¿Podrían apresar a Cristiana Chamorro?

La aspirante a la presidencia de la República, Cristiana Chamorro, enfrenta desde el pasado 20 de mayo una investigación por presuntas inconsistencias en los reportes financieros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) entre los años 2015-2019.

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Chamorro es acusada por el supuesto delito de lavado de dinero. Para muchos, estos señalamientos responden a un intento del gobierno nicaragüense de suprimir su candidatura ya que es la de mayor respaldo en la oposición. La misma precandidata ha calificado el proceso de la Fiscalía como «una monstruosidad jurídica» en su contra.

Desde la comunidad internacional también se mantiene una alerta al desarrollo del caso y expresan preocupación por las acusaciones a la FVBCH y su exdirectora ejecutiva. El gobierno de Estados Unidos ha asegurado que no existen evidencias de lavado de dinero o instancias por medio de las cuales la fundación haya desviado fondos.

Fachada del Ministerio Público de Nicaragua | Foto: NI

Sin embargo, el Ministerio Público continúa expandiendo con rapidez el caso y ya ha citado a más de una decena de periodistas y representantes de medios de comunicación críticos al gobierno para fungir como testigos en contra de la FVBCH. Asimismo, dos extrabajadores la ONG se encuentran bajo detención desde el pasado viernes de forma arbitraria, pues nunca se presentó ninguna orden judicial.

Las diversas arbitrariedades acumuladas en la investigación hacen surgir dudas respecto a si más personas podrían estar siendo imputadas en el caso y si Chamorro podría estar siendo finalmente apresada.

¿Qué dicen expertos?

El abogado Maynor Curtis, quien sigue de cerca el proceso de investigación, considera que para que los extrabajadores de la Fundación VBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, hayan sido detenidos deben existir suficientes «elementos de prueba» y por lo tanto esto implicaría que el resto de imputados también podrían ser apresados, «a menos que solo hayan encontrado algo que impliquen a estos señores» y no a los otros investigados.

Para Curtis, el arresto de Chamorro es posible, pero primeramente debería ser llevada ante un judicial al igual que el resto de implicados. En un debido proceso, deberían ser presentados por la Fiscalía antes de cumplirse las 48 horas que el Juez resuelva, y ante la nueva ley que permite la detención judicial hasta por 90 días, no se necesitarían pruebas del caso sino que el Ministerio Público deberá únicamente justificar al Juez las razones de la investigación.

Al final del plazo de los 90 días, se decidirá si existen elementos suficientes para acusarlos por el delito de lavado de dinero o se pedirá al Juez la suspensión de la detención judicial. En el caso de Gómez y Fletes ya se ha solicitado extender el plazo de detención a 90 días, ya que «existe la probabilidad de que los imputados puedan evadir la justicia y obstaculizar la investigación», según la Fiscalía.

Aunque el ex funcionario judicial, Yader Morazán, ve con dificultad que Cristiana Chamorro sea apresada debido al «peso político» que esto tendría. «Una orden de captura, yo creo que el peso político sería muy fuerte para poderlo afrontar en un contexto electoral como este» y agrega que «lo más lamentable es que generalmente a quienes capturan no son a las personas que tal vez tiene ese peso político a nivel nacional e internacional sino que siempre están capturando al de a pie».

Sin embargo, Morazán reconoce que «en este tipo de regímenes no se puede descartar nada» y que ex compañeros del sistema de justicia le han compartido que «hay un temor fundado precisamente por el nombre de Cristiana Chamorro y la forma en cómo resuena como una contrincante que podría unificar a todos los grupos opositores en Nicaragua».

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«Pero mas allá de la simpatía que esto podría lograr, es importante que los nicaragüenses entendamos que estamos bajo una dictadura y a veces no se en qué momento perdemos el norte y nos prestamos mucho a contextos electorales como si tuviéramos sistemas medianamente democráticos» e insiste en que este tipo de procesos deben comprenderse bajo esa misma línea.

Hasta el momento, no se han efectuado nuevas detenciones por el caso de la Fundación Chamorro. Sin embargo, prevalece la incertidumbre sobre el rumbo que estará tomando el proceso debido a las irregularidades presentadas, y si se estará finalmente acusando a todos los imputados y a la precandidata presidencial en el presunto delito de lavado de dinero para inhibir formalmente su continuidad en el proceso electoral del 2021.