La «comunidad de investigadores» Expediente Abierto organizó una conferencia virtual en la que expertos legales expusieron propuestas para la refundación del Ministerio Público de Nicaragua, ya que en su forma actual este «contribuye a la desestabilización del sistema político en general».
«Cuando el Ministerio Público se dedica a complacer a la clase política, económica o empresarial corrupta, el Ministerio Público es un órgano desestabilizador de la democracia. Nada ganaríamos si hay un cambio de gobierno si seguimos con las mismas instituciones», explicó Alexander Rodríguez Campos, abogado penalista de Costa Rica, previo a exponer una serie de reformas en pos de la profesionalización del Ministerio Público nicaragüense.
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Entre otros puntos, Rodríguez propuso modificar el proceso de nombramiento del fiscal general, que actualmente se elige por medio de la Asamblea Nacional en Nicaragua, algo que, a su ver, liga a la fiscalía al poder legislativo y afecta la independencia de sus labores.
Propuso igualmente un proceso de depuración institucional luego de que «en el año 2007, con el retorno del actual partido, los avances que se habían logrado se echaron para atrás». Para Rodríguez, es urgente «iniciar procesos de remoción de fiscales que planificaron y ejecutaron persecución política contra ciudadanos».
Entre uno de los signos más preocupantes de la falta de independencia y profesionalismo en el Ministerio Público, Rodríguez señaló el hecho de que no se han destapado casos mayores de corrupción, lavado de activos o narcotráfico en los casi quince años de gobierno sandinista.
«Cuando el fiscal le debe el puesto a un jerarca, no va a responder a los intereses de la ley y de la justicia, que es a lo que debe responder», aseguró Rodríguez a la vez que propuso un sistema que evalúe la capacidad de liderazgo y la competencia de quienes aspiren a un puesto en el Ministerio Público, excluyendo a la Policía y al Ejército por su falta de profesionalismo y su participación en la represión gubernamental desde 2018.
Para María Asunción Moreno, abogada y experta en temas constitucionales, en Nicaragua «no existe separación y sólo hay un sólo poder. Hay un sistema de injusticia implantado. En Nicaragua ya no podemos hablar de Poder Judicial, sino de una secretaría del poder centralizado».
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«Sin justicia no vamos a poder hablar de democracia en Nicaragua. Debemos pensar en una refundación del Estado de manera integral. Habría que hablar de una reforma total o parcial de la Constitución Política» expresó Moreno, añadiendo que optaría por una Asamblea Constituyente para enmendar los problemas constitucionales en Nicaragua.
En la conferencia también participó la abogada peruana Úrsula Indacochea y moderó el experto en temas de seguridad, Javier Meléndez. Todos los exponentes concuerdan en que este proceso de profesionalización deberá ir de la mano con la asistencia de organizaciones extranjeras y teniendo en cuenta la participación ciudadana.
Nicaragua Investiga
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