La Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, continúa sosteniendo «consultas» con diferentes instituciones del Estado a fin de «fortalecer» el combo de leyes aprobadas entre finales del 2020 e inicios del 2021 y que la oposición, la comunidad internacional y organismos defensores de derechos humanos tachan de «represivas».
Estas reuniones están encabezadas por Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. El jueves 24 de febrero la institución llamada a «consulta» fue el Poder Judicial.
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El departamento de prensa de la Asamblea Nacional informó que con este se revisó el paquete de leyes de «carácter Penal y que serán aplicadas a quienes cometen delitos de odio y menoscabo de la soberanía y dignidad nacional».
De acuerdo a la publicación, los delegados del Poder Judicial «consideraron completa la Ley Especial de Ciberdelito, ya que no han encontrado vacíos al momento de la aplicación de la ley en los procedimientos».
Comisiones parlamentarias con delegados del Poder Judicial. Foto: Asamblea Nacional.
Ley busca acallar a la población
Vale apuntar que aunque esta institución considere la ley como «completa», abogados han señalado que se trata de una ley inconstitucional. “Lo que arranca con nulidad, como se dice en derecho, no se puede enderezar, lo que es nulo desde el principio nunca podrá legalizarse”, señalaba en enero pasado el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Otro abogado nos explicaba bajo anonimato que se trata de una ley «represiva» cuyo finalidad es acallar a la población y al gremio periodístico.
Opositores condenados bajo esta ley
Bajo está ley ya han sido condenados a largas penas de prisión varios opositores, entre estos María Oviedo, Donald Margarito Alvarenga, Douglas Alfredo Cerros y Santos Camilo Bellorín.
El caso de Bellorín ha llamado mucho la atención porque fue acusado por la Fiscalía por propagar «noticias falsas» en redes sociales. Sin embargo, se trata de un campesino que según su familia, apenas lee y nunca ha usado ni computadoras ni smarthpones o teléfonos inteligentes.
En la «consulta» con las comisiones legislativas, los representantes de la Corte Suprema de Justicia también hicieron una exposición de la Ley contra el lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y un análisis de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, las cuales han venido siendo usadas por el régimen para encarcelar a líder opositores, aspirantes presidenciales, miembros del gran capital y activistas políticos.
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