El gobierno de Daniel Ortega mantiene a más de 100 presos políticos en diferentes cárceles de Nicaragua por lo que la oposición debe tener un plan concreto y bien definido para poder liberarlos –algo que poco se ha planteado– si logra derrotar al líder sandinista en las próximas elecciones del mes de noviembre.
Esta liberación no puede ser inmediatamente ya que se debe seguir un proceso que puede durar varios días si hay un cambio de gobierno. Esto solo puede darse mediante una amnistía irrestricta que tiene dos figuras: la gracia presidencial y el indulto concertado, asegura el constitucionalista Fanor Avendaño.
Avendaño ejemplifica que la situación que está viviendo Nicaragua tiene algunas similitudes con lo que sucedió en el proceso político de 1973 en Uruguay, cuando ese país sudamericano tuvo una férrea dictadura.
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“El primero de marzo de 1985 gana (en Uruguay), Julio María Sanguinetti, llega al poder y comienza el proceso democrático. En ese sentido, cuatro días después Sanguinetti hace un decreto de iniciar la conversión para sacar a las presas y presos políticos”, expone Avendaño.
Agrega que en un Parlamento difuso en Uruguay no se tenía claro si se definía actos políticos de consciencia o delitos de sangre. De igual forma no se sabía si daban el indulto a los presos políticos, si se hacía una amnistía o un perdón del presidente de ese país.
En el caso de Nicaragua
Avendaño supone que si antes de las elecciones, Ortega quiere liberar a los presos políticos, puede hacerlo porque el 80% no está juzgado con sentencia y los actos no están probados, dice. “Entonces podría sacarlos por falta de pruebas, por una gracia presidencial o por un indulto”, destaca.
En caso que el líder sandinista no los libere y se celebren elecciones con presos políticos, el nuevo presidente puede tener tres figuras para liberarlos. “Primera figura que va a tener: liberación de gracia; segunda, indultarlos con el apoyo del Parlamento, y tercera figura que va a ser gran polémica –ahorita no se está discutiendo– si el nuevo gobierno asume ese gran riesgo político de dar una amnistía irrestricta”, sostiene.
“La amnistía irrestricta tiene dos valores: un valor de crear una inestabilidad total creando una condición de olvido. No tenés espacio, lugar ni actos”, explica.
Pero señala que hay una amnistía puntual, la cual puede ser que están amnistiados los presos políticos sin nombres. “Esos sin nombres que fueron apresados por el gobierno de Ortega están liberados en una amnistía que se olvida todo lo que han pasado”.
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“En un partido que está saliendo de una negociación te puede pedir una amnistía irrestricta porque sabe que tienen las otras dos figuras que son: la gracia presidencial y el indulto concertado”, agrega el constitucionalista, quien sostiene que esto lleva un proceso que debe cumplirse.
El gobierno sandinista aprobó en junio de 2019 una polémica Ley de Amnistía para liberar a varios presos políticos y que según la oposición también benefició a policías y «paramilitares» señalados de cometer crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, la normativa está basada en la tesis oficial de que las manifestaciones antigubernamentales eran parte de un intento de golpe de Estado contra Daniel Ortega.
Presos políticos deben ser liberados antes de noviembre
El politólogo y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, dijo a Nicaragua Investiga que es inaceptable que el país deba esperar a que gane la oposición para lograr la liberación de los reos políticos. Por lo tanto, ha sostenido que la inmediata liberación de ellos debe ser una condición para ir a las elecciones.
“Las personas secuestradas están en las cárceles simplemente por sus ideas políticas y, por tanto, cada día que pasan en una celda, es un día más que se violan sus derechos humanos”, apunta Maradiaga, quien además dice que en un gobierno democrático, “uno de los primeros y más urgentes compromisos es que nunca más en Nicaragua existan presos políticos o presos de conciencia”.
De acuerdo a Maradiaga, el Estado de Nicaragua está obligado a establecer un programa de no repetición, y en la medida de lo posible, de reparaciones inmediatas. Sin embargo, asegura que nada material podrá compensar las torturas y la privación arbitraria de libertad, “pero es un proceso que considero fundamental en todo proceso de justicia transicional”, dice.
“Para ello, he propuesto la creación de una Fiscalía especial y de una Comisión de la Verdad, que deberían investigar, establecer responsabilidades y determinar las modalidades de reparación”, expresa el aspirante a la presidencia.
La justicia transicional fue usada ampliamente en América Latina luego de las guerras que agobiaron la región a finales del siglo XX. Es básicamente un conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos bajo el objetivo de reconocer a las víctimas.
Oposición «presiona», pero Ortega no libera a los presos políticos
El opositor y miembro de la Coalición Nacional, José Pallais Arana, afirma que la oposición nicaragüense se plantea «presionar» como parte de las condiciones habilitantes para ir a elecciones, la salida inmediata de los presos políticos a través de cualquier medida que contempla la Ley.
Pallais manifiesta que si esta presión no funciona para lograr la salida de los presos políticos, “la justicia es la prioridad” para establecer los derechos y las garantías en Nicaragua. “Una parte esencial de la justicia es declarar la nulidad de todos esos juicios, que han sancionado injustamente a nicaragüenses por el delito de pensar diferente”, acota.
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Por otro lado Pallais sostiene que la reparación de los presos políticos lo asume la oposición con todos los principios de la justicia transicional. “Esto pasa por establecer la verdad sin duda, la reparación: el Estado es responsable y todos los que se involucraron en la violación de esos derechos humanos son personalmente responsables”, interpeló.
Presos políticos son objeto de «intercambio»
Daniel Ortega no ha escuchado el clamor de los familiares de los presos políticos que piden constantemente su liberación, ya que son torturados dentro de los penitenciarios, según denuncias de organismos de derechos humanos nacional e internacional. Tampoco la oposición nicaragüense ha tenido beligerancia para poner el foco de atención en los reos políticos y las víctimas de abril de 2018, según la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN).
Por otra parte, en el contexto de la prolongación de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el 2018, la CIDH ha constatado que los presos políticos son una ficha importante para el gobierno de Ortega porque han sido considerados como objeto de «intercambio» y «negociación» con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones de la oposición y la sociedad civil.
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