En el año 2006 el Frente Sandinista estaba en la quiebra. Sus estados financieros indicaban que su patrimonio apenas alcanzaba los 12 millones de córdobas. Aun así, consideraban que mantener sus propios medios de comunicación era importante para su proyecto político.
Para entonces, sostenían con personal limitado y escasos recursos económicos a Canal 4, Radio Ya y Radio Sandino. Canal 4 fue fundado por Dionisio Marenco, quien asumió su dirección por muchos años y lo mantenía en pie exigiendo a empresarios sandinistas y militantes una cuota mensual.
Orlando Castillo, quien fue director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR) hasta su muerte el 2 de julio de 2020, y que también participó del proceso de instalación de ese medio, dijo a la prensa oficialista en 2012, que Daniel Ortega “buscó crédito por un lado, crédito por otro lado”, para comprar el primer transmisor y hacer operar la televisora.
La decadencia de los medios sandinistas era tal que una vez que lograron adquirir el transmisor “no se contaba con los recursos para instalar un estudio desde donde empezar las transmisiones”, según Castillo. Tampoco tenían cómo comprar programación y estaban endeudados con 500 mil dólares sin ninguna publicidad de la empresa privada, porque les huía por su origen sandinista.
Cuando Ortega volvió a la presidencia de Nicaragua en el año 2007, nombró a su esposa Rosario Murillo como Secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, un puesto que no existía antes y que le dio poder para operar como zar de las comunicaciones oficiales del gobierno. Fue entonces que la realidad de los medios del Frente Sandinista empezó a cambiar.
La primera orden de Murillo fue que la información oficial debía salir “incontaminada” y para lograrlo exigió que esta fuera transmitida solamente a través de los medios que ellos controlaban. Con el tiempo fueron adquiriendo o creando nuevos espacios de radio y televisión.
Un semanario que fracasó al nacer
El 19 Digital nació en el contexto electoral de 2008 con el propósito de darle batalla a los “medios enemigos de la revolución”, dijo la editora en jefe de ese sitio web, Martha Espinoza Urbina al Canal 8, otro medio sandinista que fue comprado en 2009 con fondos que la cooperación venezolana que se entregó al Gobierno de Nicaragua, pero de los que no se tiene registro oficial porque pasaron a manos de la familia Ortega-Murillo. Ese canal es controlado por Juan Carlos Ortega, hijo de la pareja en el poder.
En sus inicios se llamaba solo “El 19”, y era un semanario político en papel que se financiaba con recursos del Estado y que se gastaba más de 12 mil dólares a la semana solo para la impresión, según un reporte periodístico de La Prensa.
Fuentes de la Presidencia dijeron a La Prensa que la publicación en un principio intentó ser vendida, pero nunca fue bien recibida por la población, ni siquiera cuando Murillo orientó que se regalara ante el fracaso de las ventas. Ante esto, decidieron pasarla a su versión digital meses después de su lanzamiento, para ahorrarse costos y ocultar el evidente fracaso de unas bodegas llenas de más de 50 mil ejemplares que imprimían cada semana.
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“Una vez, Erving Vega, quien era el jefe de prensa de canal 8, antes de que el Frente Sandinista lo comprara, encontró una edición de El 19 en la mesa de recepción, pasó las páginas y muy molesto la lanzó al basurero. “Hasta para hacer propaganda hay que tener inteligencia”, recuerda Jennifer Ortiz, periodista de ese canal de televisión en esa época y actual directora de Nicaragua Investiga.
“Me insistió en que el sentido del periodismo oficialista era contestar con argumentos sólidos las publicaciones de otros medios y dijo que no lo creía posible, pero que si un día le tocaba hacer periodismo de propaganda, exigiría imponer su línea editorial para hacer un oficialismo sesudo”, relata Ortiz.
Erving Vega fue recontratado como director de prensa cuando el partido de la familia Ortega-Murillo compró Canal 8, pero el medio no se diferenció de los demás espacios sandinistas en su línea editorial.
La carísima planilla de El 19 Digital
Según expertos en comunicación consultados por Nicaragua Investiga, “no queda claro el verdadero papel que juega El 19 Digital en el régimen sandinista”. Esto al desconocerse la existencia de algún tipo de acuerdo o ley que avale el financiamiento estatal de un medio con una marcada tendencia partidaria.
Hasta hace unos meses, el 19 Digital tenía en el pie de página de su sitio web la leyenda: “Medio oficial de la Presidencia de Nicaragua”, pero ahora no se aprecia en ningún lugar visible del portal.
