Antes de recibir seis balazos en la cabeza, el Dr. Arges Sequeira Mangas recibió una llamada. Tras colgar el teléfono, el empresario decidió partir hacia su hacienda La Queserita, en el municipio de El Sauce, departamento de León, porque en la llamada le indicaron que algo andaba mal por allá.
Por las vías del ferrocarril iba caminando junto al Dr. Sequeira, el joven Julián Alejandro Espinoza. Se encontraban cerca de La Queserita, así que no era necesario llegar en vehículo, además que casi no estaba pegando el sol la mañana de aquel 23 de noviembre de 1992.
Quienes sí andaban en una camioneta roja doble cabina, eran Frank Ibarra Silva, Germán Lacayo Guerrero y Diego Javier Espinoza, tres ex miembros del Ejército Popular Sandinista y de la desaparecida Dirección General de Seguridad del Estado, famosa por realizar operaciones encubiertas y por defender la Revolución desde las sombras, según lo detallado por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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La vía férrea marcaba la ruta que seguía el Dr. Sequeira mientras platicaba con Julián Alejandro sobre cualquier cosa. En el camino, los andantes vieron la camioneta roja parqueada pero no le prestaron importancia. Al acercarse, los tres hombres se bajaron, sacaron sus armas y apuntaron hacia los caminantes.
Julián Alejandro y el Dr. Sequeira debieron haber creído que se trataba de un asalto, o al menos eso quisieron pensar. La idea de que era un asalto se borró de la imaginación del joven en el momento en que estaba siendo brutalmente golpeado por los ex miembros del ejército, y cuando escuchó los seis disparos que atravesaban el cráneo del Dr. Sequeira, confirmó lo que temía, era una pasada de cuentas.
El cadáver del Dr. Sequeira quedó abatido sobre los rieles del ferrocarril. Sus ejecutores, reconocidos meses después por la Policía Nacional, incluso lo fotografiaron y las imágenes aparecieron cuatro días después publicadas en El Nuevo Diario, que en aquella época era señalado de ser controlado por el Frente Sandinista.
Antes de morir
El Dr. Arges Sequeira Mangas fue asesinado a los 58 años, era abogado, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua UPANIC, miembro de la junta directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista. Empezó sus estudios secundarios en el Colegio Pedagógico de Diriamba y los concluyó en en Instituto Nacional de Occidente en León.
Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León y realizó estudios de doctorado en otras universidades de América Latina. Durante la década los 80´s, el abogado fue considerado como un activo adversario de los sandinistas en Nicaragua.
Para la década de los 90´s, cuando fue asesinado, el Dr. Sequeira era presidente de la Asociación de Confiscados de Nicaragua que aglutinaba a miles de personas que habían sido expropiadas por el gobierno sandinista de los 80´s y que ahora reclamaban al gobierno de Violeta Barrios la devolución de sus bienes confiscados.
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El Dr. Sequeira estaba impulsando gestiones de aproximadamente 26 mil personas a las que el gobierno sandinista les había confiscado sus propiedades. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, el nuevo gobierno confiscó las propiedades del dictador Anastasio Somoza Debayle, las de sus allegados y de muchos empresarios que criticaban el imposición del autoritarismo que practicaba el FSLN.
Esas propiedades nunca pasaron a nombre del Estado, sino que fueron asignadas a funcionarios gubernamentales. Entre los bienes confiscados había casas, vehículos, terrenos y otra serie de artículos. Fueron miles los confiscados, el Dr. Sequeira fue uno de ellos, y se disponía a recuperar sus bienes a través de la gestión que hacía desde la asociación que presidía.
Asimismo, a lo interno del partido liberal, Sequeira gozaba de mucha simpatía y por ello escalaba rápido a lo interno de esa estructura partidaria de la cual era primer vicepresidente. De acuerdo a un editorial del periódico La Estrella de Nicaragua, fundado y publicado en Miami Dade, «si Arges Sequeira hubiese vivido, difícilmente Arnoldo Alemán hubiese llegado a la presidencia de Nicaragua».
El asesinato de Sequeira causó muchas reacciones como la del expresidente del COSEP Ramiro Gurdián, quien acusó públicamente al FSLN de estar detrás del crimen. Esa misma noche, la sede del COSEP fue dinamitada con cargas explosivas y causó una explosión al edificio que se ubicaba en la antigua calle de El Triunfo, en Managua.
«Durante mi presidencia pusieron una bomba dinamita C-4 en mi oficina, destruyéndola. Gracias a Dios había salido unos minutos antes» relató Ramiro Gurdián en una edición especial de la revista empresarial del COSEP por su 40 aniversario.
La confesión de los asesinos del Dr. Sequeira
Después de tomar las fotografías al cadáver del Dr. Sequeira, los autores materiales del crimen se subieron a la camioneta roja y se retiraron. La misión estaba completada.
