Los expertos internacionales que llevan ocho años investigando la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México cerraron el martes su trabajo en el país denunciando obstáculos a sus pesquisas y con un nuevo informe en el que, según afirman, se exponen las mentiras y ocultamiento de datos por parte de las Fuerzas Armadas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), ya sólo integrado por Carlos Beristain y Ángela Buitrago, sale así del país sin poder aclarar cuál fue el destino de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Sin embargo, consideró que el informe ofrece nuevas pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes y de la Marina en el ocultamiento del crimen, por ejemplo, mediante “operativos clandestinos” que pudieron conllevar presuntas ejecuciones extrajudiciales y confió en que los nuevos datos tengan consecuencias legales en la investigación.
“Se hace imposible continuar», dijo Beristain. “El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden llegar al a verdad” y hay riesgo de “que la mentira se institucionalice como respuesta”, agregó. Todo ello a pesar de que durante esta administración hubo un compromiso presidencial para esclarecer el caso.
El informo cruza información procedente de un análisis de telefonía de 500 llamadas, documentos, fotografías, videos, declaraciones y entrevistas a testigos y afirma que a Marina realizó “un operativo de inteligencia de carácter reservado” desde el día siguiente al ataque a los estudiantes del que nunca informó y que llevó a cabo detenciones y torturas “con resultado de muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de otros”.
Los expertos pidieron investigar dos posibles ejecuciones extrajudiciales y cinco desapariciones, todas aparentemente de supuestos delincuentes.
Encontraron una foto de dos cadáveres maniatados con vendas similares a las que se ven en videos de detenciones de la Marina e informes oficiales de dos muertes sin explicar así como fotos de otros detenidos vivos siendo interrogados y que luego no fueron puestos a disposición de la fiscalía y su paradero no se conoce. La información fue corroborada con testimonios de un testigo protegido.
El grupo afirmó que estas acciones, así como la manipulación de pruebas clave, fueron parte del intento de autoridades por ocultar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando policías locales capturaron a los estudiantes con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.
“Todas las corporaciones del Estado” participaron en la desaparición de los jóvenes con “distintos niveles de responsabilidad, aseguró Beristain.
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