La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones a los derechos humanos de las personas a las que el régimen mantiene como presos políticos.
Tras el destierro y despojo de la nacionalidad de las 135 personas que el régimen expulsó a Guatemala, el pasado 5 de septiembre de 2024, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, recibió testimonios que constatan las múltiples violaciones de los derechos humanos de los desterrados.
España ofrece nacionalidad a los 135 nicas desterrados por la dictadura
«Los testimonios recibidos apuntan a las persistentes deplorables condiciones de detención, que se caracterizaron por la insalubridad en las celdas, falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y de mala calidad, negligente atención médica y falta de acceso a medicamentos, así como restricciones en la recepción de paquetería y visitas familiares», detalla el comunicado de la CIDH, divulgado este miércoles 9 de octubre.
La Comisión destacó que las denuncias y testimonios recibidos indican tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales, como golpizas y descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación del sueño, interrogatorios constantes y acceso limitado a la luz solar.
La CIDH recibió testimonios de mujeres detenidas en el centro penitenciario conocido como La Esperanza, que señalaron la falta de acceso a productos básicos de higiene, espacios inadecuados para dormir y condiciones de hacinamiento en celdas insalubres.
Los testimonios también confirmaron que parte de los mecanismos que aplica el régimen es el aislamiento como método de tortura.
«Se documentó la falta de atención médica y de medicamentos adecuados, a pesar de que muchas presentaban problemas de salud, como infecciones. También se documentó la presencia de cámaras de vigilancia en las celdas», añadió el comunicado de la CIDH.
Víctimas de la dictadura con secuelas físicas y emocionales
De acuerdo con la nota de prensa de la Comisión, los desterrados presentan secuelas físicas y emocionales sufridas en prisión, así como temor por la situación de sus familias en Nicaragua.
«La Comisión insta a la comunidad internacional a brindar apoyo humanitario y legal a las personas excarceladas para que puedan reconstruir sus vidas en condiciones de dignidad, y exhorta a los Estados receptores a ofrecerles protección internacional y un estatus migratorio estable para facilitar su integración», refirió el comunicado.
La CIDH puntualizó que al menos 36 personas continúan detenidas de manera arbitraria. Entre ellas, destaca la situación de al menos 8 líderes indígenas que permanecen privadas de libertad, «en condiciones deplorables de insalubridad, sin acceso a agua potable, alimentación inadecuada, falta de atención médica y denuncias de malos tratos».
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