De acuerdo, al más reciente pronunciamiento de la Alianza Cívica, este primero de febrero se desarrollan los procesos penales contra los presos políticos en un contexto lleno de ilegalidades. ¨Inician los juicios contra los presos políticos que están detenidos de forma ilegal y arbitraria en la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Evaristo Vásquez Sánchez; conocido como el “nuevo Chipote”; un centro de detención considerado por organismos de derechos humanos del ámbito nacional e internacional como “una cárcel de tortura¨, se lee en el comunicado.
Desde este lunes, la Fiscalía informó que realizarían juicios orales y públicos a partir de este martes a los presos políticos, a quienes llaman ¨criminales y delincuentes¨, porque ¨estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, expresa el comunicado 001-2022 del Ministerio Público.
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¨Procesos penales suspendidos arbitrariamente¨
Por su parte, la Alianza Cívica explica en el comunicado que ¨la reactivación de estos procesos se realiza tres meses después de haber sido suspendidos arbitrariamente con la finalidad de prolongar la prisión preventiva y arresto domiciliar como una forma de anticipación de pena ilegal¨.
Sostienen que estos procesos penales carecen de legalidad y respeto a los derechos humanos de los privados de libertad de conciencia.
¨Están plagados de ilegalidades desde el mismo momento de las detenciones, las cuales se ejecutaron sin informar la causa o razones de detención e incluso; sin orden o mandamiento judicial como lo exige la Constitución en el artículo 33 numeral 2.1¨.
Desde el ámbito nacional e internacional, las detenciones de candidatos presidenciales, reconocidos opositores de la sociedad civil, empresarios y periodistas, que inició la dictadura sandinista desde el año pasado, han sido cuestionadas porque atentan contra los procesos democráticos en Nicaragua.
En el comunicado de esta organización política, detalla que durante las capturas, los presos políticos estuvieron desaparecidos e incomunicados durante más de 80 días y sometidos a audiencias secretas y acusaciones basadas en leyes inconstitucionales, que son la Ley 1055, Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua y Ley 1060, Ley de Reforma y Adición a la Ley 406 del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, las cuales han sido valoradas por expertos con graves inconsistencias técnicas, ¨tanto en la calificación de los hechos como en la imputación de responsabilidades y en flagrante violación de todas las garantías de un debido proceso establecido en nuestra Constitución Política¨.
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Liberación de presos políticos sin condiciones
La semana pasada, los familiares de presos políticos llamaron a todos los sectores del país a encontrar un posible diálogo con el régimen sandinista, para la liberación de los reos de consciencia. Posteriormente, a este pronunciamiento, la Fiscalía anunció la programación de estos juicios, por lo que en este nuevo comunicado de la Alianza Cívica, abogan por la libertad inmediata, al considerar que no han cometido delito, y porque aducen que los procesos judiciales están basados en cargos infundados.
En el documento denuncian que los juicios cuentan con ausencia y obstáculos para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, y que los acusados políticos son sometidos a prisión preventiva en vulneración a los estándares de derechos humanos, entre otras anomalías.
¨La cadena de ilegalidades que se han cometido en estos procesos en contra de los presos políticos conlleva la nulidad de los mismos. Los operadores del sistema judicial han violado de forma flagrante la Constitución, las leyes de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos¨, expresa el comunicado.
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