El Ministerio Público (Fiscalía) está pidiendo 28 años de prisión para dos mujeres y un hombre que formaban parte de la banda delincuencial «El Colombiano», que se dedicaba a realizar estafas millonarias a tarjetahabientes, y fue desmantelada en septiembre de 2023.
Los tres acusados son: Marcelo Alexander Blandón Cáceres, 24 años, presunto líder de la banda; Sonia Isabel Sotelo Arróliga, de 42 años; y Sheyla Janina Ríos Somoza, de 21 años, extrabajadora de banco Ficohsa en Managua, y quien aprovechaba su puesto para acceder a la base de datos de los clientes y facilitar las estafas.
En la lista de estafadores también figura el nombre de Gustavo Adolfo Barrios Downs, de 30 años, quien se declaró culpable de estos hechos en septiembre de 2023 y para el cual el órgano de justicia ya pidió una condena de 11 años de cárcel por fraude informático y crimen organizado.
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Marcelo, Sonia y Sheyla han sido declarados culpables, por el juez Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua, Félix Salmerón, por estar involucrados en una estafa a 15 tarjetahabientes por un millón 195 mil 250 córdobas y 569 mil 523 dólares.
Defensa solicitó la pena mínima
Luego que el juez declarara la culpabilidad de los imputados, la Fiscalía pidió para los tres acusados la condena de 12 años de prisión por lavado de dinero, nueve por fraude informático y siete por crimen organizado para sumar los 28.
Esto frente a las penas mínimas que solicitaron los abogados defensores, que consisten en tres años por fraude informático, cinco años por lavado de dinero e igual pena por crimen organizado, para totalizar 13 años de cárcel.
El juez Félix Salmerón expresó que los argumentos de la Fiscalía demostraron que los tres inculpados y Gustavo Barrios, formaban parte de la banda delincuencial «El Colombiano» que operaba en Nicaragua desde el año 2020, con presencia en Costa Rica y otros países, y que se dedicaba a la sustracción de dinero de los tarjetahabientes.
Para llevar a cabo las fechorías se constató que fue determinante la información brindada por Sheyla Ríos a los otros inculpados, con ello llamaban por teléfono o contactaban a través de redes sociales a sus víctimas, para ofrecerles préstamos con la condición de entregar sus tarjetas bancarias a un motociclista que llegaría a sus domicilios, según detalla la acusación del Ministerio Público.
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No obstante, la defensa alegó infructuosamente que la Fiscalía no demostró la culpabilidad de sus clientes, porque los delitos imputados “no les fueron probados”.
En tanto, varios de los afectados que acudieron al juicio para dar su testimonio, destacaron que los bancos no se han hecho responsables por el dinero que les fue sustraído de sus tarjetas de débito y crédito.
