La organización Urnas Abiertas publicó este miércoles 7 de diciembre un informe detallado sobre los resultados de la fiscalización de las polémicas votaciones municipales, que se llevaron a cabo el pasado 6 de noviembre pasado.
En el informe «Nicaragua Observa«, que tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, Urbas Abiertas reporta un total de “5,821 anomalías, irregularidades o violencia política durante la jornada de votación”, lo cual se desprende de 1,871 reportes ciudadanos procesados por el observatorio.
Entre las irregularidades encontradas por Urnas Abiertas se detallan:
- Uso de vehículos del Estado
- Coacción del voto
- Indicios de fraude electoral
- Votantes de otra localidad
- Propaganda electoral dentro de los Centros de Votación (CV)
- Padrón electoral no visible
- Violencia política
Gráfico de reportes por departamentos. Urnas Abiertas.
Para este estudio, el observatorio ciudadano se apoyó de “1,700 personas que observaron el desarrollo de la jornada». A través de la información de estos, el organismo concluyó que “la afluencia a las urnas fue del 17,33 % y el índice de abstencionismo ascendió a 82,67 %”.
Uso de vehículos del Estado
En este sentido, Urnas Abiertas detalla que el 23,04 % de estas irregularidades (1,341) “corresponde al uso de vehículos del Estado para trasladar votantes por parte de las estructuras partidarias del FSLN”. Agrega que otros automotores de transporte público y de civiles “fueron pagados por el gobierno” para ese mismo fin.
Al menos 25 instituciones públicas habrían utilizado sus vehículos para trasladar a votantes, entre estas se encuentran: alcaldías, universidades, bomberos, Poder Judicial, Policía, delegaciones de ministerios y otras instituciones estatales.
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Coacción del voto
Urnas Abiertas destaca que se observó que el partido de gobierno instaló puestos de control y utilizó a “movilizadores”, quienes eran las personas encargadas de realizar visitas casa a casa “para coaccionar a la población para ir a votar”, una práctica que según el organismo, “comenzó meses antes de los comicios del 6 de noviembre”.
También reportó “casos de soborno con comida en poblaciones de las zonas rurales y de la Costa Caribe Norte y Sur, así como ofrecimientos de pago a cambio del voto en Sébaco, Río Blanco y Puerto Cabezas”.
Otras de las formas de coacción realizadas por el régimen fueron: amenazas de pérdida de jubilación, becas, bonos de combustible y ayuda, a personas de la tercera edad, estudiantes, transportistas y familiares de “caídos” sandinistas. Hubo presiones para quienes han sido “beneficiarias del llamado Bono Solidario y de otros programas sociales”. En el sector comercial se usó la coerción con los permisos de operación de mercados, farmacias y otras pequeñas y medianas empresas, además de coacción con los afectados del huracán Julia.
“La coacción del voto es una violación expresa a lo establecido en la Ley 331, Ley Electoral (…) sin embargo, los órganos de autoridad electoral en todos sus niveles faltaron a sus deberes”.
Indicios de fraude electoral
“Se registraron 988 irregularidades (16,97 %) vinculadas a actividades que son indicios de fraude electoral”, en este sentido 861 personas denunciaron que “se vieron limitadas o impedidas a votar” por ser “opositoras”.
Otras anomalías detalladas por Urnas Abiertas son: doble o múltiple voto en la misma Junta Receptora de Votos, “actas de escrutinio fueron manipuladas… se colocó hasta un 30 % de votos adicionales”, entre otras.
Votantes de otra localidad y propaganda electoral dentro CV
En el estudio del observatorio ciudadano se explica que “un 15,22% de las anomalías (886) tiene que ver con el traslado de personas para votar en otras localidades diferentes a las que pertenecen” y que en el caso de la propaganda electoral dentro de los Centros de Votación (CV) se detectaron 845 (14,52%).
Tipo de propaganda en los Centros de Votación. Urnas Abiertas.
“La propaganda observada incluyó principalmente a simpatizantes del FSLN haciendo proselitismo e invitando verbalmente a votar en la casilla 2 al interior de los CV”, explican.
Padrón electoral no visible y violencia política
“El Manual para el Proceso de Votación publicado por el CSE indicaba que el padrón electoral debía colocarse ‘en un sitio visible y accesible a la ciudadanía’. Sin embargo, se registraron 390 irregularidades (6,70 %) relacionadas a la ausencia del padrón en el CV o en su respectiva JRV”.
En el caso de la violencia política, Urnas Abiertas recibió 205 denuncias entre el 5 y el 6 de noviembre. De estas, 152 “ocurrieron dentro de los CV y el resto sucedieron de manera focalizada contra liderazgos territoriales que todavía se encuentran en el país”. Destacan que los sitios donde más hubo incidencia de este tipo de anomalías fueron “Masaya, Matagalpa, Managua y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur”.
“La violencia política se manifestó a través de detenciones arbitrarias, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, expulsiones de los CV, control en carreteras, presencia policial desproporcionada y presencia de paramilitares en los CV”, se lee en el informe.
Proceso irregular de principio a fin
Urnas Abiertas concluye que el proceso electoral fue irregular desde el principio hasta el fin y que los partidos “colaboracionistas” también fueron partícipes, por lo que no se escaparon de las denuncias.
“Los resultados de las elecciones municipales del 6 de noviembre de 2022 han propinado una mortal estocada a la democracia en general y al Desarrollo Local y la Autonomía Municipal en particular”, expone el organismo, y agrega que lo observado en las votaciones municipales de noviembre “fue un encadenamiento de acciones antidemocráticas de carácter violento y represivo”.
“El Consejo Supremo Electoral (CSE) informó que el 100 % de las alcaldías quedaron en manos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), demostrando de esta manera que perdieron cualquier tipo de mesura o interés de aparentar normalidad, legitimidad y pluralismo en Nicaragua”, se explica en el informe.
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