Nicaragua carga con una hiriente historia confiscatoria desde los años ochenta cuando el sandinismo llegó por primera vez al poder. En 1990, luego de reformar leyes, emitir decretos y cargar con deudas millonarias que todos los nicaragüenses seguimos pagando, se creyó que la pesadilla había acabado, hasta que Daniel Ortega la volvió a revivir recientemente.
Después de la caída de Anastasio Somoza, en julio de 1979, la entonces Junta de Gobierno conformada por nueve comandantes, inició un proceso vía leyes y decretos para confiscar las propiedades, empresas y bienes de este, su familia, allegados y miembros de la Guardia Nacional.
Las propiedades confiscadas a Somoza y allegados nunca pasaron a nombre del Estado, fueron repartidas entre los nueve comandantes y funcionarios de gobierno bajo supuestas asignaciones; sin embargo, siguieron inscritas con los nombres de antiguos dueños, fue hasta la salida del poder de Daniel Ortega que esa situación cambió.
A partir de 1979 hasta 1990 Nicaragua se encontraba bajo la administración sandinista, primero dirigida por los comandantes y desde 1985 por Daniel Ortega, tras resultar electo en los comicios presidenciales de noviembre de 1984. En esos once años tuvieron origen una serie de leyes y decretos que no solo afectaron a los Somoza y allegados sino a empresarios y ciudadanos que no tenían nada que ver con la dictadura somocista.
Los decretos y leyes confiscatorias
Para quedarse con los bienes de Anastasio Somoza y allegados, el primer régimen sandinista se valió de las siguientes medidas:
- Decreto número 3: fue aprobado el 20 de julio de 1979, en este se facultaba al Procurador General de Justicia para que “de inmediato proceda a la intervención, requisación y confiscación de todos los bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de diciembre de 1977”.
- Decreto número 38: se aprobó el 8 de agosto de 1979. Facultó al Procurador General de Justicia para “congelar o intervenir preventivamente cualquier transacción, bien o empresa, de personas allegadas al somocismo, de quienes se haya recibido denuncia”.
- Decreto número 760: también conocida como “ley de los ausentes”, aprobado el 19 de julio de 1981. Con este “se consideran abandonados y pasarán a propiedad del Estado todos aquellos bienes muebles o inmuebles, títulos, valores y acciones, de cualquier naturaleza de aquellos propietarios nicaragüenses, que se hayan ausentado o se ausenten del país y no hayan regresado después de seis meses”. En septiembre de 1987 fue derogado; sin embargo, no invalido y más bien dejó “firme las afectaciones de bienes efectuados durante su vigencia”, según una publicación del entonces oficialista diario Barricada.
Reforma agraria
Al igual que los decretos anteriores, el 19 de julio de 1981, Sergio Ramírez Mercado, Daniel Ortega y Rafael Córdoba Rivas, los únicos que habían quedado de la Junta de Gobierno tras la deserción del resto de miembros, aprobaron la Ley de Reforma Agraria (Decreto-Ley N°. 782) y se empezó a implementar desde octubre de ese mismo año. Con ella se inició la entrega de propiedades a campesinos para que trabajaran la tierra.
En 1992 la revista Envío, destacó afirmaciones de Jaime Wheelock Román, Exministro de Desarrollo y Reforma Agraria (MIDINRA), quien expresó que entre 1981 y 1985, “la reforma agraria sandinista distribuyó alrededor de 6 mil propiedades agrícolas, que sumaban en total unos 3 millones de manzanas”.
Además vía decretos de confiscación “el gobierno sandinista dispuso de unas 350 empresas industriales y comerciales y de unas 7 mil viviendas y lotes. El Estado asumió el control de las empresas y empezó a entregar títulos de dominio (para uso, no para venta) de viviendas y lotes ubicados en repartos populares”.
Se quedaron con propiedades confiscadas
La peor cara de las confiscaciones se dejó ver en los últimos cuatro meses de gobierno de Daniel Ortega en 1990. Tras el triunfo de Violeta Barrios, el Frente Sandinista se encontraba sin fondos y recurrieron a una serie nuevas leyes y decretos para quedarse con las propiedades confiscadas a los Somoza y a personas que habían huido de la guerra.
Entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990, el gobierno de Daniel Ortega aprobó las leyes (85, 86 y 88) para legalizar las propiedades confiscadas. Con estas, varios nicaragüenses se beneficiaron.
- Ley 85. Con esta ley se garantizó el derecho a la vivienda a toda persona que, al 25 de febrero de 1990, tuviera asignada por el Estado una casa, además de garantizar una indemnización para la persona que hubiese sido expropiada.
- Ley 86. Protegía a las personas que estaban en posesión, asignados por el Estado, de terrenos o viviendas en barrios, urbanizaciones y repartos pero no estaban legalizados. El beneficiado recibía la propiedad gratuitamente.
- Ley 88. Garantiza los derechos adquiridos sobre la propiedad de la tierra al campesinado, productores individuales, cooperativas, comunidades indígenas y de la Costa Atlántica.
