Por primera vez desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, el Parlamento Europeo (PE) aprueba una resolución apuntando hacia los fondos del gobierno sandinista. Con 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, fue aprobado el documento en el que solicita a organismos internacionales rastrear el dinero de la administración de Daniel Ortega en el mundo, para «garantizar la seguridad financiera internacional frente a operaciones ilícitas originadas en el régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores».
El Europarlamento que está conformado por 705 miembros, de los cuales 688 participaron en la votación, solicitan a la Unión Europea (UE) la aplicación de nuevas sanciones que incluyan al presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo, y su círculo de allegados «sin dañar al pueblo nicaragüense», por lo que proponen que la UE continúe con la ayuda humanitaria al país, pero haciéndola llegar «a sus verdaderos beneficiarios, y no al gobierno y las autoridades».
¡VAMOS NICARAGUA! El Parlamento Europeo condena rotundamente los crímenes de Ortega y Murillo y exige que se les sancione de inmediato. Esta victoria pertenece a los miles de nicaragüenses valientes que cada día plantáis cara al régimen. No os quepa duda: ¡Se van! pic.twitter.com/P3uS27W5A5
— José Ramón Bauzá (@JRBauza) July 8, 2021
El periodista y escritor argentino, Andres Oppenheimer, dijo en una de sus columnas de opinión que la «forma inmediata y más efectiva» para presionar a Ortega es «amenazar con exponer su corrupción» haciendo referencia a los negocios que ha adquirido la familia Ortega-Murillo desde que el mandatario sandinista asumiera el poder en 2007.
«Una estrategia mucho más innovadora y eficaz sería que Estados Unidos y Europa inicien una investigación bancaria internacional para documentar la corrupción de la familia Ortega. Amenazar a Ortega con exponer públicamente los negocios turbios de su familia lo presionaría mucho más que las sanciones económicas», señaló Oppenheimer.
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Asimismo, el periodista argentino adelantó que era necesario «investigar las transacciones bancarias de Camila y sus hermanos» quienes tienen cargos importantes en el gobierno y dirigen empresas de comunicación, moda, petróleo y finanzas en el país.
«Eso expondría la corrupción del régimen de Ortega ante el pueblo nicaragüense. Y eso es lo que más temen los dictadores, mucho más que las sanciones externas» puntualizó el escritor.
Entre los países con altos niveles de lavado de dinero
El exdiputado y analista político, Enrique Sáenz, quien califica de «mafia» a la pareja presidencial de Nicaragua, cree que «esta disposición incluida en la resolución del PE no hace más que reconfirmar lo que ha sido señalado hace tiempo. Es decir, es una realidad conocida por la misma comunidad internacional». Sin embargo, estas investigaciones podrían concluir en más sanciones que debilitarían los fondos de la familia Ortega-Murillo y un aislamiento internacional, sin afectar al pueblo «productor, exportador y consumidor».
De acuerdo a sus declaraciones, rastrear el dinero de la administración Ortega-Murillo «no es una novedad», debido a que anteriormente el Instituto de Basilea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han descrito enfáticamente que el gobierno sandinista es uno de los «peores del mundo» calificado en materia de lavado de dinero.
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El Instituto de Basilea es un departamento de gran prestigio internacional por su competencia técnica y profesional especializada en temas de lavado de dinero, que en el 2020 colocó al gobierno de Ortega como el número 16 entre 32 países con más alto nivel de riesgo de lavado de dinero con un puntaje de 6.78 donde el máximo riesgo equivale a diez.
«Pero, también están los señalamientos del Departamento de Estado de EE.UU., al Bancorp (Banco Corporativo) como una de las entidades que utilizaba el régimen o la mafia en el poder para el trasiego ilícito de capitales; igual fue para DNP (Distribuidora Nicaragüense de Petróleo) una empresa estatal y que por arte de magia apareció como propiedad privada de la familia en el poder, y que fue objeto del mismo señalamiento al igual que Caruna (Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, R.L.)» explicó Sáenz.
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El analista político, además reconoció que en Nicaragua, el Estado ha sido «cooptado por la mafia» para realizar actividades ilícitas como fueron los más de 5 mil millones de dólares (según datos del Banco Central de Nicaragua) recogidos por la cooperación venezolana y que fueron «apropiados como capital privado».
«Se suscribió un convenio internacional, un convenio de Estado a Estado para la incorporación de Nicaragua a Petro Caribe que posibilitaba la cooperación petrolera venezolana, quiero decir, que Venezuela suministrara los requerimientos de petróleo de Nicaragua, y sin embargo, mediante una medida fraudulenta transformaron esos flujos en carácter privado, ahí tuvimos el primer gran lavado de dinero, más de 5 mil millones de dólares«, dijo Sáenz.
Enrique Sáenz, analista político. Foto cortesía / Vamos al punto
¿Sanciones al pueblo de Nicaragua o a la familia Ortega-Murillo?
Ante la desinformación divulgada por el discurso repetitivo de la familia Ortega-Murillo en el que denuncian la «injerencia internacional» bajo sanciones «al pueblo de Nicaragua», Enrique Sáenz desmiente este mensaje mediático y asegura que es importante tener claro que las investigaciones y medidas externas son impuestas directamente «al patrimonio mal habido de la mafia en el poder».
«Todos estos negocios conocidos y los no conocidos de Ortega y su combo como capital privado son los que están expuestos a este tipo de medidas internacionales» aseguró Sáenz mientras se preguntaba «¿Qué tenían que ver los pobres con el Bancorp? ¿Qué tenía que ver el pueblo nicaragüense con DNP?«.
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«Antes de considerar cualquier tipo de medida que pueda afectar a los productores, a los exportadores, a los consumidores, todavía hay un amplio espacio que son las medidas que le duelen que van directamente a sus riales, las sanciones de carácter político, así como la policía, la única institución pública que ha sido objeto de sanciones y nada tiene que ver con las actividades productivas del país», concluyó Sáenz.
El pasado 9 de junio, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones individuales a cuatro allegados al gobierno sandinista, entre ellos, la hija y asesora de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo. Esta sería, la primera vez que se la administración del demócrata Joe Biden aplica sanciones a funcionarios nicaragüenses. Sin embargo, Ortega continúa con su plan represivo para reelegirse como presidente por cuarta ocasión consecutiva, bajo el control de todos los poderes estatales.
Nicaragua Investiga
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