La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch denunció el aumento de la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2025 al presentar este miércoles, 4 de febrero, su informe mundial.
«El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundizó su deriva autoritaria. Una amplia reforma constitucional concentró aún más el poder en el ejecutivo, mientras las autoridades continuaron la persecución sistemática de críticos y opositores mediante detenciones y procesos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, así como la privación arbitraria de la nacionalidad y confiscación de bienes», destacaron sobre las acciones de la dictadura el año pasado cuando reformaron la Constitución política del país que enterró la independencia de poderes en el país centroamericano.
De esos cambios, destacaron la creación de la figura de «copresidenta» para Murillo y la supeditación de los poderes Legislativo y Judicial a la Presidencia de la República, una concentración total del poder en manos de la dupla dictatorial.
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Represion trasnacional
No dejaron a un lado el tema de la represión trasnacional con el asesinato del mayor retirado del Ejército, Roberto Samcam, a quien mataron en Costa Rica en junio del año pasado. La muerte bajo custodia del Estado de los presos políticos, Carlos Cárdenas y Mauricio Alonso, quienes estuvieron meses en desaparición forzada.
«La nueva Constitución permite a las autoridades revocar la nacionalidad nicaragüense a personas consideradas “traidores a la patria”, consolidando en el ordenamiento jurídico interno una práctica que comenzó en 2023. Al menos 452 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad, muchos han quedado apátridas. Además, las autoridades han confiscado sus bienes. Más de 200 miembros del la Iglesia católica han sido forzados al exilio, deportados o se les ha negado el reingreso al país desde 2022», mencionó HRW.
El informe se presentó el mismo día en el que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la que se hace eco del último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), al decir que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen pueden tipificarse como crímenes de lesa humanidad.
La CIDH también se pronunció
La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el pais, Rosa María Payá, hizo un resumen de esas violaciones entre las que resaltó el informe sobre el riesgo de desaparecer física y culturalmente que corren las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense, el impulso a la represión ordenado en enero de este año que incluyó más de 60 detenciones de personas por celebrar la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas, así como los crímenes de la dictadura más allá del país, con asesinatos en Honduras y Nicaragua.
Dijo que «la Comisión advierte que la represión desplegada por el régimen continúa extendiéndose más allá de las fronteras del Estado. Entre otros hechos la violencia contra las personas nicaragüenses en el extranjero, privación arbitraria de la nacionalidad y propiedades, así como el uso indebido de mecanismos de cooperación internacional, incluyendo alertas rojas de Interpol y solicitudes con fines de extradición y prohibición de reingreso», al presentar un resumen de siete minutos sobre la situación de los derechos humanos en el territorio nacional.
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Sin sociedad civil ni aborto legal
Mientras que HRW agregó el desmantelamiento de la sociedad civil con la supresión de derechos básicos como la libre asociación, la libertad de expresión y la persecución religiosa.
«Las autoridades han desmantelado sistemáticamente a la sociedad civil, cancelando la personería jurídica de miles de organizaciones no gubernamentales desde 2018. Hasta noviembre, más de 5.500 organizaciones han sido cerradas por el gobierno, entre ellas grupos de derechos humanos, organizaciones humanitarias y universidades. Esa cifra representa aproximadamente el 80 % de las ONG que operaban oficialmente en Nicaragua», destacaron.
Al igual hablaron de la amenaza que representa la nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada en noviembre de 2025, y las limitaciones en derechos sexuales y reproductivos a las mujeres con la prohibición del aborto. «Desde 2006, Nicaragua prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. Las personas que abortan enfrentan penas de hasta dos años de prisión, y los profesionales de salud que los practican, a penas de hasta seis años. La prohibición obliga a mujeres y niñas a continuar con embarazos no deseados, lo que pone en riesgo su salud y su vida», dijo el organismo.
No dejan pasar por alto el aislamiento internacional del régimen con su salida del Consejo de DDHH de la ONU, la FAO, la OIT, la Unesco y la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Lo mismo hicieron con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) , el no participar en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas y dejar de participar en la OEA, algo que ocurrió en 2023.
Periodista Nicaragua Investiga