El Gobierno de Nicaragua nunca ha emitido un listado oficial de los medios estatales y los nuevos medios digitales que han surgido en los últimos años con marcada tendencia sandinista, no se identifican ni como medios privados ni como medios oficiales.
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Debido a que funciona más como un medio partidario privado, muchos nicaragüenses no saben que realmente El 19 Digital se oxigena con dinero público y no rinde cuentas del manejo de estos recursos, cómo se distribuyen y cómo se ejecutan.
Según una limitada base de datos a la que tuvo acceso Nicaragua Investiga, la Presidencia de la República tiene dentro de su planilla a 45 personas que laboran para tres medios de comunicación. Al menos 16 de estos trabajadores pertenecen al 19 Digital y 27 colaboran en Canal 6.
Según un cálculo que se hizo para esta investigación con base a los datos oficiales, el régimen destina desde la Presidencia de la República aproximadamente C$491,631.87 mensuales en salarios para el grupo de trabajadores de El 19 Digital; esto suma al año C$6,391,214.31 (175,018.61 dólares), incluyendo el pago de aguinaldo.
En la planilla de la Presidencia no figura Kiara Vanessa Fuentes, directora de El 19 Digital, porque su sueldo lo recibe de RGB Media, una empresa de comunicaciones propiedad de la familia Ortega-Murillo.
Botín Estado-Partido para la propaganda
El canal 6 de televisión quedó desmantelado, en quiebra y salió de operaciones en 2001 luego que el expresidente Arnoldo Alemán desviara fondos en beneficio de varios asesores y cercanos a él, según documentaron diversas investigaciones periodísticas.
En 2003, el Gobierno de Enrique Bolaños lo reinauguró con una programación educativa, pero pronto descontinuó el proyecto. El sandinismo lo resucitó en 2011 con una inversión inicial de 6 millones de dólares. Sin embargo, su programación es totalmente pro-sandinista.
Según los documentos a los que se tuvo acceso para esta investigación, para Canal 6, el régimen desembolsa mensualmente C$428,593.64, lo que al año representan C$5,571,717.32 (152,577.30 dólares).
Según los datos obtenidos, de los 45 periodistas de propaganda beneficiados con recursos públicos, 22 devengan un salario menor a los 15 mil córdobas, 21 ganan entre 20 mil y 60 mil córdobas, y dos cobran más de 70 mil córdobas.
Uno de esos altos sueldos corresponde a Aarón Josué Peralta Obregón —exdirigente de la Juventud Sandinista—, director de Canal 6, quien cada mes cobra a la Presidencia C$76,738.67 (2,101.43 dólares). Peralta Obregón es uno de los que más aparece en eventos políticos y partidarios al lado de los hijos de la pareja presidencial.
El otro salario corresponde a Roberto Alejandro Zúñiga López con un pago mensual de C$119,446.18 (3,270.94 dólares). Él es un fotógrafo nicaragüense y director de la Revista Dale Pues, según su perfil en LinkedIn. La última publicación en redes sociales de esta revista fue el 15 de abril de 2019.
En la lista también figura un camarógrafo de Canal 4 y un trabajador de la plataforma propagandística JP+, que no está claro porque tienen un sueldo la Presidencia si estos medios son privados.
La información pública no permite conocer cuáles son los gastos operativos de Canal 6 y El 19 Digital. No se conoce una auditoría pública y tampoco si los vehículos, instalaciones y equipos están bajo el registro de estos medios de comunicación. Otro dato parece indicar que los dos medios de comunicación no son autosostenibles y solo dependen del presupuesto de la Presidencia.
Una fuente dentro de El 19 Digital asegura que ellos se han movilizado “con vehículos de Telcor y que en ocasiones realizan cobertura con el Canal 4”. Esto significa para esta persona que el medio digital es como un “apéndice” de ese medio televisivo.
Oscuro manejo en el uso de fondos públicos
Sobre el uso de fondos públicos en medios estatales y partidarios, una especialista en temas tributarios, quien pidió no ser identificada por razones de seguridad, manifestó que “cualquier iniciativa pública o privada que reciba recursos del Estado debe tener un mecanismo para el otorgamiento, ejecución y fiscalización de ese dinero. En el caso del marco legal nicaragüense, corresponde a la Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario”.
La experta señala que el Estado puede destinar dinero público a empresas privadas, siempre y cuando estos recursos tengan una “finalidad pública”. En el caso de El 19 Digital, no está claro el marco legal que regula su funcionamiento como medio oficial del gobierno, a diferencia de Canal 6 y Radio Nicaragua, medios estatales que sí figuran en el presupuesto, pero que no son transparentes en relación cómo ejecutan los fondos que les asignan.