El joven Julián Alejandro Espinoza quedó casi inconsciente de la golpiza, pero lo suficientemente cuerdo como para reconocer la magnitud del hecho, pero aún más que cuerdo, quedó con vida y se convertiría en el testigo clave del asesinato del Dr. Sequeira.
Dos meses después, en enero de 1993, Frank Ibarra Silva negó ser el ejecutor del asesinato del Dr. Sequeira. «Contrario a lo que dice la policía, no fui yo quien mató a Sequeira» dijo, pero sí confesó haber ordenado el secuestro del empresario para obligarlo a decir que trabajaba con la Embajada de los Estados Unidos. Su confesión quedó registrada en una entrevista que concedió al periódico francés Le Monde.
«Desgraciadamente él (Sequeira) reaccionó violentamente en el momento de ser interceptado y fue asesinado” confesó Ibarra Silva y argumentó que el crimen era una acción de las Fuerzas Punitivas de Izquierda, de la cual se identificó como su máximo líder.
El ex miembro del ejército fue el prófugo más buscado en su momento en Nicaragua. El periodista de Le Monde que lo entrevistó relata en su escrito que «una veintena de hombres en uniforme, equipados con Kalashnikovs, ametralladoras y un lanzacohetes RPG-7 ruso, garantizan su seguridad en la colina boscosa, entre campos de maíz y frijoles negros. Todos llevan un pañuelo negro que cubre el rostro. Solo Frank Ibarra se destapa, pero mantiene su gorra negra decorada con un retrato del cantante jamaicano Bob Marley». El encuentro se habría dado en la carretera que va de Matagalpa hacia Jinotega.
En la conversación, Ibarra Silva además de adjudicarle a su organización el asesinato del Dr. Sequeira, detalló que el fin de las FPI era no permitir que se devolviera las propiedades a los confiscados porque consideraba que esos eran logros que la Revolución Sandinista le había dejado a muchos ciudadanos pobres.
“No somos terroristas, pero queremos acabar con los torturadores del pueblo que buscan arrebatarles las tierras, fábricas y casas que les ha dado la revolución. El pueblo ha elegido un gobierno burgués pero no permitiremos que se cuestionen los logros de la Revolución (…) No somos asesinos, sino los justicieros del pueblo», detalló el prófugo de la justicia.
Ibarra también aprovechó la entrevista para lanzar amenazas en contra del ex diputado Humberto Castilla, el ex alcalde de Managua de aquel entonces Arnoldo Alemán, el Vice Presidente de la República Virgilio Godoy y el Presidente de la Asamblea Nacional Alfredo César, de quienes se refirió como «políticos que quieren volver a la época de Somoza, aplicando una política neoliberal, que hace a los pobres más pobres y a los ricos, más ricos».
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Asesinos amnistiados
El 11 de noviembre 1993, casi un año después del asesinato del Dr. Sequeira, el Juzgado Segundo del Distrito del Crimen de León encontró culpable a Frank Ibarra Silva por el asesinato del empresario y por lesiones dolosas contra el joven Julián Alejandro. Pero la autoridad judicial también encontró inocentes a los otros dos acusados, Germán Lacayo Guerrero, y Diego Javier Espinoza, los mismos que lo habrían acompañado en la camioneta roja la mañana del 23 de noviembre de 1992.
13 días después, el 24 de noviembre de 1993, un día después del primer aniversario de la muerte del Dr. Sequeira, Ibarra Silva fue sentenciado a 20 años de prisión, pero en la misma sentencia el juez lo sobreseyó por considerar que la Ley de Amnistia, la número 51 que se otorgaba en la historia del país, cubría el crimen que cometió el ex teniente coronel del ejército.
Sin embargo, la Ley de Amnistía no era aplicable para el caso de Frank Ibarra Silva debido a que su artículo 1 establece que solamente se cubrían los hechos ocurridos en los Departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Boaco, Chontales y Regiones Autónomas Atlántico Norte y Sur. El asesinato del Dr. Sequeira se efectuó en el departamento de León.
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Además de otras excepciones jurídicas que debían ser consideradas por el juez, la Procuraduría General de la República apeló la sentencia el 12 de diciembre de 1993, y el Tribunal de Apelaciones dictaminó el 09 de marzo de 1994 que se revocaba el sobreseimiento definitivo para los asesinos del Dr. Sequeira.
El abogado defensor de Ibarra presentó un recurso de casación tres días después, pero fue hasta el 07 de marzo de 1997, tres años después que la Corte Suprema de Justicia resolvió que no se casa la sentencia definitiva y se reafirmaban los 20 años de prisión para el ejecutor del asesinato del Dr. Sequeira.
A pesar de que se giró orden de captura contra el ex miembro del ejército, la Policía Nacional no pudo dar con su paradero, quedando así, 27 años después, el crimen en la impunidad.
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