Desde el estallido de la crisis sociopolítica de Nicaragua en abril de 2018, Estados Unidos (EEUU) extendió su apoyo “para contribuir a que se den las condiciones en las que pueda haber elecciones libres y justas”.
A través de una reciente publicación, el Departamento de Estado de EEUU destacó algunas de las medidas de presión económicas y diplomáticas aplicadas desde entonces.
En total, desde el comienzo de la crisis, Estados Unidos ha aplicado sanciones económicas a 22 nicaragüenses y ocho entidades.
Juan Carlos Ortega aparece públicamente tras sanciones norteamericanas
Entre los sancionados individuales se encuentran funcionarios de alto rango del gobierno e incluso miembros de la familia presidencial, como Rosario Murillo y Laureano Ortega.
Las cuales se han implementado debido a la aprobación de la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Nica Act), la cual está dirigida hacia todas aquellas personas involucradas en actos de lavado, corrupción y violación de derechos humanos.
El fin del Bancorp
De igual forma, una de las sanciones más representativas ha sido la dirigida en contra del Banco Corporativo de Nicaragua (Bancorp), el cual funcionada como “caja negra de la familia Ortega”.
La medida inmovilizó los activos de EEUU propiedad de Bancorp e impidió que los ciudadanos estadounidenses realizaran transacciones comerciales con ellos.
Lo que provocó el abrupto cierre de Bancorp.
Ortega usa nuestros impuestos para enriquecer al BANCORP… su banco (Primera entrega)
Sanciones a clan económico
Otras sanciones significativas que señala el Departamento de Estado son las dirigidas hacia la Policía Nacional, el general del Ejército Julio César Avilés, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
Sin embargo, la mayoría de funcionarios sancionados continúan ocupando sus cargos, con excepción de modificaciones en la legislación realizadas por el gobierno para evitar complicaciones en las gestiones públicas.
Otras de las recientes sanciones fueron dirigidas hacia el hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo y su empresa Difuso Comunicaciones S.A, la cual se “utilizó para difundir la propaganda del régimen y defender la violencia y la represión de los Ortega”.
Actualmente el canal de Difuso se encuentra fuera del aire.
El Departamento de Estado ha señalado que más allá de la presión económica, “Estados Unidos sigue trabajando con la comunidad internacional para apoyar los reclamos del pueblo nicaragüense”.
“Un país asediado”
El Departamento de Estado reconoce que en Nicaragua la ola de violencia y represión ha incrementado significativamente.
Y advierte que continúan los ataques, hostigamientos e intimidación hacia periodistas para que informen sobre “las acciones ilegales llevadas a cabo por el gobierno”.
La publicación señala que en Nicaragua miles de personas han resultado heridas, más de 320 han sido asesinadas, más de 80,000 se han visto obligadas a huir hacia Costa Rica, y las proyecciones económicas para el 2020 prevén una caída de hasta el 10%.
Además de que, hasta la fecha, cerca de 80 personas continúan encarceladas injustamente.
Otras acciones
De igual forma, el Departamento de Estado ha señalado que existen otras acciones fuera de las sanciones económicas para garantizar el “restablecimiento de la democracia” en Nicaragua.
Como “sumarse a otros actores de la comunidad internacional”, lo que incluye a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
Así como el reclamo al “restablecimiento pleno de las libertades civiles, incluida la libertad de expresión y asociación”.
Y el apoyo a las organizaciones cívicas nicaragüenses que exigen que se permita el acceso de las organizaciones internacionales para que den seguimiento en el terreno a la situación de los derechos humanos en el país.
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