Ancianos de un asilo podrían ir a la calle por cancelación de ONG

Decenas de ancianos del Asilo Sor María Romero, ubicado en residencial Las Colinas, en Managua, viven de donaciones, principalmente las que entrega la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, creada por la exdiputada María Fernanda Flores, a la que este miércoles el régimen de Daniel Ortega le canceló la personería jurídica. 

Esta suspensión afecta no solo a los 39 ancianos que habitan en el hogar, fundado el 30 de junio del 2004, sino también a todo el personal que labora día a día en las tareas de cuidado y en las actividades que se realizan para mantener el centro; como en el área de limpieza, cocina y administración.

La licenciada María Lourdes Chacón, gerente administrativa del asilo, lamenta que todo esto esté sucediendo, aunque aclaró que no han sido notificados de que ya no recibirán ayuda, por tanto, por ahora siguen laborando normalmente.

“Sabemos que la población más vulnerable son los ancianos, ancianos de escasos recursos económicos y no obviemos los que no tienen familiares que fueron recogidos de la calle, lamentablemente todo esto es muy triste, saber de que quedarían en el aire”, expresó Chacón, quien lleva cuatro años al frente de este asilo.

Fachada del asilo Sor María Romero, en Las Colinas. Foto: Redes sociales.

Asuntos políticos afectan trabajo social

Añadió que muchos de los adultos que viven en este lugar son de hogares desconocidos, por tanto, ya son parte de una  misma familia. “Lo único que pedimos es que por favor no lo cierren, ¿Por qué para dónde van a coger todos estos ancianos? Una botella de alcohol se podrá comprar, comida se podrá comprar, pero ¿Quién les va a dar apoyo, albergue a todos estos viejitos?”.

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Así mismo llamó a no permitir que los asuntos políticos afecten a personas en condición de vulnerabilidad. “hay que darnos cuenta que para esa edad vamos y que este es su techo desde hace años, no se vale que por cuestiones políticas queden desprotegidos, yo no me meto en política, soy una trabajadora más del asilo, si me he quedado cuatro años aquí es por protegerlos a ellos”, expresó la administradora.

En este hogar hay muchas necesidades y Chacón recordó que si alguien desea ayudar puede hacerlo con alimentos, ropa de cama, ambientadores, detergentes y cosas personales para estos adultos mayores. “Aquí se necesita de todo, todo, un asilo requiere de tantas cosas porque son seres humanos con los que trabajamos, aquí no trabajamos con papeles, el papel lo podemos ubicar aquí y a un anciano no, ellos son demasiados vulnerables, le hago un llamado a la población en general que oren por estos señores y ojalá algunos puedan tener un techo para poder morir con dignidad”, refirió Chacón que labora en esta casa de ancianos junto a 16 personas más, quienes podrían también verse afectados. 

Golpe bajo a la labor social de organizaciones

El pasado miércoles el diputado sandinista Filiberto Jacinto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, remitió a la primera secretaria de este Poder la “Iniciativa de Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidad Jurídica de 25 ONG”, que finalmente fue aprobada 24 horas después.

La Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense fue creada en el 2002 y brindaba apoyo al asilo de ancianos “Sor María Romero” y tras la cancelación los ancianos quedarían prácticamente en el “aire”.

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Según el Ministerio de Gobernación, esas 25 ONG no han reportado sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final). Además, argumentó, que no han reportado sus juntas directivas, lo cual viola la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. Por tanto, esa cartera propuso cancelar la inscripción de esas 25 ONG en un plazo no mayor de 72 horas.

Los bienes y acciones que pertenezcan a esas asociaciones/fundaciones tendrán previa liquidación, de lo contrario pasarán a ser propiedad del Estado, de acuerdo con la iniciativa.