¿Cómo impactará el masivo cierre de las universidades privadas en Nicaragua?

Los directores alegaron que no existe razón para cancelarle la personalidad jurídica, por los que se sienten "sorprendidos". Solo hacen una petición: resolver la continuidad de estudio a universitarios.

Con el despojo de personalidad jurídica de cinco universidades privadas, sale perdiendo la educación profesional de Nicaragua. Con la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), dos carreras de prestigios se verían afectadas: la escuela de Diseño Gráfico, considerada una de las mejores del país, y la de Enfermería, que da títulos de nivel superior para enfermeras.

La afectación de la Upoli además trastoca el Conservatorio de Música, que ha formado a grandes artistas que hoy se destacan en Nicaragua, y que es el único que existe en una casa de estudios superiores en el país.

Un académico explicó que todo apunta que se está volviendo a un Estado centralizado, a un Estado que domina y controla todo. Agrega que viene a controlar y decidir en lo que hacen o deben hacer los ciudadanos, en este caso los universitarios que tenían libertad de pensamiento en estas casas de estudios.

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“Esto da inseguridad en el mundo de la academia, porque el gobierno quiere hacer sentir que solo hay seguridad en las universidades públicas y de algunas privadas que son de amigos y colaboradores, como la Universidad de Managua (UdeM), que ahora recibe financiamiento estatal para hacer capacitaciones en docentes en formación”, refirió el académico.

Muchos académicos apuntan que la medida del régimen de cancelar las personalidades jurídicas, es para tener control absoluto en las universidades y mantener subordinados a los universitarios.

«Estamos preocupados»

Los directivos de las casas de estudios superiores se encuentran profundamente “preocupados” por el golpe que asestó el régimen de Daniel Ortega a través de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.

Los directivos quieren que se garantice la continuación del plan de estudio de los universitarios y que les den una respuesta de cómo será el proceso de su continuidad, ya que hicieron todo lo posible para “demostrar” que sus estados financieros se presentaron ante el Ministerio de Gobernación, pero fueron negado sin justificación.

Adrián Meza, director de la Universidad Paulo Freire, una de las que se le despojó sorpresivamente de la personalidad jurídica, indicó que lo más importante de su parte es que “se garantice la continuidad de los estudios de nuestros estudiantes”.

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“Esto incluye a los más de 600 maestros empíricos que estaban estudiando una ruta de profesionalización en Rivas”, dijo Meza y explicó que ese es un programa especial que estaban subsidiando, porque se trata de maestros de colegios públicos. “Fuera de eso, no nos imaginamos cuáles son las razones verdaderas que tiene el gobierno para cerrar la universidad”, agregó.

“Estamos atentos a las indicaciones que den las autoridades del CNU en relación de cómo van a continuar nuestros estudiantes sus clases. Eso es lo que más nos interesa. Lo demás, ya sabemos que estamos en Nicaragua”, argumentó.

Más de mil afectados por medida del régimen

Al menos unos 1,200 estudiantes podrían verse afectados por la medida que está imponiendo el Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano superior controlado por funcionarios leales al régimen sandinista y que han tomado represalias contra el presupuesto de la Universidad Centroamericana (UCA).

Los otros afectados serían unos 400 universitarios de posgrados y 500 maestros del sector público, militantes de ANDEN que estudian en la universidad, que son Trabajadores de la Educación de Nicaragua.

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Reacción de otro rector

Fanor Avendaño Soza, rector de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), otra que se le despojó de manera expedita la personalidad jurídica, refirió por su parte que en “política no hay sorpresas, sino sorprendidos”, por lo que no se imaginó que esto le pasaría a dicha casa de estudios.

El rector de UNEH coincide con el director Adrián Meza, asegurando que lo principal es garantizar a los universitarios la continuidad de sus estudios. “Ahorita esas fueron algunas de las orientaciones en la sede y que se oriente a los estudiantes donde se les busca una mejor salida”, dijo a este medio de comunicación.

Fanor Avendaño Soza, rector de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH).

Esta universidad es regional y tiene dos sedes: una está ubicada en Masaya y la otra en Jinotepe, en la que contabilizan entre unos 1,200 a 1,600 estudiantes en ambas sedes, que podrían verse perjudicados por el despojo de su personalidad jurídica.

Fanor Avendaño indicó que han venido mostrando sus estados financieros, “aunque ese es el argumento que van a poner, pero nosotros estamos tratando de cumplir la ley”, y dice que no manejo el aspecto financiero de la universidad, “pero estoy completamente seguro que se está cumpliendo con eso”.

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“Sabemos que estamos en Nicaragua”

Adrián Meza sostiene que no le “sorprende” la cancelación de la personalidad jurídica, porque era algo que lo venía venir de hace semanas atrás, pero aseguró que no entiende con lo que pasa. Dijo que hace 15 días demostraron públicamente ante el Ministerio de Gobernación que habían reportado sus estados financieros, pero que se les negó recibirlo.

“Desde el 14 de febrero del año 2021, le quisimos entregar al Ministerio de Gobernación los estados financieros del año 2020, pero ellos se negaron a recibirlo”, afirma y sostiene que personalmente volvió a asistir a la institución con los mismos documentos y nuevamente se rehusaron a recibirlos.

La Universidad Paulo Freire es una de las cinco universidades que el régimen les canceló la personalidad jurídica

Meza sostiene que todo es público, ya que “sacamos sendas comunicaciones públicas antes que esto ocurriera”, por lo que alega que no se puede decir que la afectación vino por no reportar los estados financieros.

“Si hay otras razones de fondo para tomar esta decisión, pues el gobierno sabrá. Pero, que no nos vengan con la ridiculez de decirnos que es porque no queríamos entregar estados financieros, porque la ciudadanía tiene constancia clara de lo que estaba ocurriendo”.

Medidas inconstitucionales

María Asunción Moreno, jurista y académica miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica, explicó que la medida contra universidades privadas es parte del proceso de consolidación del modelo autoritario del régimen Ortega – Murillo, “que atenta contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el derecho a la educación de jóvenes que afecta directamente su futuro”.

La experta en temas constitucionalista dice que esto constituyen un acto inconstitucional, que transgrede lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Política, que establece que las universidades gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley. Además, que se garantiza la libertad de cátedra.

“El CNU en su comunicado está actuando en contra de lo establecido en la Ley 89 (Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior), y la Constitución Política, prestándose a la vulneración de la autonomía universitaria y afectación de los derechos de los estudiantes, docentes y personal administrativo de estos centros de estudios”, finalizó Moreno.

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