En una decisión de fuerte impacto migratorio, la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dejó sin efecto la medida del Departamento de Estado de Estados Unidos que frenaba la emisión y el trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Nicaragua.
La resolución judicial concluyó que la orden administrativa vulneró la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 al establecer un bloqueo general basado únicamente en la nacionalidad de los solicitantes, despojando a los funcionarios consulares de su atribución legal para analizar cada expediente de manera individual.
Visas para quienes desean vivir en EEUU
El dictamen restituye el cauce legal para quienes buscan radicarse de forma permanente en territorio estadounidense mediante peticiones de reunificación familiar, ofertas de empleo u otras categorías legales.
No obstante, la anulación de esta política no garantiza la aprobación automática de los visados, ya que el personal consular conservará la facultad discrecional de evaluar los requisitos de cada persona y denegar las solicitudes si detecta otras causales de inadmisibilidad. Asimismo, la medida anulada nunca afectó los visados temporales de no inmigrante, como los de turismo, negocios, estudios o tratamientos médicos, los cuales continuaron procesándose con regularidad.
Ahora las evaluaciones serán individuales
El caso tiene su origen en una directiva donde el Departamento de Estado instruyó rechazar las solicitudes de visado permanente a personas provenientes de una lista de 75 naciones —que incluía a varios países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia— bajo el argumento de prevenir que se convirtieran en una carga pública.
Ante esto, organizaciones civiles como la Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) y African Communities Together, junto a solicitantes individuales, impulsaron la demanda que derivó en el fallo.
La jueza determinó que la evaluación financiera y personal debe ser individual y no predeterminada por origen. Aunque el tribunal otorgó plazo hasta el 11 de septiembre para abordar los reclamos pendientes y la administración federal mantiene la opción de apelar, los expedientes rechazados bajo este criterio deberán ser reevaluados conforme a la legislación vigente.
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*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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