La Oficina para la Alta Comisionada de Derechos Humanos OACNUDH emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por las recientes medidas impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega y que a su juicio «alejan» a Nicaragua de «la posibilidad de un proceso electoral con respeto de los derechos humanos».
La OACNUDH considera que la aprobación de la reforma electoral, la composición del Consejo Supremo Electoral, la disolución de dos partidos políticos, y las acusaciones en contra de una de las aspirantes a la presidencia causan un clima de tensión en el país.
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— OACNUDH (@OACNUDH) May 21, 2021
“Lamento que, a menos de seis meses de las elecciones generales, el Estado de Nicaragua haya tomado estas medidas que alejan, en lugar de acercar, la posibilidad de un proceso electoral donde se respeten los derechos humanos de todas las personas a asociarse libremente en forma de partidos políticos, a postular sus candidaturas y a votar por las opciones políticas de su elección”, declaró Alberto Brunori, Representante de OACNUDH.
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«Grave» panorama electoral
El organismo también cuestiona que el Consejo Supremo Electoral haya retirado la personería jurídica a dos partidos políticos, el PRD y el Partido Conservador, sin haber permitido «el derecho a la defensa» a sus representantes legales.
“La disolución es el castigo más severo que se puede imponer a un partido, y por lo tanto solo puede ser tomado cuando su mera existencia supone una amenaza grave a la democracia”, señaló Brunori.
“Resulta problemático que el Consejo Supremo Electoral haya tomado esta medida contra el PRD por una supuesta separación de los principios bíblicos fundacionales del partido, siendo una causal que no se encuadra en ninguno de los supuestos aceptados por el derecho internacional de los derechos humanos para restringir la libertad de asociación” agregó el representante de la Oficina Regional.
OACNUDH hizo un llamado al Estado nicaragüense a modificar la ley electoral para «alinearla con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, y a restablecer plenamente las garantías para el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y de participación política que resultan requisitos indispensables para un proceso electoral libre, creíble, equitativo y participativo».
OACNUDH fue expulsada del país a finales de agosto de 2018 tras considerar como «injerencistas» y «parcializadas» sus resoluciones en las que cuestiona la respuesta violenta del estado contra manifestantes pacíficos.
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