El teléfono, una tablet o una computadora son dispositivos que tras su llegada vinieron a actualizarnos y agilizar la vida, pero también se han convertido en un “arma de doble filo”, en las manos de quienes lo utilizan, que de darle mal uso podría llevarlos hasta la cárcel.
En los últimos días circuló que la Policía ha citado para investigar por lo menos a 17 personas del municipio de Mateare por la supuesta divulgación de noticias falsas en redes sociales. De acuerdo a la información que se propagó, se trata del asesinato de un niño a manos de una supuesta banda delincuencial, que aparentemente se dedica al robo de órganos y que se viralizó vía WhatsApp .
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Tras divulgarse dicha información falsa, la Policía Nacional recibió varias denuncias por parte de la población que entró en zozobra por la supuesta banda delincuencial, por lo que se procedió a la investigación.
Pastores incluidos en la lista
Las personas involucradas en la propagación de las noticias falsas, habrían ocupado la foto de un niño de 10 años que fue asesinado el pasado 14 de febrero en la comunidad Olaskincito en Wamblán, Jinotega, la que acompañan de un audio, donde una persona habla de la banda y alerta sobre la banda de raptores a través de WhatsApp, sembrando el terror y zozobra entre los habitantes de la zona.
Entre las personas bajo investigación se habla de la detención por varias horas de los pastores evangélicos de nombre Rafael Cisneros, de 51 años y Juan Fletes, de 59. Así mismo, fueron investigadas dos líderes de una iglesia, identificadas solo como Ana y Norma.
El medio oficialista menciona que una ciudadana que es miembro de una iglesia de Mateare les comunicó que los pastores fueron llevados a la delegación policial de Los Brasiles, pero fueron liberados el mismo día.
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Añade que a tres de ellos se les ocuparon sus celulares como parte de las investigaciones.
La Ley especial de Ciberdelitos (Ley 1042), fue aprobada el 27 de octubre de 2020 y entró en vigencia el 30 de diciembre. En su artículo 30 establece que la propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que produzcan alarma, temor o zozobra en la población se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión.
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