El pasado 3 de febrero el consejo directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) aprobó una resolución con el fin de establecer una serie de requisitos que deben cumplir los proveedores de servicios de pago de remesas para operar con subagentes, debido a sus funciones como órgano regulador.
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En 2018, con la aprobación de la Ley contra en el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, se otorgó al BCN la potestad de regular la actividad comercial de los proveedores de servicios de remesas, misma función que fue reforzada recientemente a través de la reforma a la Ley de personas consumidoras y usuarias.
Juan Carlos López, de Defensa al Consumidor, explicaba que con la Ley 842 se establece que quienes tengan algún tipo de reclamo, como las constantes quejas de la población sobre la cordobización de sus remesas, podrían recurrir ante el BCN para atender dicho comportamiento, pero destacaba que no es algo que esté establecido de forma explícita y que se debía emitir un reglamento “si en realidad se pretende proteger al consumidor» y no solamente se le dio esa facultad «para fiscalizar el comportamiento general de remesas”.
Nuevo reglamento
Este lunes, a través de La Gaceta Diario Oficial, se publicó un nuevo Reglamento de Subagentes de los proveedores de servicios de pago de remesas. Este establece que los proveedores de servicios de pago de remesas autorizados por el BCN podrán contratar como subagentes a personas naturales o jurídicas legalmente establecidas en Nicaragua.
El subagente establecerá una relación contractual con uno o más proveedores de servicios de pago de remesas con registros emitidos por el BCN. Los proveedores deberán contar con una política para operaciones con subagentes que debe contener procedimientos y controles para gestionar «riesgos» asociados a la prestación de servicios a través de subagentes, condiciones de acceso y uso de los servicios (límite en el número de transacciones por cliente, montos máximos por transacción, frecuencia de transacciones por clientes, tipo de transacción, entre otras); mecanismos de compensación, neteo y liquidación con los subagentes; procedimiento de atención a reclamos, mecanismos de supervisión de las visitas a los subagentes. Los proveedores de servicios de pago de remesas que tengan contratos con subagentes tendrán hasta el 30 de junio de 2021 para ajustarse a este reglamento, en caso de incumplir con lo dispuesto, recibirán una multa en línea.
Fiscalización de remesas
Durante los últimos años, expertos han expresado preocupación por el control que vienen haciendo las autoridades sobre las remesas. Datos del BCN muestran que durante el año 2020 se captó un total de US$1,851.4 millones en concepto de remesas, es decir un 10% más que lo registrado en 2019. Estas representan la segunda fuente más importante de dinero en el país.
El economista Luis Murillo dijo a la Voz de América que si bien estas representaron casi el 12% del Producto Interno Bruto (PIB), a nivel particular los migrantes no llegan a enviar más de 300 dólares, por lo que regulaciones que se han venido ejerciendo en este rubro, como el control de aquellas que excedan los US$500, cree podrían corresponder a una previsión del gobierno del «traslado de dinero para la futura campaña electoral».
El economista Luis Núñez insiste en que esta Ley es inconstitucional ya que se está reformando por la vía de hecho las funciones del BCN, «en la Ley de Defensa al Consumidor no hay una reforma a la ley orgánica del BCN que diga que esta institución se dedicará a regular las operaciones de otras entidades de negocios, el Banco Central no está diseñado para eso, no está diseñado para sancionar a nadie».
Con estos reglamentos, cambian radicalmente su «giro de trabajo» asegura el economista, y aclara que aunque la regulación en sí no es negativa, lo que no es correcto es la forma en que se está reformando la ley «y ya nosotros hemos tenido experiencias de este tipo de acciones que el gobierno ejerce, que reforma leyes de vía de hecho».
Destaca que esto abre puertas para ejercer un mayor control sobre las remesas pues el BCN «se meterá» directamente con todos los proveedores, pero espera que no suceda nada negativo con esto que llegue a afectar las remesas familiares «y solo sea el sano ejercicio de controlar y garantizar a la población nicaragüense que se le brinde un servicio de calidad».
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