El régimen de Daniel Ortega tiene al menos 89 personas presas políticas en Nicaragua, de las cuales once fueron registradas en agosto y diez se encuentran en prisión desde antes de la crisis sociopolítica de abril de 2018, indica el reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
El documento señala que, entre el primero y el 31 de agosto, el Mecanismo recibió las denuncias de 24 detenciones arbitrarias por razones políticas: cinco de los arrestados fueron liberados horas después, cuatro fueron ingresadas a la lista de presos políticos, mientras 15 casos de personas detenidas están en proceso de verificación.
Las detenciones ocurrieron en Managua, Masaya, Caribe Norte y Jinotega.
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Las organizaciones miembros explican que aún continúan recibiendo denuncias de personas encarceladas durante la oleada represiva de abril, lo que evidencia «el estado de terror de la población» que calla los casos hasta por más de dos meses.
Por tanto, de las once personas añadidas a la lista en agosto, cinco fueron detenidas en abril; una, en junio; una, en julio; y cuatro en agosto.
Con este registro, la cifra de presos políticos incrementó en un 14 por ciento en agosto en relación con julio pasado cuando el Mecanismo tenía identificados a 78 reos de conciencia.
Más mujeres y un adolescente en lista de presos políticos
En la lista de personas presas políticas hay dos jóvenes, uno de 16 años y otro de 19.
El adolescente de 16 años, detenido en abril en Jinotega, «ha sido maltratado y se le han violentado todos sus derechos al ser tratado como persona adulta. Estuvo dos meses sin comunicarse con su familia, ya que la policía no les informaba su paradero», denunció el Mecanismo.
Lista de presos políticos en Nicaragua, actualizada en agosto 2023. Imagen: Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
El régimen de Ortega mantiene en la cárcel a 16 mujeres, incluidas las universitarias Gabriela Morales, de 31 años, Mayela Campos , de 29 años, y Adela Espinoza, de 27 años, detenidas arbitrariamente el 19 de agosto.
Las organizaciones miembros advierten que la dictadura está utilizando una nueva modalidad en sus juicios arbitrarios el que consiste en someter a los opositores a audiencias judiciales a través de videoconferencias «sin la posibilidad de comunicación con el abogado defensor de su elección». Los presos políticos ya no son trasladados al Complejo Judicial para asistir a su proceso.
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