Wendy Carolina Morales Urbina es la mano a través de la cual dictadura sandinista consuma el robo de propiedades privadas, como los edificios de la Organización de los Estado Americanos (OEA) y del diario La Prensa. Aunque se describe como “una compañera al servicio del pueblo”, su papel como procuradora demuestra ser leal a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Procuradora General de la República —que tiene un gran poder al amparo del régimen para decidir a quién entregar propiedades— fue ascendiendo rápidamente en esta institución pública sin haber terminado su carrera universitaria y sin experiencia en el cargo.
Ingresó a dicha institución en el 2017 para encargarse de temas administrativos, luego pasó a ocupar el cargo de secretaria general y después fue asistente del exprocurador general de la República, Hernán Estrada Santamaría, quien renunció por supuestos problemas de salud.
Llegó al cargo sin cumplir requisitos
Llegó a reemplazar a Hernán Estrada por medio de un decreto presidencial publicado en La Gaceta el 9 de mayo de 2019, incumpliendo con los requisitos legales para desempeñarlo, ya que el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dice claramente que para ostentar el puesto se debe por lo menos haber ejercido la profesión durante 10 años.
Pero ya había incumplido esta norma desde antes, porque fue subprocuradora sin ser abogada. Según información recogida por La Prensa, a la funcionaria le asignaron el carné 29,749 en plena crisis de 2018. Fue juramentada como abogada y notaria por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, quien también es leal al régimen sandinista.
La procuradora ha jugado un papel político para perseguir a los críticos del régimen. En el año 2020, asistió a una encerrona para un proceso de “autoconsultas” sobre la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza.
Morales estuvo presente junto a la magistrada Alba Luz Ramos y la Fiscal General de la República de Nicaragua, Ana Julia Guido. La Ley Mordaza es una de las normativas que se utiliza actualmente para imponer delitos y condenas a opositores.
Su rol como procuradora
Su rol como procuradora general ha sido leal a los intereses del régimen. El pasado 22 de agosto apareció donde eran las oficinas de la OEA con un fuerte grupo de militantes sandinistas.
En el acto de instalación de la Casa de la Soberanía Padre Miguel d’Escoto —nombre que impuso la dictadura a la que era sede de la OEA—, la procuradora hizo entrega a Ramona Rodríguez, Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), de las supuestas escrituras del edificio que fue declarado de facto como “utilidad pública”.
La funcionaria dijo en ese acto que la entrega era un “reflejo de valentía, audacia, heroísmo y patriotismo para el funcionamiento de la Casa de la Soberanía Padre Miguel d’Escoto Brockmann, levantando siempre la voz de un pueblo que pide y seguirá pidiendo no más injerencismo”.
Al día siguiente, el 23 de agosto, apareció nuevamente en el edificio del diario La Prensa con una participación más política que procuradora.
“En este centro se instaura para crear futuro con enseñanza, con dedicación y propósito de vida, constituye el contraste más representativo de la destrucción generada desde distintos actos que se perpetraron en estas áreas en otro momento en el pasado”, dijo Morales antes de entregar las supuestas escritura de la propiedad a Loyda Barreda, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).
Una de las voces de la dictadura en foros internacionales
La procuradora Morales es una de las voces de la dictadura en foros internacionales donde se debate la crisis de Nicaragua y las violaciones a los derechos humanos.
Sus intervenciones han quedado retratadas bajo la retórica de que el Estado de Nicaragua es “víctima” de los grupos defensores de derechos humanos, que supuestamente han querido “desestabilizar el país” y de cumplir fines mediáticos.
Incluso, durante una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acusó al abogado y defensor de varios presos políticos Ebert Acevedo de poseer antecedentes policiales, desde 2016, por los supuestos delitos de hurto y estafa, sin mostrar pruebas.
“Quiero hacer alusión que el ciudadano Ebert Oswaldo Acevedo Villachica registra antecedentes policiales desde el 2016, por falta contra el patrimonio y está siendo investigado. No se detuvo en ese momento por los delitos de hurto, estafa y apropiación de menor cantidad en el 2016, la policía hizo su labor de detención a como lo hacen en cualquier país del mundo para verificar en las carreteras”, dijo Morales en su intervención en mayo de 2021.
El pasado 16 de junio la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que “Nicaragua es uno de los Estados más represivos del mundo”. En esa ocasión también le tocó defender a la dictadura sandinista.
La procuradora respondió diciendo que se exponían hechos “alejados de nuestra realidad” y que todo se trataba de una “agresión unilateral contra nuestro pueblo y su gobierno legítimamente constituido”.
Además alegó que el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, forma parte de una “campaña liderada por Estados Unidos”, que tiene como plan “inmiscuirse en los asuntos internos de los países”.
En una entrevista en Canal 13, propiedad de los hijos de la pareja presidencial, se describió así:
“Una compañera al servicio del pueblo desde hace un poco más de 16 años, ha estado en la Procuraduría General de la República. Yo he leído a muchas personas, quién es ella, de dónde viene, he trabajado en la procuraduría durante todo este tiempo al servicio”.
“En el 2007 inicié, también, con el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario en función de establecer este plan de gobierno que nos dispusimos en el 2007, nos correspondió realizar una iniciativa en el plano de la Procuraduría General de la República para restituir esos derechos que habían estado relegados”. Ahora es el rostro de la dictadura para consumar robos de propiedades.
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