Ley de los Ausentes: el robo de propiedades de exiliados en los años 80

El 19 de julio de 1981 la Junta de Reconstrucción Nacional, dominada por el Frente Sandinista, emitió el Decreto 760 donde establecía que era tarea prioritaria de la Revolución la reconstrucción del país y se arrogaba el «derecho» de fomentar la producción a través del “uso racional de la propiedad”, considerando que algunos propietarios habían «abandonado» de forma “irresponsable” sus bienes.

“Se consideran abandonados y pasarán a propiedad del Estado todos aquellos bienes muebles o inmuebles, títulos, valores y acciones, de cualquier naturaleza de aquellos propietarios nicaragüenses, que se hayan ausentado o se ausenten del país y no hayan regresado después de seis meses”, indicaba el  Artículo 1 de ese decreto, que se llegó a conocer como “Ley de los Ausentes”.

Ese decreto fue firmado por Daniel Ortega Saavedra, el escritor Sergio Ramírez Mercado y Rafael Córdoba Rivas.

La declaración de «abandono» se realizaba a través del Ministerio de Justicia y se publicaba en «La Gaceta». En la ley se le daba a los afectados la posibilidad de «pedir revisión» dentro del plazo de apenas «quince días» ante el ministerio, según el Artículo 3.

Esa institución también podía «acordar mantener en la posesión al cónyuge o hijos del ausente», si verificaba que estos «estuviesen usando racionalmente los bienes».

Daniel Ortega y la cíclica historia de las confiscaciones

El Artículo 8 dejaba poco espacio para maniobrar a aquellos nicaragüenses que querían salvar sus propiedades.
«Para los efectos de esta Ley, se presumirá que las personas ausentes siguen siendo propietarios de los mismos bienes que tenían a raíz del 19 de julio de 1979, y por lo tanto se declaran nulas todas las negociaciones, actos y contratos que se hubiesen llevado a efecto sobre tales bienes, a excepción de terceros que justificasen su buena fe ante el Ministerio de Justicia», señalaba dicho artículo.

«Jamás pude recuperar mis bienes»

Uno de los afectados por esa medida «revolucionaria»  fue el exjefe Contra, Luis Fley. En ese entonces le quitaron su casa de habitación y una finca cafetalera ubicada en el Cuá, Jinotega. «Ese Decreto 760 me perjudicó porque me lo aplicaron mientras yo estaba fuera. Luego mi propiedad fue donada a una cooperativa agrícola y jamás la pude recuperar”, sostiene Fley, quien vive actualmente en el exilio, tras la última embestida del dictador Daniel Ortega contra la oposición nicaragüense.

Asegura que después del triunfo electoral de Violeta Barrios, hizo las gestiones para recuperar sus bienes, pero en esa ocasión le dijeron que no se podían regresar porque habían sido donados a una cooperativa sandinista y que era de interés social. Después, con la llegada de Enrique Bolaños al gobierno en el 2002, hizo nuevamente gestiones a través de una permuta, pero la misma quedó inconclusa.

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“Entonces cuando llegó Daniel Ortega nuevamente al poder en 2007, no le dieron pase a la permuta que estaba solicitando, de modo que no recuperé nada, fui confiscado por medio del Decreto 760 y perdí mis bienes, no recibí nada por ese perjuicio”, expresa Fley.

Sandinistas eran los únicos beneficiados

Un analista nicaragüense explicó, bajo condición de anonimato, que en 1981 muchos ciudadanos no abandonaron el país “de forma irresponsable”, como dijeron los sandinistas, sino que decidieron buscar refugio en otro país por el revanchismo político que empezaba y porque el país continuaba en guerra, y fue entonces cuando surgió la idea de hacer dicho Decreto contra gente afín a la dictadura somocista, pero también contra quienes no lo eran.

“Eso de que los bienes confiscados eran para un bien social era una fachada, porque las propiedades se la repartían entre los cuadros del sandinismo, al igual que ahora, a sus secretarios políticos y militantes, incluso hasta el mismo Ejército de Nicaragua ha resultado ganador de algunas propiedades que les han donado “, subraya.

El analista recuerda que para «respaldar» esas propiedades se otorgó un título de Reforma Agraria. «Ni siquiera era una escritura, y cuando salían las cosechas, al mismo gobierno se las quitaba, luego esas propiedades las mal vendieron a la nueva burguesía sandinista a precio de guate mojado, mismas que en la actualidad cuestan una fortuna”, sostiene.

“Ahora está sucediendo peor, porque te destierran, te quitan la nacionalidad y también tus bienes. Ellos podrían justificar la actual confiscación que aunque es ilegal, realmente no es para un interés social, sino que se lo reparten entre los militantes sandinistas, y lo que le va a quedar a Nicaragua son deudas como la de la piñata de los años 80 que todavía la estamos pagando, porque hasta confiscaron a ciudadanos norteamericanos y después a estos se les tuvo que indemnizar pero a costilla de los nicaragüenses, cuando los verdaderos beneficiados fueron los comandantes de la revolución sandinista”, subraya el analista.

No nos asustemos, afirma opositor

Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, considera que actualmente la Ley de expropiación solo ha afectado a los ciudadanos que aparecieron en la lista de despojados de sus nacionalidades y propiedades, aunque no descarta que la dictadura pueda extender la lista de más perjudicados.

“Recordemos que ellos dominan todos los poderes del Estado y pueden hacer todas las leyes que les venga en gana para su conveniencia, por lo que no nos asustemos si extienden la lista, sin embargo, el mundo está reaccionando y por eso podrían detener esas arbitrariedades”, consideró García.

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La casa de Morales Carazo

Del robo de propiedades se beneficiaron en los años ochenta grandes dirigentes del FSLN, ya fuera a través de la Ley de los Ausentes u otras medidas de despojo. Uno de los casos más conocidos Jaime Morales Carazo, a quien le robaron su casa ubicada en reparto El Carmen, Managua. De esta se adueñaron Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprovechando que Morales y su esposa Amparo Vázquez se encontraban fuera del país. Cuando Amparo llegó a su casa su susto fue encontrar a Rosario Murillo con una de sus batas.

En junio del 2017 Daniel Ortega participó en la clausura de la conferencia anual de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de América Latina y el Caribe (Aaccla, por sus siglas en inglés). «Aquí está Jaime Morales Carazo, un banquero. Su casa es mi casa”, bromeó el líder sandinista, mientras la élite empresarial soltaba la carcajada. En esa reunión, a la par de Ortega estaba José Adán Aguerri, entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), quien pocos años después se convertiría en preso político de la dictadura.