El oscuro manejo con el que opera El 19 Digital es tan evidente que se desconoce públicamente sus instalaciones, aunque en la base de datos a la que tuvo acceso esta investigación, revela que sus oficinas se ubican en el segundo piso del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS-CENTRAL). Pero la fuente ligada al medio aseguró que se encuentra contiguo a Radio Sandino, en la zona de Tiscapa, en Managua.
El único registro de las oficinas de El 19 Digital fue el 20 de mayo de 2016, cuando Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Nicaragua en ese entonces, visitó al equipo de prensa en sus instalaciones. En las fotografías se confirma que el medio digital opera contiguo a Radio Sandino, tal y como nuestra fuente lo indica.
En el organigrama de la Presidencia no se detalla la existencia de El 19 Digital, ni cuántos recursos son destinados para su operación, pero aparece el “Sistema Nacional de Televisión (Canal 6)”.
“Es un medio que tiene a todas luces un toque oficialista y que está siendo financiado con recursos públicos, y nos indica un estado de opacidad en el manejo de los recursos públicos, porque cuando se habla de recursos públicos necesitamos saber cuánto se asigna, para qué se asigna, quién lo ejecuta, en qué se ejecuta”, dijo la una especialista en temas tributarios.
Según el Presupuesto General de la República, la Presidencia recibirá este año C$425,433,610 ($11,650,180.33) para el pago de gastos y programas. Entre los que se encuentran los pagos a periodistas oficialistas y medios estatales.
Ante estos datos, la periodista Jennifer Ortiz indica que sería importante entender que Daniel Ortega y Rosario Murillo “estarían obligados a entregar los equipos, licencias y archivo fotográfico y audiovisual de El 19 Digital y Canal 6 una vez salgan del poder, en tanto que se entienden como medios estatales y funcionan con dinero que proviene de los impuestos de los nicaragüenses”.
Ortiz recordó que el Frente Sandinista pasó de tener “unas necesidades enormes para operar un canal y dos radios de bajo alcance antes de llegar al poder, a tener un emporio mediático al que le inyectan millones de recursos del Estado cada año en concepto de supuesta publicidad estatal y tendrán que hacer rendición de cuentas en algún momento”.
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Censura con imágenes que el pueblo paga
Según explica la experta en estudios sobre la comunicación, Mildred Largaespada, El 19 Digital es parte de la estrategia de propaganda y desinformación del Gobierno de Nicaragua, y no se le puede considerar como un “medio de comunicación” al no tener ciertas características propias de los medios tradicionales.
“El 19 no publica ninguna información proveniente de la investigación de los periodistas, sino que corresponde a una estrategia de propaganda, es decir, se hace una definición desde el Consejo de Comunicación y Ciudadanía”, asegura.
A pesar de ser un medio financiado con recursos públicos, El 19 Digital se ha sumado a la censura a través de reclamos de derechos de autor en contra de la prensa crítica.
En marzo de 2022, por ejemplo, Nicaragua Investiga recibió un reclamo por “uso indebido” de una fotografía tomada del sitio web oficialista. Carlos Fernando Álvarez, trabajador de la Presidencia, según su perfil en LinkedIn, demandó a este medio por el uso de una foto. Él apareció en la base de datos recibiendo un sueldo efectivamente de la Presidencia: cobra al mes C$37,630.05 (1,034.50 dólares).
Medios como Confidencial y 100% Noticias también han sido demandados por Canal 13 y Canal 4. Reclamos que incluyen actos oficiales que se transmiten y se replican desde el estatal Canal 6.
Sobre la censura de YouTube a medios críticos nicaragüenses, el Comité para la Protección de los Periodistas, explicó que la plataforma de video está obligada a cumplir con los reclamos de derechos de autor en virtud de la Ley del Derecho de Autor para el Milenio Digital.
“La ley les exige a los intermediarios responder de inmediato a un aviso de violación del derecho de autor retirando el contenido pertinente, sin pedir una evaluación de los argumentos del usuario respecto a, por ejemplo, su uso legítimo”.
Manipulación de información
Otra de las prácticas de manipulación de El 19 Digital es intentar alterar la realidad del país para que no se extienda al exterior.
En marzo de 2022, después de la sorpresiva denuncia y señalamientos del exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, en contra del régimen sandinista, el medio oficialista eliminó todas las publicaciones relacionadas con él en un intento de ajustarse al discurso oficial que aseguraba que no era representante legal del país ante el organismo regional.
