Las largas condenas de cárcel dictadas contra presos políticos podrían acarrearle a varios jueces nicaragüenses ser incluidos en la lista de sancionados por la Unión Europea.
Los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas enviaron una carta al Alto Representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, en la que le solicitan la inclusión de jueces involucrados en los procesos contra disidentes nicaragüenses.
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Entre los jueces nominados a sanciones están varios muy conocidos en Managua como Nadia Camila Tardencilla, Karen Chavarría, Luden Martín Quiroz, Ángel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz, Rolando Sanarrusia y Nancy Aguirre Gudiel.
Estos jueces han impuesto penas que van de 7 a 16 años de cárcel a los presos políticos, por supuestos delitos como menoscabo a la integridad nacional, lavado de dinero y propagación de noticias falsas.
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La lista presentada no solo se incluyen a jueces de Managua sino también a jueces departamentales, como Rosa Velia Baca Cardoza, del Juzgado Distrito Primero Penal Chinandega; William Irving Howard López, del Juzgado Distrito Penal de Juicios de Masaya; Verónica Fiallos Moncada, del Juzgado Distrito Penal Ocotal; y Erick Ramón Laguna Averruz, del Juzgado de Distrito del Departamento de Estelí.
“Como señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, existe una subyugación del poder judicial y de la Fiscalía, y no se respeta la independencia
judicial y la separación de poderes. Esta situación conduce a una mayor criminalización de la disidencia mediante la manipulación del Derecho penal, mientras que no hay garantías de independencia e imparcialidad», expresan los tres eurodiputados en la carta enviada a Borrell.
Indican que con esas «sentencias judiciales ilegítimas contra presos políticos detenidos arbitrariamente, los jueces también se han convertido en responsables de violaciones de los derechos humanos».
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