La casa de Jaime Morales Carazo
Ante el caos desatado por la aprobación de estas leyes, militantes del Frente Sandinista inscribieron decenas de propiedades, muchos “pagaron irrisorias sumas de dinero por las hipotecas de las casas”, relata un artículo de la revista Magazine publicado en febrero de 2021.
Barricada, el primer diario propagandístico de los sandinistas en los 80
“Tomás Borge, quien en ese entonces era el ministro del Interior, pagó el equivalente a 200 dólares por su casa en Bello Horizonte. Los precios cayeron dramáticamente después de la hiperinflación que vivió el país”, relata Magazine.
Borge no fue el único que aprovechó las confiscaciones, igual lo hizo Daniel Ortega que “pagó por el conjunto de casas en El Carmen, donde vive, menos de 42 mil dólares. La inscripción de las siete propiedades la hizo 24 horas antes de entregar el poder a Barrios de Chamorro”, relata la revista.
Una de las casas con las que se quedó el ahora dictador, era la de Jaime Morales Carazo y su esposa Amparo Vásquez, quienes durante 26 años reclamaron esta propiedad sin éxito. Sin embargo, luego que Morales Carazo se convirtió en su vicepresidente en 2007, este dijo que había llegado “a un acuerdo muy satisfactorio, muy caballeroso, y todo finiquitado”, a tal punto que en el 2017 en una reunión con la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de América Latina y el Caribe (Aaccla, por sus siglas en inglés)., Ortega se ufanó entre aplausos y risas, de haberse quedado con la propiedad diciendo: “aquí está Jaime Morales Carazo, un banquero. Su casa es mi casa”.
A propósito de los robos de propiedades: pic.twitter.com/HoQ1QcHg6P
— Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) February 18, 2023
Violeta Barrios obligada a privatizar para pagar deuda sandinista
Cuando Violeta Barrios toma posesión de la presidencia en 1990 no solo le tocó lidiar con conflictos armados, asonadas y una economía en la ruina, simo también con el retorno de miles de nicaragüenses del exterior a quienes debió responder los reclamos sobre sus propiedades confiscadas y se inició un sistema de indemnización, al no haber fondos en las arcas del Estado, la presidente recurrió a la emisión de Bonos por Indemnización, mejor conocidos como BPI, así como un proceso de privatizaciones.
Los bonos tendrían “un período de vencimiento de 20 años con 3% de interés y se podrán usar para comprar acciones en casi 400 empresas estatales sujetas a privatización. Entre estas empresas se incluyen INAA, INE, TELCOR, CARTONIC, La Cementera, el antiguo edificio del Banco de América, los edificios de la Zona Franca, la agroindustria Valle de Sébaco, Montelimar y el 75% de las acciones del Estado en dos ingenios de azúcar”, relata la revista Envío.
Así Violeta Barrios de Chamorro se vio obligada a privatizar empresas estatales para iniciar a pagar una deuda que rondaba los 1,500 millones de dólares. Pero, con el paso del tiempo, más la depreciación del córdoba respecto al dólar, el costo total para los nicaragüenses sería unos 2,200 millones de dólares. Para poder pagar esa deuda, se destinan unos $75 millones de dólares anuales del Presupuesto General de la República.
Según el artículo publicado por la revista Magazine, de acuerdo con la programación de pagos, los bonos por indemnización se terminarán de pagar en 2023. Sin embargo, el régimen de Ortega no da detalles de si la deuda está próxima a cancelarse.
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Pobres, los menos beneficiados
Hasta el 31 de marzo de 2021, “el saldo de la deuda del Gobierno Central y del BCN con acreedores nacionales fue de 1,479.4 millones de dólares, representando el 17.4 por ciento del total de la deuda pública. Del total, 789.4 millones de dólares (53.4%) correspondió al Gobierno, siendo los principales instrumentos los Bonos de la República de Nicaragua (BRN, 44.0%), seguido por los Bonos y Certificados de Pagos de Indemnización (BPI y CBPI, 9.4%)”, según el Informe de la Deuda Pública del I trimestre 2021.
La revista Magazine, expone que los mayores beneficiados de las confiscaciones (la piñata de los 90) “han sido los comandantes Daniel Ortega, Humberto Ortega, Tomás Borge ya fallecido-, Bayardo Arce y Jaime Wheelock. Además de grandes exfuncionarios de la Revolución sandinista. Igualmente, altos exjefes del ejército sandinista”, contrario a estos “los menos beneficiados con la Piñata fueron los pobres”.
Pese a la prohibición a la confiscación, establecido en la Constitución Política de Nicaragua, Daniel Ortega a través del régimen opresor que lidera junto a su par Rosario Murillo revivió nuevamente las confiscaciones y así se ha venido apropiando en los últimos años de universidades, bienes de anteriores embajadas, organizaciones no gubernamentales, empresas de empeño, etc.
El último zarpazo fue contra el grupo de ciudadanos a los que les despojó la nacionalidad, los acusó de “traidores a la patria” y recientemente les ha confiscado las propiedades.
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