La socióloga María Teresa Blandón comparte que existe una clara alianza entre las iglesias católicas y evangélicas con el Estado en temas como el de la violencia de género, el aborto, educación sexual y el reconocimiento de las uniones de hecho, frente a los cuales jerarcas de ambas iglesias han mantenido posiciones similares y han recibido el aval del gobierno.

FSLN, el partido que promovió penalizar el aborto terapéutico en todos los casos

Blandón considera que los grupos más conservadores del país no tienen “una postura democrática” y que, por el contrario, “pretenden imponer al conjunto de la sociedad sus propias creencias y su propia moral sexual”, lo que califica como grave pues “está reñido con las libertades individuales”.

Más allá de una sociedad religiosa, Blandón considera que lo que se observa es “una sociedad donde ha venido creciendo el fanatismo religioso”, pues “lejos de fortalecer la fe lo que hace es empobrecerla con consignas autoritarias y con falta de compasión”, lo que no considera sea parte de “una fe saludable que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la sociedad nicaragüense”.

El Estado utiliza fondos públicos para celebrar algunas actividades religiosas a lo largo del año | Cortesía

Separación Estado – Iglesia

La fuerza de la iglesia dentro de la política nicaragüense es histórica, por ello no es de sorprender que, frente a las próximas elecciones del 7 de noviembre, la mayoría de aspirantes a la presidencia se presenten como fieles devotos que esperan gobernar en nombre de Dios. Algunos de los discursos políticos se centran en fundamentalismos religiosos invocando cierta superioridad moral, como se ha podido observar en recientes debates públicos.

Para la socióloga, que aspirantes a la presidencia sostengan públicamente ser “cristianos y pro vida” es parte de “un oportunismo”, pues considera que la clase política utiliza estos temas “para ganar votos”.

Los grupos que han defendido la laicidad del Estado a través de los años han sido estigmatizados no solo por el Estado sino también por líderes religiosos. Blandón destaca que “hay una responsabilidad enorme de los líderes religiosos que tienen el deber de promover una fe que no sea contraria a los derechos humanos” y que por otro lado se necesitan partidos políticos que respeten el Estado laico y su papel como garante de derechos humanos. “Los derechos humanos no pueden estar sometidos a la moral o creencias de ninguna organización religiosa” destaca.