La presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, dijo en entrevista al oficialista canal 8 que las casas de estudios superiores que perdieron su personería jurídica el pasado 2 de febrero y que ahora pasan bajo la administración de esta institución gubernamental, se regirán con nuevos costos arancelarios.
Según Rodríguez, la decisión fue tomada al igual como sucedió con la antigua Universidad Hispanoamericana (Uhispam) también cancelada su personería jurídica en 2021, y la cual pasó bajo administración del CNU.
«Revisamos cómo estaba el régimen arancelario, si habían estudiantes con beca; lo que hacemos es tender a la baja, porque tratamos de darles un tratamiento justo. Como CNU lo que necesitamos es el aporte de ellos (estudiantes) para asegurar el pago de sus docentes y gastos administrativos», indicó la presidenta del CNU sin mencionar el porcentaje de reducción en el pago de aranceles.
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Rodríguez, también ex-rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan), explicó que de «inmediato hemos conformado los equipos que van asumir la responsabilidad para la conducción en cada una de estas universidades; conducción académica y administrativa para que los estudiantes continúen con su actividad académica».
En el caso de los estudiantes que se encuentran en la etapa final para concluir su carrera de estudio, el CNU brindará al alumnado la modalidad de culminación de estudios que corresponda, «esta puede ser una tesis, un seminario de graduación».
Rodríguez también aseguró que en cuanto a la emisión de títulos, el CNU se encuentra en «análisis» para que estos sean certificados por una universidad nicaragüense y validados internacionalmente, aunque se desconoce cuál sería esa casa de estudios.
Estudiantes seguirán asistiendo a las mismas aulas de clases
Por otro lado, la presidenta del CNU confirmó que los estudiantes continuarán asistiendo a las aulas de clases en cada universidad donde se encuentran matriculados pese a ser despojada de su personería jurídica, a como sucedió con la extinta Uhispam donde el alumnado inició sus clases el pasado 31 de enero.
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«Nuestra actividad académica la vamos a desarrollar en los recintos donde ellos estaban matriculados, es decir, no movemos a los estudiantes porque son infraestructuras que estaban siendo ocupados por ellos», expresó.
Ante tal decisión, el académico Ernesto Medina explicó en sus redes sociales que «los estudiantes de las universidades cuyas personerías jurídicas fueron canceladas (…) deben exigir que los trasladen a las universidades públicas en iguales condiciones que los estudiantes que ahí estudian, sin pagar un solo centavo».
«El Estado nicaragüense debe asumir la responsabilidad de sus actos irresponsables. No deben aceptar que los administre el CNU que no tiene ninguna competencia para ello», señaló Medina.
Nicaragua Investiga
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