La creciente tensión política entre Managua y Washington ha dejado de ser un asunto meramente diplomático para convertirse en una amenaza directa contra los pocos espacios de empleo formal que sobreviven en Nicaragua.
Bajo una estrategia de presión «a fuego lento», la administración estadounidense evalúa medidas comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio (CAFTA) que podrían desestabilizar por completo el mercado laboral nicaragüense, golpeando el sustento diario de miles de familias.
Si Ortega y Murillo no ceden, los efectos a la economía nicaragüense podrían ser devastadores.
Castigo comercial al sector privado
En una reciente entrevista en Confidencial, el analista Manuel Orozco explicó que, aunque legalmente no se puede expulsar de forma directa a un país del acuerdo comercial, Washington cuenta con el mecanismo de la investigación de la Sección 301 para aplicar severas sanciones arancelarias.
«No podés eliminar a un país dentro del tratado, pero sí lo podés penalizar», advirtió Orozco, señalando que estas penalizaciones de carácter unilateral o colectivo «tendrían un impacto fuerte sobre el sector privado nicaragüense». Al gravar las exportaciones o restringir las reglas de origen, la medida asfixiaría a las empresas locales que sostienen las plazas de trabajo formal en el país, desatando una oleada de desempleo en múltiples sectores productivos.
La farsa del «empleo récord» frente a la precariedad de la calle
Esta advertencia sobre el empleo formal choca drásticamente con el discurso del oficialismo. Según la falsa propaganda del régimen expuesta ya por Nicaragua Investiga, el gobierno de Daniel Ortega proclama que el país goza de una supuesta salud laboral perfecta, catalogándose como el territorio con mayor ocupación del planeta al asegurar que 97 de cada 100 nicaragüenses están «ocupados».
Sin embargo, economistas y expertos desmienten esta ilusión estadística que maquilla el subempleo y la informalidad. Para Orozco, la situación real del mercado es precaria y carece de condiciones dignas: «la realidad es que nadie tiene trabajo, nadie tiene buen trabajo».
De acuerdo con los reportes del BCN, el país cerró el año 2025 con solo 810,197 trabajadores afiliados al INSS, lo que confirma que el empleo con cobertura social permanece estancado y se ubica un 9.7 % por debajo de los 896,869 cotizantes que se contabilizaban en marzo de 2018, antes del estallido de la crisis sociopolítica.
El analista alertó además que el motor económico nacional ya muestra fatiga, asegurando que «la desaceleración económica de Nicaragua va a empezar a principios de año e incluso ya empezó este año», arrastrada principalmente por la disminución en el flujo de remesas familiares y la caída en el volumen real de las exportaciones.
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Cientos de miles de puestos de trabajo en la «línea roja»
El impacto de perder el acceso preferencial al mercado estadounidense o de enfrentar aranceles punitivos amenaza con destruir la frágil estabilidad económica del sector formal. Tal como advirtió anteriormente el economista Juan Sebastián Chamorro en las páginas de este medio, las decisiones políticas del mandatario nicaragüense han cruzado una peligrosa «línea roja» que pone en riesgo directo a «cientos de miles de empleos que dependen del nivel de comercio con Estados Unidos».
De materializarse las penalizaciones comerciales, el golpe no se limitará a un sector específico, sino que arrastrará a toda la cadena de proveedores, manufacturas, servicios y exportaciones formales que dependen del intercambio bilateral con el gigante norteamericano. Lo que inició como una disputa política en las altas esferas de Managua podría transformarse muy pronto en una crisis de desempleo masivo que termine de empobrecer a los hogares nicaragüenses.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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