En una práctica orwelliana que recuerda a la novela distópica “1984”, la dictadura de Ortega-Murillo, a través de la Cancillería emitió un comunicado para hacerlo coincidir con la postura oficial: “El señor Arturo McFields, no nos representa, por lo cual ninguna declaración tiene validez”, aseguró. La estrategia del régimen no tuvo éxito; internautas y periodistas habían realizado capturas de imagen de los artículos publicados por El 19 Digital.
Ortega no da entrevistas ni a sus agentes de propaganda
Julio López, autor de una investigación sobre el emporio mediático de la familia Ortega-Murillo, para la plataforma periodística Connectas, sostiene que un medio de comunicación que recibe fondos públicos, como es el caso de El 19 Digital y Canal 6, “debería de guardar la ética y evitar las descalificaciones hacia otros medios porque al final se convierte en un instrumento de represión”.
López asegura que “lo que prevalece en estos medios es el discurso de odio hacia periodistas y quienes no estén alineados con su discurso”. Murillo, por ejemplo, se ha referido a periodistas críticos del régimen sandinista como “seres de maldad, apaleadores y acosadores de mujeres”.
López cuestiona que el régimen sandinista siga utilizando la vieja práctica de la publicidad estatal como “premio o castigo” para coaccionar el trabajo de los medios independientes.
Un experto en información pública asegura por su parte, que la relación del régimen de Ortega con los medios de comunicación críticos siempre ha sido hostil. Principalmente en 2012, año que el Gobierno empezó a implementar restricciones de las coberturas en las instituciones del Estado.
El experto sostiene que Ortega ha sido “alérgico” a los medios de comunicación independiente y que solo habla para su audiencia: su militancia. Antes del inicio de la crisis en 2018, el caudillo sandinista no había ofrecido ninguna entrevista y solo lo hizo en dos ocasiones a cadenas de televisión internacionales: la cadena catarí Al Jazeera en 2009 y otra para la cadena rusa RT en 2013. Nunca un periodista oficialista lo ha entrevistado, tampoco alguno de los medios oficialistas o que son de la propiedad de la familia Ortega-Murillo.
Sobre el trabajo que realizan El 19 Digital, Manuel Díaz, especialista en Marketing Digital, explica que en Nicaragua la comunicación gubernamental es un tema muy controlado y manipulado, que en la práctica es un “completo desastre” porque al no estar regido por ninguna ley que regule cómo se financian tiende a no haber diferencia entre el Gobierno, partido y la familia gobernante.
Trabajo más por “hambre” que ideológico
Una fuente ligada a El 19 Digital relató que a lo interno de su redacción varios periodistas no están de acuerdo con la situación que está ocurriendo en el país, y que por miedo a las represalias no renuncian. Por otro lado, aseguró que quienes se unieron al medio luego de 2018 mantienen una “relación más de hambre que ideológica, aunque también hay sus excepciones”, señaló.
En 2011 hubo una denuncia —la única pública que se conoce— en contra de los editores de El 19 Digital al despedir a tres mujeres periodistas, incluida una embarazada, quienes denunciaron extenuantes jornadas laborales, el irrespeto al reposo cuando se encontraban enfermas.
La reportera embarazada, que presentaba síntomas de dengue, fue enviada a cubrir las fiestas de Santo Domingo y se habría desmayado, según reportó La Prensa. Este caso lo expusieron en una reunión a Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial. Los perpetradores de maltrato laboral fueron dos editores: Juan José Lacayo y Danilo Lechado, según la denuncia que no se atendió y se conoce que Rosario Murillo dio la orden de despedirlas.
Población rechaza la propaganda
Mildred Largaespada, quien en los últimos años se ha dedicado a estudiar la comunicación del régimen en las diferentes plataformas digitales, asegura que el motivo por el que los medios oficialistas registran bajas audiencias es porque en Nicaragua, al igual que otras sociedades, la población rechaza la propaganda.
“El ciudadano sabe distinguir entre lo que es información periodística y lo que es propaganda, cuando desde el poder intentan hacer un medio de comunicación se enfrentan a la realidad y se dan cuenta de que la gente ni los quiere, ni los compra ni los consume”, comenta.
La experta, explica que, en países con democracias más sólidas y duraderas, los medios estatales son entes autónomos; representativos de los diferentes sectores ciudadanos y tienen sus propias estructuras de organización que juega un papel destacado para asegurar la libertad de expresión.
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