El presidente del sector privado de Nicaragua, José Adán Aguerri hizo un llamado este miércoles al gobierno de Daniel Ortega a que se haga una moratoria en los próximos seis meses para que no se cobren multas, ni recargos a las empresas.
Reformas a Ley General de Registros Públicos vulneraría «derecho a privacidad y confidencialidad»
Aguerri asegura que «en una situación donde las empresas están agobiadas, donde se cayó la generación de ingresos, donde se cayó la demanda, en vez de ayudar no solo te cobro, sino que te pongo multas y recargos», por lo que ha llamado al Estado a brindar dicha moratoria en lugar de recaudar con las empresas que «hoy están viviendo días muy difíciles, con problemas de flujos».
Además destacó la aprobación de la reforma a la Ley 698, lo cual Aguerri asegura que “solo va a provocar más incertidumbre, más desconfianza y menos inversión por parte de las empresas”.
Cosep prepara recurso contra Ley 698
El equipo legal del Cosep ha iniciado la preparación de un recurso en contra de la Ley 698, según compartió Aguerri.
La reforma a la Ley General de los Registros Públicos y al Código del Comercio «mejorará la transparencia en la constitución de sociedades mercantiles en Nicaragua” según el doctor Julio César Arias Roque, titular de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, esta ha sido cuestionada por el sector empresarial pues aseguran que esta “vulnera el derecho a la privacidad de las personas, y la confidencialidad en las instituciones”.
Crece incertidumbre
De igual forma, se refirió a que la desconfianza «sigue estando a la orden del día» pues además de las reformas y voraces recaudaciones, hizo referencia a los asaltos y el encarecimiento de las dudas de valor que están «atrasando los procesos productivos y comerciales».
El presidente del Cosep destaca la posición de las autoridades en que si se envía un reparo, y la persona introduce un recurso de revisión, inmediatamente les llega una notificación penal.
“Prácticamente te dejan sin la opción de utilizar los procesos que la ley te permite para defenderte como contribuyente, como empresario, y lo que esto obliga es que esa persona para no ser apresada pues tiene que pagar”.
Insistió en que «conociendo que el Estado tiene capacidades limitadas de conseguir recursos», a excepción del reciente financiamiento del BCIE, que «al menos se haga una moratoria».
Pues «si quisieran ayudar un poquito a las micro, a las pequeñas empresas, una forma de hacerlo sin que le cueste un peso al Estado es que dejen de cobrar multas y recargos por un tiempo”.
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