La improvisación y la inseguridad jurídica impuestas por la dictadura Ortega-Murillo asestaron un duro zarpazo a las finanzas del sector empresarial nicaragüense.
Cuando las corporaciones y la ciudadanía daban por sentado el descanso compensatorio de este lunes 9 de noviembre —amparado por el Código del Trabajo tras decretarse el 8 de noviembre como feriado nacional obligatorio mediante la Ley 1272—, una contraorden nocturna obligó a reabrir de urgencia las sucursales bancarias, los establecimientos comerciales y los centros educativos. El despliegue de fuerza política impuesto desde El Carmen dejó a su paso una abultada factura salarial que el empresariado deberá asumir sin haberla planificado.
Pago doble por feriado trabajado
El trasfondo del choque económico radica en la trampa legal en la que el propio Ejecutivo atrapó al sector privado. Aunque el Ministerio del Trabajo ordenó de forma verbal y mediante circulares mantener las operaciones normales en la banca y el comercio, la Ley 1272 aprobada en enero de 2026 jamás derogó el carácter de feriado nacional obligatorio para la fecha. De esta manera, al mantenerse vigente la figura del feriado y aplicar el artículo 66 del Código del Trabajo sobre el traslado de descansos dominicales, la legislación vigente mandata que todo empleado formal que acudió a su puesto de trabajo este lunes tiene derecho a percibir un recargo salarial del 100% adicional sobre su jornada ordinaria, convirtiendo la asistencia laboral en un cobro doble automático.
Un capricho carísimo
Los cálculos macroeconómicos basados en los registros de cotizantes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) reflejan la magnitud del impacto financiero. Descontando al personal del sector público, el empresariado privado cuenta con una masa laboral de aproximadamente 670,000 trabajadores formales. Considerando que entre el 70% y el 80% de esta fuerza laboral fue movilizada tras el aviso de última hora, alrededor de medio millón de empleados asistieron a sus puestos de trabajo bajo el régimen de pago extraordinario.
Con un salario promedio formal cotizable que ronda entre los 12,500 y 13,000 córdobas mensuales, el costo base diario por trabajador asciende a 425 córdobas, monto que representa el sobrecosto neto adicional que cada empleador debió desembolsar por cada plaza activa durante la jornada.
Al multiplicar ese diferencial por la cantidad de trabajadores que debieron laborar en bancos, grandes cadenas comerciales, supermercados y plantas de zona franca, el sobrecosto financiero global acumulado para el sector privado en un solo día oscila entre los 200 y 225 millones de córdobas. Esta cifra representa un desembolso extraordinario superior a los 5.4 millones de dólares que no estaba presupuestado en las proyecciones de gasto operativo del mes de noviembre.
A este monto se suman las cuantiosas horas extras de personal logístico que debió laborar durante la noche del domingo para acondicionar las aperturas de emergencia, el transporte contratado a última hora y las pérdidas de ventas ocasionadas por la desinformación de la ciudadanía, que acudió a media marcha a las zonas comerciales.
Mitrab abarrotado de reclamantes
El severo perjuicio financiero desató una inusual ola de reclamos e inconformidades directas en el Ministerio del Trabajo (MITRAB). Fuentes del sector privado y reportes del periodista independiente Miguel Mendoza confirmaron que representantes legales de las principales instituciones bancarias del país, así como ejecutivos de diversas corporaciones, acudieron a las sedes de la institución ministerial para pedir explicaciones formales. Según detalló Mendoza en sus redes sociales, las entidades financieras expusieron que habían programado el cierre de sus sucursales amparados en el artículo 68 de la Ley 185 del Código del Trabajo, por lo que manifestaron su profundo rechazo al recibir notificaciones que los obligaban a operar y, al mismo tiempo, a asumir la pesada carga de la planilla doble para todo su personal.
La controversia pone en evidencia cómo la arbitrariedad gubernamental termina distorsionando el clima de negocios en el país. Mientras la cúpula del régimen intentó evitar a toda costa que las calles lucieran desiertas en la fecha dedicada a Carlos Fonseca Amador —garantizando la movilización forzada en las instituciones estatales y colegios—, el costo real de su contramando terminó siendo trasladado de forma íntegra al sector privado. Para analistas económicos y gremios empresariales, el episodio ratifica la total falta de garantías jurídicas en Nicaragua, donde un cambio de parecer nocturno desde El Carmen es capaz de quemar millones de dólares de la economía formal en cuestión de horas.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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